Roche, también en la mira

Atrás del revés que recién sufrió la Cofepris para responder por los miembros del Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos, está la resistencia del laboratorio suizo Roche por perder un multimillonario negocio en México.

La multinacional, que lleva aquí Andrés Bruzual, logró detener la autorización del Rituximab, biocomparable propiedad de PISA, que preside Miguel Álvarez, para continuar comercializando, en exclusiva, el MabThera, que mantiene cautivo un mercado de unos 40 millones de dólares al año.

Se estima que en los 20 años de patente que tenía vigente este medicamento, Roche ha retenido para sí contratos por más de 800 millones de dólares del IMSS, que dirige Mikel Arriola, en lo que hace al combate de la artritis reumatoide y linfoma no Hodgkin, padecimientos que ahora busca tratar PISA.

Desde la perspectiva de la Cofepris, es menester de este regulador, que encabeza Julio Sánchez y Tépoz, el velar por la calidad de los medicamentos que llegan a los pacientes y coadyuvar a la buena administración de los recursos públicos que sólo tienen un jugador con ganancias extraordinarias.

Pero este tema descubre más intereses cuando, públicamente, se anuncia un acuerdo comercial entre Roche y la farmacéutica Mylan, que posee la propiedad de la fórmula activa del Trastuzumab, contra la que también se ampararon para evaluar las solicitudes de autorización de nuevos biocomparables.

El Trastuzumab, que ataca el cáncer de mama, lo pretende llevar al mercado el también laboratorio mexicano Landsteiner Scientific, que encabeza Miguel Granados. Al igual que en el caso de la sustancia Rituximab de Pisa, Roche logró detenerlo argumentando que no cumple con pruebas de eficacia.

Lo irónico es que el acuerdo entre Roche y Mylan estipula no acceder a los mercados de Japón, Brasil y México: es decir, busca mantener un monopolio de estos medicamentos, a pesar de tener patentes vencidas y cuya apertura se dio a nivel mundial, incluido el país sede de Roche, esto es, Suiza.

Se dice que si éste es el tema y Roche cuestionó la censura al cuerpo de científicos que asistió a las sesiones para avalar nuevos tratamientos, argumentando que no se logró demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos, entonces por qué se asocia con Mylan.

Este fabricante estadunidense de genéricos provee la sustancia activa de Biocon, fabricante del Trastuzumab a nivel global. De esta forma quedaría expuesta una manipulación legal para impedir que se abra al mercado mexicano y que el desarrollo de medicamentos biotecnológicos se vea obstaculizado.

Se aduce también que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha limitado a la Cofepris, sin fundamento jurídico válido, para la apertura a nuevos tratamientos, los cuales ampliarían los espacios de competencia y oferta, disminuyendo los costos en favor del sector salud.

Si bien la Cofepris tiene que dictaminar tomando en cuenta las opiniones del Comité y del Subcomité, dada su experiencia y especialización científica, también debe resolver los intereses que rodean a Roche. En ambos casos se afecta la credibilidad de los expertos e investigadores.

Lo anterior implica un riesgo en materia de salud pública, porque, además de lo valioso que es para la población garantizarse que los medicamentos autorizados son seguros y eficaces, también está de por medio el presupuesto destinado a la salud, que se está convirtiendo en un botín de terceros. Tras de que la Cofepris fue denunciada por la embajada Suiza, que representa Louis-José Touron, ante Economía, por su intención de autorizar biocomparables, donde igual hubo inconformidad del IMPI, ahora la embajada y el IMPI deberían explicar la afectación de un monopolio en detrimento de la salud pública.

Lo anterior también forma parte de la extensa investigación del sector farmacéutico, que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, y que, de igual forma, ya está sobre el escritorio del secretario de Salud, José Narro.

El episodio que le conté, conocido ya como “el rapto de las Sabinas”, por el cual pasaron 40 sobrecargos de la aerolínea regional Aeromar, de Marcos Katz, directo y sin escalas, a Aeroméxico, de Eduardo Tricio y Valentín Díez Morodo, ha provocado que el descontento entre la planta de ambas empresas siga creciendo.

Nadie entiende cómo fue posible hacer ese movimiento, pues las recién llegadas ahora ganan más que las que ya estaban. En uno de los blogs de sobrecargos, tanto afiliados a ASSA como otros trabajadores del sector aéreo, expresan la indignación por esta jugada y la violación a los estatutos que es ya una constante.

Por ejemplo, se menciona la destitución de la secretaria de Conflictos, pero, sobre todo, la manipulación de las asambleas, en las que votan trabajadores inactivos, como los que se quedaron sin empleo tras el cierre de Mexicana, en asuntos de Aeroméxico, o de beneficio de Del Valle, como fue el caso de su reciente reelección, con la promesa de que él y no las aerolíneas les conseguirá trabajo. ¿Y la Secretaría del Trabajo, la que lleva Alfonso Navarrete Prida?