Cómo las prácticas monopólicas afectaron al sector salud

La colusión de empresas causó un daño por 381 mdp en el sector salud. Foto: Pixabay

La colusión de empresas causó un daño por 381 mdp en el sector salud. Foto: Pixabay

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la primera querella en contra de prácticas monopólicas que afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector público a las que les asignaron recursos fiscales.

En la querella se establece que esta operación ilegal, se tradujo en un grave daño al sector salud, puesto que los insumos adquiridos inciden directamente sobre los servicios que el Estado brinda a la población.

Al respecto, la PGR, dará puntual seguimiento a la querella presentada, en conformidad con los plazos establecidos en la ley, para llevar a cabo las acciones que de ella se deriven, en contra de quien o quienes resulten responsables por este ilícito.

Así, la delegación de la PGR en la CDMX refrenda su compromiso con la sociedad para combatir los delitos que atentan contra su bienestar, mediante la recepción de denuncias y querellas presentadas por las diversas instituciones, organismos o asociaciones que tienen relación con la comisión de delitos del orden federal.

Cabe mencionar que Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, indicó que se tienen evidencias de la coordinación entre los participantes en licitaciones públicas realizadas por instituciones de salud entre 2009 y 2011, por las que se pagaron sobreprecios de hasta 52 por ciento en los insumos adquiridos.

Lo anterior significó que las empresas que participaron en estas licitaciones vendieron a las instituciones públicas de salud productos por mil 200 millones pesos, pero realmente éstas debieron gastar sólo 819 millones de pesos.

Destacó que es la primera vez en la historia que se presenta una denuncia penal contra prácticas monopólicas absolutas, pero además se tienen los elementos suficientes para probar el delito y que por cuestiones legales, no puede dar nombres de quienes son los involucrados ni tampoco mencionar los productos y los servicios de los sobreprecios.

-Raúl Flores

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