Mexicanos vs. IMPI y EU, por más presión en el TLCAN

La semana pasada la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentaron el noveno paquete de medicamentos innovadores, donde se integra la liberación de 63 nuevas moléculas que atienden 17 grupos terapéuticos.

De las 63, ocho son biotecnológicos, es decir, obtenidos a partir de células vivas; el hecho es relevante a la luz de los litigios que Roche, comandada por Andrés Bruzual, emprendió y que han llevado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a detener nuevos registros sanitarios.

Este bloqueo ha pegado a farmacéuticas mexicanas como Landstainer Scientific, que preside Miguel Granados;  PISA, que dirige Oscar Osorio, y Probiomed, que capitanea Jaime Uribe. Al menos éstas tres ya en la categoría de biocomparables, esto es, con versiones genéricas de biotecnológicos cuya patente venció.

Esta última liberación de nuevas claves beneficia de forma directa al sector farmacéutico internacional, agrupado en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), que preside Alexis Serlin, a la sazón cabeza aquí del laboratorio Novartis.

Y es que los 63 medicamentos que integran el noveno paquete son innovadores, ocho de ellos biotecnológicos además de la primera molécula que ubica a México como plataforma de lanzamiento global. Se trata de la Triplican C, para padecimientos oftalmológicos.

El propio José Narro argumentó que con ellos se beneficia fundamentalmente al IMSS, dado que el tiempo-cama de pacientes se reduce de manera significativa al acceder a medicamentos de última generación a precios más bajos. Pero los laboratorios mexicanos creen que el funcionario no está del todo correcto.

La imprecisión tiene que ver con el creciente déficit de servicio y camas que actualmente tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que al salir un paciente entra otro de manera inmediata sin generar ahorro alguno a la institución dirigida por Mikel Arriola.

Asimismo, el gasto en el que incurre el organismo para la compra de medicamentos sube de manera considerable, con todo y las famosas compras consolidadas. No olvidemos el caso de la Insulina Glargima que se utiliza en el tratamiento de la diabetes, uno de los grandes males del país.

Tras salir al mercado el laboratorio Sanofi, que capitanea Félix Scott, la vendía a las instituciones públicas de salud en unos 700 pesos la unidad. Pero una vez que se liberó la patente hoy día se comercializa en menos de 115 pesos la unidad.

Si bien es importante la apertura del mercado a productos innovadores de la salud, es indispensable también que se abra el de los biocomparables no sólo por el impulso a la industria nacional, sino porque se daría acceso a más de 30% de la población que por los altos precios se les hace prohibitivo.

El sector salud en México destina cientos de miles de millones de dólares a muy pocos jugadores internacionales quienes se ven económicamente beneficiados con estas decisiones. Si bien es importante reconocer el desarrollo e investigación, es también fundamental abrir espacios a nuevos proveedores.

Los constantes bloqueos e inconformidades expuestos por el IMPI, que encabeza Miguel Ángel Margáin, en contra de las decisiones de la Cofepris, de Julio Sánchez y Tépoz, ya están alcanzando niveles de escándalo. La política del primero ayuda a extranjeros y la del segundo, frustrada aún, a los nacionales.

El punto de inflexión es que el tema de la propiedad industrial va ser uno de los que más defenderá Donald Trump en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

CREMADES ACUSA

En España estalló apenas hace unos días un escándalo que amenaza con desbordarse y que involucra a Antonio del Valle Ruiz, cabeza visible de un grupo de inversionistas mexicanos a los que un consorcio de abogados liderados por el influyente despacho Cremades & Calvo-Sotelo, del poderoso Javier Cremades, acusa de estar socavando deliberadamente el precio de la acción del Banco Popular para tomar ventaja, lo que en cristiano se conoce como estar “cascando”. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas acaba de presentar un escrito a la Comisión de Valores para que investigue al dueño del banco Bx+. Del Valle y amigos controlan 4.25% de la institución crediticia ibérica. Aquí ese mismo Banco Popular posee 25% del grupo que dirige Jaime Ruiz Sacristán. Sígale la pista a este expediente. Hay connotados hombres de negocios metidos en la acusación del famoso bufete de Cremades.

ODEBRECHT ATAJA

Han surgido afirmaciones de la operación de Odebrecht en Veracruz, ligadas a la concesión de aguas en los municipios de Veracruz y Medellín. Se busca relacionarlo con Javier Duarte, cuando se trata de un proyecto municipal que se dio vía una licitación pública internacional. Se consideró un plan integral de inversiones por 10 mil 400 millones de pesos, además de que se supervisó legal y normativamente. Javier Chuman, que estuvo al frente del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) y a quien se acusa de hacer negocios con el ahora exgobernador preso en Guatemala, atiende actualmente en Brasil una acción judicial basada en una supuesta operación de subcontrataciones fraudulentas de una empresa vinculada al sobrino del expresidente Lula da Silva, para prestar servicios de obras en Angola financiadas por el Banco de Desenvolvimiento Brasileño (BNDES).