Seguridad Pública… además, ¡desastre presupuestal!

En el marco de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Pública, para definir si se establecen mandos únicos estatales o mandos mixtos, una revisada al presupuesto  federal 2017 y las cifras censales del Inegi, que preside Julio Santaella, permiten entender con claridad que detrás de las posiciones extremas que cuestionan los temas de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas del país, hay un fuerte esfuerzo de cabildeo para que el vacío jurídico prevalezca en beneficio de los criminales y no de los ciudadanos y de nuestra seguridad.

Por eso, puede parecer una llamada a misa, pero en realidad el campanario ha repicado tantas veces que en esta ocasión debe tomar en serio a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el sentido de que el Ejército y la Marina, lo mismo que la Policía Federal o gendarmería, dejarán de suplir en el futuro próximo las funciones de seguridad a las que están obligados los gobernadores estatales y los presidentes municipales, pues si considera el índice de delincuencia, de cada diez delitos cometidos en los estados, sólo dos son de jurisdicción federal, 55 le corresponde atenderlos a la autoridad estatal y el resto a la municipal.

Sin embargo, de los 2,441 municipios (no sumo las 16 delegaciones de la CDMX) que hay en el país, sólo 1,904 tienen algún sistema de denuncia de delitos y, aunque el número de policías municipales que se documentan ronda los 300 mil policías y éstos en teoría debieran sumarse a los 214,266 policías registrados por los censos de gobierno estatales y municipales del Inegi en 2013, la realidad es que succionan como 30% del gasto estatal y municipal, y ni siquiera ocho estados y menos de una centena de municipios tienen adecuados resultados en materia de combate a la delincuencia común y, menos, para coadyuvar en el combate de la delincuencia organizada.

¡El gasto en general es muy ineficiente! El Ejército y la Marina tienen 266 mil efectivos en conjunto y su presupuesto para funciones de defensa externa y seguridad interna se acerca a los cien mil millones de pesos, y desde que el entonces presidente Calderón los subió a la guerra contra el crimen organizado, tienen que acompañarse de MP’s civiles en cada operativo, para poder detener y llevar a proceso a quienes son detenidos por ellos. ¡El colmo de la ineficiencia!, pero, además, no son adiestrados como policías.

Por otro lado, los mexicanos financiamos a cerca de 40 mil policías federales y gendarmes nacionales, que lo mismo custodian instalaciones federales que atienden situaciones críticas de delincuencia organizada y vulnerabilidad económica.

Cada año, sólo en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se asignan siete mil millones de pesos y cinco mil millones más para el Subsidio por el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg). Éste no es la excepción y ¡sólo 10% ha capacitado parcialmente a sus policías!

¿Quién es el ineficiente aquí? Los políticos miopes, pero probablemente tienen incentivos municipales para hacer que prevalezca el statu quo y facilitar que la fragmentación policiaca y la ausencia de un marco legal de actuación para las Fuerzas Armadas preserve la posibilidad de delinquir o de mover las fuentes ilegales de ingresos, como el pase de charola que hacen en los municipios para que los ciudadanos paguen de forma adicional por un servicio de protección que es su obligación constitucional. ¿Alguien sabe cuánto se paga por protección cuasi privada a las policías municipales o delegacionales?

Sólo ocho de las 32 entidades cumplen con la implementación de los programas aprobados en el Programa Nacional de Seguridad Pública, a pesar de que desde 2005 se destinan de nuestros impuestos federales, con entre diez mil millones y 12 mil millones de pesos por año para fortalecer la capacidad de respuesta policiaca de los estados y municipios.

De ahí que desde la administración de Fox, pasando por la de Calderón y siguiendo por la del presidente Peña, de tanto en tanto se subraya que los estados y municipios pasan de a muertito, hasta que les revientan los índices de inseguridad y la incidencia de delitos.

DE FONDOS A FONDO

#BBVABancomer… Francisco González, presidente del BBVA, no dejó que en esta visita por México su mensaje pasara inadvertido: Está considerablemente menos inquieto que los inversionistas del mundo respecto del impacto de las políticas del presidente Trump sobre México, pero también considera que la incertidumbre y el desafío que sus declaraciones y eventuales decisiones tengan, son una especie de “Wake Up” que debe aprovechar el país para resolver algunas de las tareas pendientes. Y yo le añado: ¿qué le parece la de arriba? ¿Si los ciudadanos mexicanos nos sintiéramos seguros en México, cree que a alguien se le ocurriría poner muros?

#Citibanamex… Hoy y mañana se llevará a cabo la vigésima quinta Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex y la encabezará Jane Fraser, la CEO de LA de Citigroup, y por ende cabeza de la operación en México. Sin duda, además de pionera, la reunión, que cumple 25 años en esta ocasión, es más concurrida por los empresarios, más ahora que por primera vez será don Valentín Díez Morodo quien encabece como presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero. También será el “estreno” de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente del Consejo del Banco, en el evento anual más importante de Citibanamex.

En la agenda de hoy está programado el encuentro entre Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y Ernesto Torres Cantú, CEO de Citibanamex, quienes analizarán los pormenores de la economía nacional desde el punto de vista del Banco Central y comentarán las decisiones que ha tomado este organismo en relación con el alza de tasas de interés, el control de la inflación, así como la volatilidad en los mercados y el tipo de cambio.