Ley de contrataciones de obras públicas

 La semana pasada, el jueves, un grupo de senadores encabezados por el coordinador del PAN, senador Fernando Herrera, y otro del PRD encabezados por Miguel Barbosa, Lorena Cuéllar y el hoy independiente senador Armando Ríos Piter, presentaron una iniciativa en la que estuvo trabajando un grupo de senadores encabezados por Francisco Búrquez, que tiene un punto de partida de lo más relevante para el proceso de licitación de la obra pública gubernamental, porque sin pretender una reforma constitucional, se propone expedir una ley general que reglamente lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de contrataciones de obras públicas. Ese artículo establece que todas las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se adjudicarán o licitarán con eficacia, eficiencia, calidad, economía, transparencia y honradez, y, si considera todos los recursos involucrados en el ramo 33 que se dirigen a estados y municipios, todo el proceso de contratación de obra pública, como se propone, supone homologación de criterios y procedimientos iguales para las entidades federales, estatales o municipales, incluyendo lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Competencia Económica, y los criterios incluidos en los artículos 6, 28 y 134 de la Constitución.

Para los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que preside Gustavo Arballo, la posibilidad de contar con un ordenamiento general, que homologue la práctica en federación, estados y municipios, permitirá contar con mecanismos competitivos, transparentes e imparciales, porque lo que se ha propuesto es muy distinto de lo que se ha estado discutiendo desde 2014, y sigue atorado en el Senado.

De hecho, México Evalúa, representada por Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, y Gustavo Arballo, acompañaron la presentación a medios de la iniciativa, porque el grupo de senadores coordinado por Búrquez se dio a la tarea de lograr un proyecto que pueda efectivamente acompañar al Sistema Nacional Anticorrupción, pues, de contar con ello, el sistema nacerá con muchas atribuciones, pero con una ley llena de vacíos para ser llenados por la discrecionalidad y la corrupción.

Mire, parece una iniciativa más, pero la diferencia es que incluye, entre otras, las recomendaciones y prácticas internacionales de la OCDE, que encabeza José Ángel Gurría, para erradicar la corrupción existente en el sector, tomando como base las buenas prácticas internacionales, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que fomenten los procedimientos competitivos e imparciales, además, propone anular espacios de discrecionalidad y opacidad en las obras públicas; teniendo como base la competencia, pues se busca garantizar igualdad de condiciones entre los licitantes, restringiendo y separando los supuestos relacionados con la adjudicación directa y licitación restringida, tal como lo establece el Modelo de ONU, y que en el texto actualmente atorado en el Senado, simplemente se ignora. De hecho, la principal asesoría fueron las serie de propuestas de la ASF, que encabeza Juan Manuel Portal.

El proyecto fortalece las sanciones por responsabilidad de los servidores públicos y obliga a que no se puedan modificar, cancelar o adicionar contratos sin responsabilidad alguna; o delegar funciones a subordinados sin compartir la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones tomadas en el tiempo.

Además de lo anterior, se propone un mecanismo de cooperación entre la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción; que permitirá inhibir prácticas desleales y colusión, porque además se elimina la discrecionalidad que dificultaba la fiscalización de los recursos y el escrutinio público que efectúen los terceros.

Hay algún elemento que preocupa, pues se reduce el monto de la inversión pública que se puede realizar en “Proyectos de magnitud o alcance relevante” (imagine el Nuevo Aeropuerto), con el argumento de que permitirá un mayor control y supervisión de las obras, evitando con ello pérdidas económicas y corrupción durante la ejecución de proyectos, un tema que deberá afinarse con un adecuado sistema de planeación que hoy está incluido de forma muy difusa en la Ley de Planeación Hacendaria, y que deja prácticamente la responsabilidad de la definición a la Secretaría de Hacienda.

También se obliga a la integración de un padrón de proveedores gubernamentales, para que no se asignen contratos a los amigos o parientes, y para se tome en cuenta precio, calidad y oportunidad de obras, cumplimiento de acuerdo al historial, y para que no se inhiba la inscripción de nuevos oferentes.

Se introduce un mecanismo de máxima publicidad que va desde la pre-contratación, contratación y post-contratación y, esta última, implica que cualquier modificación a un contrato no pueda ser eliminado del sistema de compra pública para que se conozca el compromiso original, las causas del cambio o actualización, y el resultado del mismo.

Se obliga a la implementación de un formato de datos abiertos para que cualquier interesado pueda consultarlos (no que hoy el Compranet es sólo para acceso de abogados y gestores especializados en la consulta) para facilitar la evaluación integral de la planeación, programación y presupuestación en materia de obra pública.

Y, finalmente, toda obra pública en la que se destinen recursos públicos, deberá ser auditada y evaluada periódicamente dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

En pocas palabras: la iniciativa tiene aspectos positivos y algunos en los que habrá que afinar o eliminar excesos, pero mejora los procedimientos de contratación de obra pública, elimina excepciones de licitación impuestos en la ley vigente.

DE FONDOS A FONDO

#Histórico… El presidente Enrique Peña será, el viernes, el testigo de la firma del primer contrato de asociación de Pemex, que dirige José Antonio González Anaya, y una empresa global para la exploración y desarrollo del campo de Trión en Aguas Profundas: la australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, que ganó el primer lugar de la Cuarta Licitación de la Ronda Uno al ofrecer un pago de 624 mil millones de dólares (mdd).