Trump zacatecano

El 15 de diciembre, el Congreso de Zacatecas aprobó una nueva Ley de Ingresos estatal que contempla la creación de nuevos impuestos que podrían comprometer la llegada de inversiones al estado, la generación de empleos para los zacatecanos y la seguridad jurídica y tributaria de las empresas establecidas en la entidad.

A sólo tres meses de iniciada su administración, Alejandro Tello Cristerna apuntó contra los empresarios establecidos en su entidad con un impuesto ecológico cuyo fin no es proteger el medio ambiente, pues no están etiquetados o dirigidos a programas o acciones a favor de la naturaleza, sino para financiar un déficit significativo en las finanzas locales.

En otras palabras, forman parte de una campaña de su administración para recaudar fondos de los grandes contribuyentes que han generado empleos y crecimiento económico en la entidad.

Lo irónico de esta cruzada es que los mismos recursos que hoy quiere recuperar a como dé lugar el gobernador zacatecano, son los mismos que él dejó ir cuando incrementó como nunca antes la deuda del estado, en su paso como titular de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas.

Estos nuevos impuestos podrían representar impactos negativos de miles de millones de pesos para una amplia gama de industrias.

Apunte las mineras como Goldcorp, representada por Michael Harvey; Fresnillo, de Alberto Bailleres; Frisco, de Carlos Slim; Cesantoni, de Yaco Reimers, o Grupo Modelo, dirigida por Mauricio Leyva.

Estos grupos representan el 50% de los empleos existentes en Zacatecas y su afectación se traduciría en el corto plazo en disminución de plazas laborales, reducción de la producción y salida de inversiones.

Esto significaría decrecimiento económico, menor calidad de vida y un descontento social que debería estar contemplando el gobernador Tello Cristerna. Aunado a eso, los nuevos impuestos parecieran ir en contra de todas las disposiciones legales y acuerdos comerciales federales.

 Son contrarios al Programa para Democratizar la Productividad, cuyo objetivo establece que es necesario fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas en México mediante la reducción de cargas regulatorias.

No respetan el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, en el que el gobierno federal estableció no proponer nuevos impuestos, no aumentar las tasas de los impuestos existentes y no reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes.

Asimismo, socaban los Criterios Generales de Política Económica y los Lineamientos de Política Fiscal 2017, con los que el gobierno mantiene el compromiso de sólo proponer medidas específicas orientadas a la promoción de la inversión y el ahorro, así como la certeza jurídica y el impuso a sectores estratégicos.

Ante este complejo escenario, el gobierno ha atizado aún más la molestia de los empresarios afectados, ignorando cartas de acercamiento y negándose a establecer un diálogo respetuoso en donde puedan encontrar vías alternas que permitan rediseñar las políticas tributarias y recaudatorias bajo criterios modernos y eficientes, u opciones para la reestructuración de la deuda pública que no afecte a los zacatecanos.

En un contexto internacional de incertidumbre económica, donde el efecto de Donald Trump amenaza la creación de fuentes de trabajo, la llegada de nuevas inversiones y el dinamismo económico, el gobierno de Zacatecas, y de todos los estados del país, tendrían que estar generando condiciones de confianza y certeza a favor de empresarios y ciudadanos que permitan el desarrollo de sus entidades.

HECHO EN MÉXICO

Lo que muchos dejaron de lado en el anuncio que hizo el gobierno federal, respecto al lanzamiento del distintivo “Hecho en México”, es quién será el responsable de avalar y vigilar que los productos cumplan con las características y requisitos para ostentar este sello, mismo que tiene el objetivo de incrementar el consumo interno y que en nuestro país aporta a la fecha el 60% del Producto Interno Bruto.

Pues por la parte gubernamental, la encomienda la tendrá la Subsecretaría de Desarrollo y Normatividad, a cargo de Rocío Ruiz, al tiempo que en la iniciativa privada la participación de  los organismos de certificación acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, serán los garantes de que ningún producto que no cumpla con los estándares engañe a los consumidores, al tiempo de que cuenten con un sistema de gestión de calidad.