Razones correctas

Hoy, la Secretaría de Hacienda dará a conocer cuáles serán los precios máximos de las gasolinas que estarán vigentes entre el 11 y 18 de febrero, previo a que la fórmula se ajuste diariamente en una nueva fase de la liberación total del precio de los combustibles en el país.

Desde el fin de semana pasado, José Antonio Meade dejó entrever que los precios de los combustibles podrían no aumentar. De diversas formas, unas más coloquiales que otras, dijo que estaban revisando la fórmula (que se integra por precio de molécula, tipo de cambio, costo de transporte, margen de operación y la aplicación del IVA y el IEPS), pero que se “antojaba” que no aumentara.

De una manera inusual, muy diversos sectores de la población se han pronunciado. Lo mismo grupos que representan lo peor del país como el SME, que el Consejo Coordinador Empresarial; legisladores del PRD, que el líder nacional del PRI.

Básicamente todos piden que el gobierno no aplique la fórmula, es decir, que viole la ley según los solicitantes para defender la economía familiar y evitar el impacto negativo que tiene la medida.

La posición, como todas las populistas, suena políticamente correcta. La inflación durante los primeros 15 días de enero fue de 1.51% y se explica en su inmensa mayoría por el aumento a los combustibles. El miércoles, los analistas que consulta Banco de México pronosticaron que la inflación para todo el año sería superior a 5.2 por ciento.

Sin embargo, es total y absolutamente equivocada. Nuevamente las grandes manadas de la sociedad comienzan a olvidar los fundamentos en ese concurso absurdo y ridículo de jugar para la tribuna, parecer que defienden lo justo.

FUNDAMENTOS

La liberación de los precios de los combustibles es una medida económicamente correcta, socialmente justa e incluso ecológicamente adecuada. Los precios artificialmente bajos son un subsidio regresivo que se queda en los dos deciles más altos de ingreso, puesto que 20% del país consume 70% de los combustibles. Para que le toque un peso de subsidio al decil más bajo, el más alto se queda con 32 pesos.

México, cuarto consumidor de gasolinas en el mundo, debe tener un modelo de gasolinas libres para generar una competencia de precios libres a favor de más y mejores servicios para la población.

En el mediano y largo plazos la liberación de los precios de los combustibles (esos que la chusma llama gasolinazos ante la pobreza del lenguaje) se generarán condiciones de justicia para los que más tienen, así como un mejor servicio en las gasolinerías.

POSIBILIDADES

Desde el lunes he sostenido en mis diversas participaciones en Grupo Imagen que el precio de las gasolinas puede mantenerse sin cambio e, incluso, podría disminuir en esta ocasión sin que, al final del día, sea verdaderamente relevante puesto que se trata de un proceso de liberación en el cual la parte más importante ya se realizó.

Como nadie sabe bien a bien cuáles son los datos específicos que se meten en la fórmula (¿De cuándo es el tipo de cambio? ¿En qué periodo se determina el precio de la molécula? ¿Cómo se define margen de comercialización?), hay espacio para cualquier cantidad de especulaciones que, en el extremo, llegan a hablar de un incremento de 10% o que no habría movimiento.

La única variable de la fórmula que es controlada por el gobierno federal es el estímulo fiscal del IEPS, que actualmente es de cuatro puntos porcentuales. Si se considera que los ingresos tributarios crecieron a una tasa de casi 12% y que según Osvaldo Santín, jefe del SAT, no hay indicios de caída en la recaudación por la liberación del precio de la gasolina, se podría pensar en aumentar el subsidio o hacer una suerte de amortiguador del tipo de cambio sin afectar las finanzas públicas. Lo que debería resultar impensable bajo cualquier escenario es que la dependencia que encabeza Meade no aplicara la fórmula. No sólo terminaría de facto con uno de los pilares de la Reforma Energética, sino que, además, sería una grave violación a la ley.

PARALELO

El IFT ha dado lecciones en este sentido de cómo se puede cumplir la ley a pesar de que tengan que operar una monstruosidad que les ordenó el Congreso en lo que, de acuerdo con el Ejecutivo Federal, fue una violación a la Constitución como lo probará en la controversia constitucional que actualmente se dirime en la Suprema Corte de Justicia.

El organismo que encabeza Gabriel Conteras cumplió con el mandato de ley. Tristemente el resultado fue una verdadera calamidad en contra de la libertad de expresión. Ante las controversias decidieron posponer la aplicación de sus lineamientos como una medida de prudencia.

En el margen se confirmó que ese organismo tiene ayatolas como los comisionados Adriana Labardini, Elena Estavillo y Adolfo Cuevas, quienes abiertamente se muestran a favor de la censura.