Inmunidad Cofece y multas

El reconocimiento que han realizado las cuatro afores de que sí cometieron una práctica monopólica absoluta al haberse puesto de acuerdo para retrasar el traspaso frecuente de cuentas de una afore a otra en 2014 es un precedente importante no sólo para la Cofece, que preside Alejandra Palacios, fortalecida y plenamente autónoma, sino también para su programa de inmunidad.

Asimismo es un llamado de atención para los sistemas de regulación, porque, cuando no es eficiente la supervisión y la sanción de una práctica indebida, los agentes económicos tienden —como los ciudadanos— a tomar medidas por su cuenta. No es válido, pero un error induce a otro.

Las cuatro afores (Principal, GNP, XXI-Banorte y Sura) se acogieron al programa de inmunidad de la Cofece desde un principio y se mantuvieron apoyando la investigación en todo momento, pero ninguna conocía la resolución final y el monto de multa que se aplicaría.

El caso es que desde 2004, la práctica de traspasos intensivos realizados por promotores que le encontraron “el modo” de llevarse (incluyendo falsificación de firmas de aforehabientes) portafolios completos de una afore a otra, se volvió un serio problema y era un asunto recurrentemente tratado entre Consar, que hoy preside Carlos Ramírez, y las afores. 

Después de la conducta que hoy fue sancionada, la práctica indebida ha sido mejor regulada y hoy se exige la presencia física y prueba biométrica y física de la voluntad del trabajador que quiere pasar su afore y que el pago de comisiones sea diferenciado, para que a mayor antigüedad del aforehabiente (más de 3 años en el sistema) sea mayor la comisión.

Se debe reconocer que la colusión demostrada y aceptada provocó que la regulación incidiera efectivamente sobre las malas prácticas porque los traspasos de alta frecuencia cayeron de 2.4 millones a cerca de 1.6 millones entre 2015 y 2016. Lo que llama la atención es el alto monto de las multas acumuladas, porque al parecer todos se acogieron al programa de inmunidad. Dos primero y dos después. En el caso de Afore XXI Banorte, que es dirigida desde finales del año pasado por Juan Manuel Valle, fue sancionada por la práctica en diferentes periodos entre 2012 y 2014, y de hecho se inicia antes de que Banorte adquiriera los activos de Bancomer, la decisión es ir al amparo para protestar la multa. La razón es que ésta se basó en un estimado de traspasos “no sucedidos” y  el costo en pesos del traspaso que al parecer se “ahorró” la afore.

Entiendo que en la documentación de la afore no hay traspasos no ocurridos. Esto es, todos se realizaron y se suspendió la práctica una vez que la conoció el consejo de administración que no se enteró sino hasta que fue denunciada.

Ellos al parecer obtuvieron la condonación de 30% de la multa, pero advierten que la multa es alta toda vez que la práctica duró 4 meses, concluyó 10 meses antes de que Cofece iniciara su investigación, se sumó al programa de colaboración de inmediato y durante dos años ha puesto en marcha el programa a de remediación, y lo más importante, a ningún trabajador se le quitó el derecho de traspasarse (se retrasó), porque no hubo tal “ahorro” convertido en utilidad para la afore.

DE FONDOS A FONDO

#TMM, que preside José Serrano, según su auditor Salles, Sainz, Gran Thorton, SC, presenta una “incertidumbre material de negocio en marcha”, de acuerdo con la auditoría de los estados financieros consolidados de 2013 a 2015.

La nota 4 de sus  estados financieros consolidados indica que “el Grupo ha incurrido en pérdidas netas recurrentes originadas principalmente por su costo integral de financiamiento, junto con otros asuntos que se exponen en la nota 4 de su auditoría, donde indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha”.

Una nota de este tamaño muestra la enorme presión que hay sobre uno de los principales grupos económicos del país, y evidentemente para sus acreedores, los planes de la administración para asegurar su continuidad como negocio en marcha y el éxito en sus operaciones futuras son revisados con lupa.

Ayer se reveló también el cambio en el socio firmante de la auditoría externa de Esteban Urióstegui Bárcenas por Mauro González Jiménez.

Según la información auditada de 2012 a 2015, la compañía ha acumulado varios años de pérdidas, algo explicable en un entorno como el que ha vivido Pemex, que dirige José Antonio González, y el país, a quien factura 33% de sus ingresos totales.

Pero esas pérdidas suman más de dos terceras partes de su capital social, por lo que de no capitalizar el adeudo, tendría posibilidad de ir a concurso mercantil ya que ha dejado de pagar 35% de sus vencimientos en los últimos tres años.

La administración reconoce en su último reporte que a pesar  de que vendió su negocio de almacenamiento en 2016, dice no disponer de activos para hacer frente a 80% de sus impagos y disminuir la presión de su costo financiero. Cabe señalar que ningún socio o acreedor lo ha pedido declarar el concurso.

El año pasado, TMM firmó un contrato de cuatro embarcaciones a nuevos participantes en la industria petrolera como Fieldwood Energy E&P México, Hokchi Energy y Talos Energy, dentro de las cuales destaca el buque de proceso denominado “Eco III” para iniciar operación en el segundo trimestre de 2017 y continúa el proyecto para la construcción de infraestructura de almacenamiento, transportación y distribución de productos refinados de petróleo desde Tuxpan hacia el centro del país, en conjunto con nuestros socios TransCanada y Sierra Oil & Gas.