Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

10 May, 2017

La revancha de las farmacéuticas

Hace 25 años, cuando México, Estados Unidos y Canadá negociaban el Tratado de Libre Comercio (TLC), el gobierno de George Bush impuso varios “prerrequisitos” al de Carlos Salinas como condición para firmar el acuerdo trilateral.

Uno tenía que ver con la actualización del marco regulatorio en materia de propiedad intelectual, sobre todo en el tema de patentes, marcas y derechos de autor. México estaba en la Lista Negra de la Súper 301, junto con países como China, Pakistán, India, Corea y otros.

La Oficina de Representación Comercial que encabezaba Carla Hills consideraba que el gobierno de México permitía la violación de los derechos de propiedad industrial en los sectores farmacéutico, discográfico y de la confección.

México tuvo que crear una nueva Ley de Propiedad Industrial, modificar la de Derechos de Autor y la de Inversión Extranjera para darle certidumbre a empresas de entretenimiento (películas y música), laboratorios y, sobre todo, al rubro de la moda, porque aquí se pirateaba impunemente desde ropa y videos, hasta marcas de medicamentos.

A unos meses de que inicie la renegociación del TLCAN, en la era de Donald Trump, las condiciones de la industria farmacéutica estadunidense van en el mismo sentido: modificar la ley, dar certidumbre a la inversión y garantizar los derechos de las patentes de los medicamentos.

Un documento entregado al gobierno mexicano establece lo siguiente:

1.-Protección de Datos Clínicos comprendida hoy en día en varios instrumentos internacionales, misma que constituye un elemento de apoyo para garantizar un escenario pleno para la propiedad industrial, incentivando la investigación clínica y desarrollo de nuevos medicamentos.

2.- La potencial denuncia/cancelación del TLCAN, sin duda, debilitaría esa certidumbre jurídica con la que cuenta México actualmente, con potencial incremento en controversias administrativas y judiciales en materia de propiedad intelectual, desincentivando así la inversión en el sector.

3.- Los industriales farmacéuticos consideran prioritario que se busque, en primer lugar, preservar el estándar de protección de los derechos de propiedad industrial que la industria farmacéutica de innovación cuenta en México, lo que le ha permitido ser referencia en la región.

Y, en segundo lugar, la oportunidad para que el marco jurídico vigente se actualice con el objetivo de reforzar la certidumbre jurídica sobre la protección a estos derechos.

BANAMEX-BANCOMER

Es muy conocido en el mundillo financiero que “alguien” descubrió las operaciones personales que Guillermo Vega Uribe, de Banamex, hacía en su contrato de inversiones. Siempre ganaba.

Usaba el músculo de su banco para comprar y vender bonos y su cuenta personal se beneficiaba. Invariablemente ganaba. Hasta que alguien al interior de la institución que comanda Ernesto Torres lo delató y lo despidieron tras una investigación parecida a la que está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra
Palacios. La famosa operación llamada front running, tan penada por las autoridades en el mercado de capitales, se dio en Banamex en el mercado de deuda gubernamental liderada por su director de Operaciones, mismo que, al ser cesado, se refugió en la casa de Bolsa Vector, la de Alfonso Romo, donde terminó de afinar el tema de las comisiones.

Ahora es la cabeza del área de mercados de BBVA en México. Ahora, con la fuerza del banco más grande de México, el que dirige Eduardo Osuna y preside Luis Robles, se profundizan tales prácticas, echando mano de sus áreas de ventas para comprar y vender a las afores y a entidades gubernamentales que sienten mucha seguridad haciendo negocios con el banco español de Francisco González. Es el premio a la corrupción, pero, sobre todo, un reconocimiento a su paso por Banamex, donde dejó muchos amigos, algunos ahora en la afore, como Luis Sayeg, su par y ahora cliente principal.

VIENE RESOLUCIÓN

Días cruciales para la minera Excellon Resources y los ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Torreón, Coahuila, pues todo indica que la magistrada María Elena Recio Ruiz, del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa y penal del Octavo Circuito, emitirá la próxima semana la resolución final en cuanto a los expedientes 462/2016 y 463/2016, luego de que ambas partes presentaran amparos con respecto a la sentencia de noviembre pasado. Y es que, a pesar de que las más de mil cien hectáreas en cuestión fueron entregadas a sus dueños en 2013, existe el temor de que la resolución implique el pago de rentas atrasadas, lo cual provocaría que la firma de Brendan Cahill retirara su inversión de la región, la cual, a la fecha, supera los tres mil millones de pesos, además de estar en juego 300 empleos directos y mil 200 indirectos, además de distintos programas sociales en la región de Bermejillo.

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