Servicios de salud estatales: la caja negra

Una revisada al presupuesto nacional de salud deja en claro por qué los gobernadores y sus secretarios de salud se oponen a participar en las compras consolidadas de medicamentos, de instrumental médico y a auditar sus sistemas de atención desde el primer nivel hasta el hospitalario de especialidad.

Fíjese. Sólo en 2017, del total del presupuesto destinado al sector salud central, la Secretaría de Salud con todos los servicios que opera recibe 30 mil millones de pesos, pero en el caso de los estados, el monto que se dirige hacia allá es de 160 mil millones de pesos.

Sólo 18 gobiernos estatales participan en la compra:
Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.

Lo que más llama la atención es que las tres entidades que reciben más recursos porque tienen el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, los fondos de atención prioritaria a población vulnerable, los fondos de previsión para atender el catálogo de salud, los fondos para incluir a mujeres y ancianos, los fondos de salud para indígenas y los recursos del Fondo Regional para entidades con el más bajo Índice de Desarrollo Humano, han sido, hasta ahora, las más resistentes al cambio: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Tengo entendido que Alejandro Murat, de Oaxaca ha decidido iniciar el proceso para integrarse al sistema de compra consolidada, pues el resultado que dejó Gabino Cué y su secretario de Salud es igual de grave que en el caso de Veracruz, donde la investigación que realiza la Cofepris, que dirige Julio Sánchez y Tépoz, mostró el tamaño del oscurantismo en salud. El que se hayan encontrado muestras ilegales de una prueba rápida de detección del Sida (no autorizada ni en cuadro básico) y que además están vencidas, genera suspicacias, porque la descentralización de los servicios de salud tiene el mismo grado de oscurantismo presupuestal que el que había tenido la descentralización del presupuesto educativo.

Además, se supone que el Seguro Popular que lleva Gabriel O´Shea Cuevas, —que tiene asignado en forma directa cerca de 30 mil millones de pesos, casi tanto como la SS y sus 19 hospitales de especialidad y generales— debiera supervisar la operación y práctica de atención en los institutos estatales de salud, ejecutar la fármaco vigilancia y alinear al sistema con la política pública en la materia, pero ni ahí hay estadística confiable. De hecho, lo que más llama la atención son los “disparos” de enfermedades, que coinciden con los disparos de compras de medicamentos o instrumental quirúrgico en esas mismas entidades, pero que no se replican —en tiempo, espacio y región— en los hospitales del IMSS, ISSSTE o Salud, pese a que estos últimos tienen mayor aforo en la demanda de servicios de salud.

En fin. El tema ha sido documentado en varias ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación, que lleva Juan Manuel Portal, pero de nada ha servido el señalamiento.

Y la única forma en que se puede terminar con esta “caja no tan chica” y fuente de corrupción de políticos y laboratorios, es mediante la reasignación programática de los fondos de salud (completos) al sector central, para que los estados no tengan la facultad de decidir qué compran y con quién lo hacen.

¡No hay uno solo que pase la prueba de fuego!, y si le dan una revisadita a la cantidad de operaciones que se realizan con servicios subrogados, se irían de espaldas con el escándalo de corrupción. Dicen que los estados no se van a dejar quitar el negocio, pero si se documenta uno a uno de ellos, verá cómo no pasan el tamiz del desafuero.

Por lo pronto, la reasignación presupuestal podría ser evaluada por la Secretaría de Hacienda, que encabeza José Antonio Meade, y el secretario de Salud, José Narro, pues evidentemente, los indicadores de salud en México han registrado un enorme avance, pero se lastran cuando se incorpora la estadística estatal.

DE FONDOS A FONDO

#Preponderantes: Se piensa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, pasará al Pleno la revisión de Preponderancia en Telecomunicaciones del consorcio de empresas de don Carlos Slim, antes de que concluya febrero. Por lo que se sabe, el informe es basto y acucioso, pero la mayor preocupación es que pudieran estar revocando la preponderancia con criterios que no están inscritos en la reforma constitucional y la Ley, cuando el sistema de competencia apenas se está construyendo. Ahí tiene el caso de AT&T, que dirige Kelly King, que ha logrado crecer y mejorar la red 4GLTE de 21 a 77 millones de personas en cobertura.

#CréditoAlCampo… Con la inquietud que hay por la reducción de “subsidios” para algunas bolsas de organizaciones campesinas por el cambio de reglas de operación de los programas de desarrollo rural, a Mario Zamora Gastelum, el nuevo director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), le toca doble reto.

Por un lado mantener el ritmo de colocación que dejó Juan Carlos Cortés en la financiera, que es cercano al 70% porque aumentó la base de acreditados al pasar de 280 mil a 500 mil de los cuales 376 mil son nuevos acreditados y, mantener una administración muy eficiente porque ni se llevó el patrimonio y mantuvo bajo control la cartera vencida que cerró 2016 en 3.7% de la cartera total.

Si considera que el 84% de los acreditados de FDN nunca habían recibido un crédito, la institución que hereda Gastelum, ha logrado la meta de bancarización, la eficiencia de gasto por peso colocado al decrecer el costo de operar en 38% y, de tener rendimientos negativos de capital, a un rendimiento positivo superior a seis por ciento.