Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

16 Feb, 2017

Histórica denuncia penal y… viene la segunda!

No minimice el anuncio que realizó ayer Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pues presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella penal contra varias personas que, de acuerdo con sus investigaciones, cometieron el delito de prácticas monopólicas absolutas, actividad ilegal prevista en el artículo 254 bis del Código Penal Federal y en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Recordará el escándalo de las grabaciones que se hicieron públicas en una red social justo hace un año, cuando se estaba verificando el relevo de José Antonio González Anaya que se iba a Pemex y Mikel Arriola llegaba al IMSS, que mostraba la posible colusión de oferentes de pruebas de laboratorio y diagnóstico.

Pues ése es el expediente y media denuncia del IMSS ante la Cofece, cuyo pleno preside Alejandra Palacios. El equipo de Mena revisó las licitaciones de las compras consolidadas de 2009 a 2015 y la información le permite sustentar daño económico y fiscal por mil 200 millones de pesos.

¿Qué empresas están involucradas? Se puede suponer por el antecedente, de la investigación que involucró a Equipos Falcón, de  Alejandro Bolín Hermida; Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos; Impromed, de Fernando Chaín, y Hemoser, de Ignacio Higareda, por distribuirse las regiones para la licitación de pruebas de laboratorio y diagnóstico. En esa denuncia también se incorporó (por el efecto de las grabaciones) a la Distribuidora Grupo Savi.

El caso cobra relevancia porque hoy la Cofece tiene capacidad para denunciar penalmente, considerando el antecedente que se creó con el caso de colusión que apenas resolvió la Suprema Corte de Justicia y que permite al IMSS, de Mikel Arriola, reclamar daño patrimonial a Cryopharma, Eli Lilly, Pisa y Probiomed, las cuales se coludieron entre 2003 y 2005 para vender insulina humana a un sobrecosto promedio de 57 por ciento.

En ese expediente también se encontró que Baxter, Fresenius y Pisa se coludieron en el reparto de contratos para venderle al IMSS soluciones electrolíticas y sueros con sobreprecio de tres por ciento.

¿Por qué es trascendente? Porque la práctica de colusión pudo haber ocurrido años atrás (vea el que le comento que fue hace 14 años), y mientras se  investigó y los laboratorios se ampararon y evitaron a toda costa la resolución de Cofece, que presidía Eduardo Pérez Motta, hasta 2010 se impuso una multa de 151 millones de pesos, y luego tuvo que transitar un largo proceso hasta que fue confirmada el 8 de abril de 2015 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al negarles a los involucrados los nueve amparos que interpusieron.

Hoy, éste de los coludidos en las licitaciones por región del IMSS, cumple con todo lo dispuesto en el Código Penal Federal y en la Ley de Cofece, y por eso pueden solicitar el ejercicio de la acción penal, pues aun cuando hayan estimado un daño de 381 millones de pesos (parece poco), la realidad es que cometieron prácticas monopólicas absolutas y eso implica de entre 5 a 10 años de prisión para los que hayan ordenado o ejecutado los acuerdos y sin derecho a fianza.

Por lo que sé, vienen varios casos en ese sentido –no sólo de laboratorios sino de otras industrias– y no dude que también el jurídico de Mikel Arriola esté preparando la denuncia, pues la reparación del daño será fundamental para abatir la impunidad.

DE FONDOS A FONDO

#SeguroPopular… Se lo dije: hay lupa… Sobre los raros procedimientos del  Seguro Popular de Salud, que dirige Gabriel Oshea, pues de los más de 160 mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza Juan Manuel Portal, esta entidad se lleva observaciones por más de 15 mil millones de pesos, casi 10% del total observado.

Por cierto, para nadie es un secreto que nos encontramos en un periodo preelectorales en los que cada partido busca descalificar a quien gobierna. En días recientes hemos visto algunas críticas por la calidad de los medicamentos y los servicios de salud que subrayan casos similares al ocurrido en Veracruz.

Éste es el caso de Guanajuato, de Miguel Márquez, una de las entidades que ha decidido no participar en la compra consolidada de medicamentos, pero cuyo servicio estatal a cargo de Francisco Ortiz ha cuidado fuerte que se homologuen prácticas con las del sector central.

De hecho, investigando la denuncia que se hace por la insulina administrada para los pacientes que son atendidos por diabetes, acusando de que es producida en China y es de mala calidad, verificamos que la Cofepris, de Julio
Sánchez, extendió el registro sanitario al medicamento que no es chino sino fabricado en México.

El número de registro es COFEPRIS 407M2007, S.S.A.IV con vigencia al 27 de noviembre de 2017 y es la misma insulina que administró Guanajuato, el IMSS y el ISSSTE durante 2015, que está inscrita en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y por ende se puede suministrar de manera efectiva a los pacientes sin riesgo alguno para la salud.

Lo que sí es de llamar la atención que las filtraciones por presuntos medicamentos de mala calidad en Guanajuato se dan justo unos días después de que el gobierno de la entidad dio a conocer a los ganadores de la licitación para la distribución de medicamentos del sector salud para este año. ¿Será que detrás de esta guerra política haya una guerra comercial detonada por uno de los participantes en el mercado que recientemente se quedó fuera de la licitación para administrar los servicios de salud de Guanajuato?

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