Sí al muro

Estados Unidos tiene todo el derecho a construir un muro que divida la frontera con México y, en este caso, tiene argumentos correctos: disminuir el tráfico de drogas, personas, armas y dinero de la delincuencia organizada.

La forma de pago está a discusión. México tiene el derecho a no aportar dinero para pagarlo, aun cuando sea tan conveniente de los dos lados de la frontera y, en una de esas, hasta más para México.

Donald Trump y su gobierno pueden buscar maneras indirectas de que el financiamiento sea de México, las cuales van desde impuestos a remesas o incluso por los beneficios que esperan de la renegociación del TLCAN. Sin embargo, hoy parecería mucho más un tema de política interna en la discusión con los legisladores demócratas.

Más allá, el foco de atención debe estar concentrado en lo que busca México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ha reiterado que no sólo habrá una negociación comercial con Estados Unidos y Canadá, sino también de todos los temas que tienen que ver con la relación entre nuestro país y el gobernado por Trump.

Lejos de andar viendo fuegos artificiales, es necesario concentrarse en lo importante: el interés supremo de México.

TARJETAS DE PAGO

Hace unos días, Mario Delgado estaba muy preocupado por el presunto uso electoral de tarjetas emitidas por Banorte a favor del candidato del PRI al gobierno del Estado de México, sin embargo, parecería que ya comprendió que se trata del mismo producto que autorizó con ese banco cuando era secretario de Finanzas del entonces DF para el programa Prepa Sí.

Hay quienes, siguiendo mitos y mentiras del pasado, continúan creyendo que las tarjetas de pago son una forma de corrupción política cuando, en realidad, se trata de un producto regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como por Banco de México, desde 2011, a través de una gran cantidad de instituciones de crédito para pagar programas sociales oficiales, tanto de la Federación como de estados e incluso municipios.

En este caso, como todos los demás, la responsabilidad del banco encabezado por Carlos Hank González es emitir tarjetas de pago y entregarlas a la entidad contratante, la cual se encarga de su distribución.

Banorte no decide quién recibe las tarjetas, no decide qué montos se depositan en ellas y no emite tarjetas para partidos políticos. En algún momento se trató de hacer creer que se trataba de una suerte de corrupción entre el banco y el gobierno del Estado de México, sin embargo, la realidad es que Banorte es una de las instituciones que opera con los gobiernos a lo largo y ancho del país sin importar de qué partido político provienen.

Es necesario, a veces, dar explicaciones, puesto que la confusión, que también puede ser un acto de buena fe, puede causar malas interpretaciones entre la población y es mejor dejar las cosas claras. Las tarjetas que emitió desde 2014 y hasta hace unos meses tendrían, en el mismo caso, la misma intencionalidad política que usó el entonces GDF con Prepa Sí.

LLAMADA DE ATENCIÓN

La corrupción dentro del sector salud sigue siendo uno de los más grandes problemas que debe enfrentar el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que es éste el más grande comprador de medicamentos y suministros para la salud (ya sea por cuenta propia o de terceros) y hay tanto empleados de este instituto como participantes en el sector que se niegan a soltar estos negocios que les generan muy importantes utilidades ilícitas.

Una de las empresas que ha mostrado un mayor poder para convencer a diversos funcionarios de que sigan haciendo licitaciones a modo es Baxter de México, encabezada por Jaime Alberto Upegui.

Su más reciente aventura fue durante la licitación pública mixta para la contratación del servicio de diálisis peritoneal para pacientes prevalentes, en la que competían en contra de Laboratorios Pisa.

Resulta que con la ayuda de Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS en Puebla, se presentó una larga serie de irregularidades. De acuerdo con quienes están cerca de este proceso, Doger Guerrero cometió una serie de actos indebidos en los que abiertamente favoreció a la empresa que ha resultado asignada.

Muchísimo más allá del simple acto de corrupción, hay quienes muestran abierta preocupación, puesto que Doger Guerrero está haciendo su “cochinito” porque está buscando ser gobernador de Puebla por cualquier partido.

Aquí hay dos temas que deben dejarse claros: ¿Hay actos indebidos en la licitación? ¿Algún partido político querrá cargar con alguien con un historial tan oscuro?