Confirma la ASF

La Auditoría Superior de la Federación determinó que durante la administración de César Duarte, en Chihuahua se malversaron 107.2 millones de pesos por la compra de materiales de curación y medicamentos a 20 veces su precio de mercado.

En la revisión de la cuenta pública 2015 se determinó que, de los recursos federales destinados al Seguro Popular, se desviaron recursos “destinados a la atención digna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, lo que afectó directamente a familias que, por su condición laboral y socioeconómica, no son derechohabientes de la seguridad social”.

El actual gobernador de esta entidad, Javier Corral, no únicamente tomó nota de las observaciones de la ASF sino que, además, ha iniciado una investigación para determinar cuáles fueron los grados de responsabilidad de diversas empresas que se habrían coludido en contra de los habitantes de ese estado. Estos son los implicados.

Comercializadora de Franquicias Internacional. Empresa constituida en 2004 por Eduardo Almeida y Armando Acosta. De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, el primero apoyó financieramente la campaña al gobierno de Duarte. El objeto social inicial de esta empresa era “la obtención y aprovechamiento por cualquier título legal de toda clase de concesión”, el cual fue cambiado en 2013 a “la compra-venta de medicamentos”.

De acuerdo con la investigación, esta empresa habría recibido más de 38 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública. Se le señala por haber vendido medicamentos como Olanzapina a un precio unitario de 848 pesos, cuando el valor de mercado es de 55 pesos, o Setralina a 149 pesos por unidad, cuando su precio es de 8.90 por unidad.

Servicios y Atenciones Médicas K. Esta empresa, en 2015, vendió medicamentos muy por encima del precio de mercado, lo que habría causado daño al erario por más
de siete millones de pesos.

Sin embargo, ellos no son los únicos, puesto que la ASF presume un daño adicional al erario de 48 millones de pesos por la contratación que los Servicios de Salud de Chihuahua hizo con Economed Equipos Médicos del Norte para la compra de medicamentos y material de curación.

En la cuenta pública de la ASF se establece que servidores públicos del Instituto Chihuahuense de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social del Estado de Chihuahua “no llevaron a cabo acciones en forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos fueran adecuados y al precio correcto”.

ADJUDICACIONES

La investigación de la ASF señala que se otorgó un contrato por cinco millones de pesos de medicamentos y material de curación a Ymmarsa Pharmaceutica, bajo el argumento de que eran “exclusivos” de ese proveedor, cuando no era así en los hechos. Para hacer más grave la situación, resultó que se dieron bajo contratos vencidos.

Esta empresa se creó en 2014 en Coahuila por Hiram Márquez, José Luis Martínez, Juan Francisco Lucero y José Joaquín López. El primero fue señalado por Corral como parte del apoyo financiero de la campaña de Duarte. 

Este tipo de investigaciones normalmente se confunden, puesto que se cree que se trata de actos políticos en contra de tal o cual gobierno, una suerte de venganzas personales. Creer esto es suponer que el gobernante en turno, sea quien sea, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y que es su derecho.

Sin embargo, se trata de una visión totalmente equivocada, puesto que si bien se usan recursos públicos, no son una entelequia, sino que se está hablando de la vida y salud de personas de muy bajos ingresos que tienen muy pocos medios de defensa.

El IMSS ha venido realizando un buen trabajo en la compra consolidada de medicamentos; sin embargo, en los estados todavía hay un larguísimo camino por recorrer, ya que la corrupción va mucho más allá del dinero.

TRANSPARENCIA

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, debería hacer un esfuerzo por transparentar el proyecto de Actualización Tecnológica de Infraestructura y Servicios del Centro de Datos de la SCT. Se busca adjudicar a la empresa Conecta a través de la adhesión de un convenio que tiene la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Si bien podría parecer que el formato de adhesión no es malo, lo que debe preocupar es si estos servicios son los que realmente requiere la SCT o simplemente se trata de una figura para dar vuelta a la normatividad y que, por algún interés indebido, hay quienes empujan este convenio.

Lo mejor, para todos, sería que se aclare suficientemente este proceso y se cierren las puertas a la sospecha… en el menos malo de los casos.