Freno a la censura

Si ha leído mi columna durante la última semana, de ninguna manera puede llamarse a sorpresa porque la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y el Senado presentaran sendas controversias constitucionales.

Establecí, como lo puede documentar si recurre al archivo electrónico de Excélsior, que los lineamientos establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, supuestamente para proteger a las audiencias de radio y televisión, iban en contra de la Constitución y de la ley, puesto que el IFT se adjudicaba funciones que no le correspondían, además de que sentaba las bases para la censura, no en contra de los medios de comunicación, sino del derecho de las audiencias a tener acceso a información y opiniones.

Le informé desde el primer momento que en el IFT había dos corrientes. La primera es la de los ayatolas, que abiertamente está a favor de la censura, el caso más visible es la comisionada Adriana Labardini, y en el otro un grupo de comisionados que se conformaba con decir que se había logrado lo mejor posible (quizá lo menos malo posible), considerando dónde estaban las posiciones.

De hecho, el documento final, redactado por una funcionaria menor del instituto, es una mala copia de la regulación inglesa en la que los medios de comunicación son del Estado. Vamos, ni siquiera tomaron bien en cuenta al otro país donde existen lineamientos similares, es decir, España.

En todo momento, este grupo dentro del IFT señaló que el problema de origen tenía que ver con la ley que, según parece, muchos legisladores trataron de ignorar, a pesar de que ellos votaron a favor.

NULIDAD

La oficina de Enrique Peña Nieto considera que ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones violan la Constitución e invaden funciones que le corresponden directamente al Ejecutivo.

Así la controversia que se presentó en el primer acto de aplicación de la ley, a pesar de que fue aprobada hace tres años. La consulta pública de los lineamientos se hizo en 2015 y la norma, que debería entrar en vigor hoy, se publicó el 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República plantea en sus alegatos la nulidad de los artículos y por lo tanto se eliminarían los lineamientos que emitió el IFT.

Por su parte, el Senado de la República señala en su controversia constitucional que los lineamientos en defensa de las audiencias implican censura y que, por lo tanto, el organismo debe modificarlos para que se adecuen a lo que suelen llamar con gran pomposidad “el espíritu del constituyente”.

La realidad es que, como en todo momento señalé en esta columna, el error de origen está en lo aprobado por los legisladores y que el IFT hizo lo que pudo para operar un pésimo diseño legal que, sea como sea, terminó siendo violatorio a las leyes y estableciendo incentivos graves para la censura con principios como la facultad extralegal que se dio el IFT para determinar qué es veraz u oportuno.

Es muy posible que la Corte determine la suspensión de estos lineamientos y se vaya al fondo, es decir, a las ocho violaciones que encontró la Presidencia de la República, lo que dejaría sin efecto la acción jurídica que presentó el Senado de la República. De hecho, es muy probable que el Poder Judicial atraiga ambos casos.

Sin embargo, hay una solución mucho más sencilla y que sí implicaría una solución de fondo: Que los legisladores, como ya lo reconocieron, corrijan lo que hicieron mal y establezcan nuevos ordenamientos al IFT que no violen la ley.

¿Y LA CRISIS?

Los meses pasan hasta convertirse en ya más de dos años, en los cuales he mantenido un reto a quienes leen mi columna, escuchan mis programas de radio o mis participaciones en diferentes horarios dentro de Grupo Imagen: ¿Dónde, dónde está la crisis?

El Inegi confirmó el adelanto del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en el sentido de que el PIB habría crecido a una tasa anual de 2.2 por ciento.

Considerando la caída del precio del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la gran incertidumbre, no sólo por el contexto internacional, sino por la llegada de Donald Trump a la Presidencia, se trata de un dato verdaderamente positivo, puesto que, incluso, es superior al crecimiento nacional anual promedio durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, en los que se creía que la economía funcionaba verdaderamente bien.