David Páramo

Análisis superior

David Páramo

17 Ene, 2017

Competencia

El gobierno ha tenido una pésima política de comunicación ante la liberación de los precios de los combustibles.

A pesar de que se conocía la medida desde octubre, cuando fue aprobado el presupuesto para 2017, no fue sino hasta finales del año pasado, y en particular cuando se anunció el primer incremento derivado de la aplicación de la fórmula aprobada por el Congreso de la Unión, que comenzaron a realizar campañas de comunicación buscando explicar la medida.

Le cedieron espacios a grupos que con intención política orquestaron protestas que, a no dudar, tuvieron un buen caldo de cultivo entre la población que creyó que la Reforma Energética garantizaría la baja de precios.

Se trató de una mentira en la que participó abiertamente César Camacho Quiroz con un spot en el que aseguraba que bajarían los precios. Se requiere estar desinformado para suponer que una reforma energética garantiza menores pagos y no precios reales mediante la generación de un mercado en que, para comenzar, exista competencia.

El gobierno reaccionó con un paquete de medidas que busca contener el impacto entre las clases medias; sin embargo, quizá serán más recordadas por el desaire a la firma del convenio por parte de la Coparmex.

Por lo demás, ha sido un tanto omiso en cuanto a hechos concretos que podrían ayudar a mejorar la competencia. La CRE y Profeco tienen la obligación desde el 15 de enero de poner en operación una aplicación que permita a los consumidores ver los precios de las gasolinerías cercanas a su ubicación.

Sin embargo, sigue en periodo de pruebas. Eventualmente fue puesta en operación y ahora ha sido dada de baja, puesto que estarían haciendo valuaciones en cuanto a su efectividad.

De hecho, el organismo que encabeza Gustavo De Hoyos ofreció un nuevo pacto para el 5 de febrero que, tristemente, no ha trascendido más allá de los discursos y las buenas intenciones. Parecería que nadie está interesado en acciones de fondo, sino en lograr sumar puntos para su equipo.

Ahí están los del PRD organizando movilizaciones para oponerse a lo que aprobaron en el Congreso de la Unión y ofreciendo encabezar amparos. Los del PAN están ofreciendo programas de ajuste económico en los que, por cierto, siguen insistiendo en la disminución de la deuda.

La apuesta del gobierno parecería ser que la gente se vaya haciendo a la idea de la liberación del precio y que en la medida en que no tenga efectos devastadores en materia de inflación (la cual estará a final del año en el rango del 4%), la medida se irá aceptando sin mayores aspavientos.

Sin embargo, la realidad es que la situación será mucho más complicada. En el momento que se anuncie un nuevo incremento, derivado de la aplicación de la fórmula tal y como está previsto, renacerán las críticas y los que buscan rentabilidad política.

Es posible que el gobierno lance otra campaña que, a no dudar, tendrá un impacto inferior, puesto que las medidas que han anticipado no pasan de ser simples discursos que seguirán siendo tierra fértil para que diversos grupos sigan abonando al malestar social.

El gobierno tendría todavía oportunidad de modificar el esquema sobre el que ha venido trabajando con tan malos resultados en cuanto a la liberación del precio de los combustibles, bajo un esquema en el cual la población entienda algunos principios.

La liberación del precio del combustible es una medida económica, social y ecológica correcta, puesto que se subsidiaba a los que más recursos tenían en detrimento de la población.

Establecer datos como que el 60% del subsidio, de los 200 mil millones de pesos anuales, se concentra en los dos deciles de mayor ingreso de la población. Que México ha incrementado de una manera excesiva el uso de combustibles al pasar en más de una década del octavo al cuarto consumidor de gasolina.

Dejar claro que mantener el subsidio a los combustibles no debe tener un impacto directo en el nivel general de precios, puesto que la economía mexicana ya no está cerrada y si algún proveedor desea aumentar los precios injustificadamente, pues simplemente se puede optar por otros.

La realidad es que si el gobierno sigue cometiendo errores de comunicación en cuanto a esta medida económica correcta, podría convertirlo en un grave error cuando, en realidad, se trata de una de las medidas más importantes de la administración de Enrique Peña Nieto.

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