Urge mayor colaboración de Cofece con CNBV

En el medio financiero, tanto de parte de las autoridades como de intermediarios, existe no sólo preocupación sino una gran molestia contra Alejandra Palacios, titular de la Cofece, por la investigación que realiza sobre supuestas prácticas monopólicas absolutas en el intermediación de valores de deuda gubernamentales.

La molestia contra Jana Palacios es por varios motivos. Primero porque anunció la investigación en abril con bombo y platillo, sin ni siquiera avisarle previamente a la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que son las autoridades que regulan el mercado y las subastas semanales de valores gubernamentales.

Además, a diferencia de lo que sucedió con la investigación sobre prácticas monopólicas en el mercado de afores, en la que la Cofece sí se coordinó con la Consar, que preside Carlos Ramírez, en el caso del mercado de valores gubernamentales, no hay una coordinación con la CNBV, presidida por Jaime González Aguadé, que es indispensable porque tiene la información y el mayor conocimiento sobre las operaciones en el mercado de deuda gubernamentales.

Adicionalmente, la molestia contra Palacios es porque, por un lado se niega a proporcionar mayor información sobre el caso ya que, legalmente, está impedida por ser una investigación en curso, pero, por el otro lado, se ha generado una gran especulación —que la Cofece no ha frenado—  porque se afirma que será algo así como “la madre de todas las investigaciones”  —y de las multas— en la historia de la Cofece, cuando al parecer se trata de un caso menor.

SHCP NO TIENE INFORMACIÓN: MEADE

En medio de la falta de información oficial crecen los rumores y la especulación. Ayer Bloomberg aseguró que los bancos, supuestamente, involucrados serían: BBVA Bancomer; Santander; JP Morgan Chase; HSBC; Barclay’s; Citigroup y Bank of America.

Interrogado al respecto tras la inauguración de la Convención de la AMIS, el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, defendió el mercado de deuda en México al señalar que es uno de los más profundos del mundo, con una adecuada regulación y supervisión.

Aseguró que la investigación de la Cofece es un hecho aislado. Reconoció que el órgano antimonopolios no ha dado información ni a la SHCP ni a la CNBV y reiteró que están en la mejor disposición de colaborar con la Cofece.

Lo que se afirma es que, al igual que en el caso de las afores, se acercó un banco a la Cofece para acogerse al programa de inmunidad y proporcionar información sobre las supuestos acuerdos con otros bancos para manipular precios. El primer intermediario en acogerse al programa sólo paga una multa equivalente a un salario mínimo.

REGULACIÓN DE BITCOINS FRENÓ LEY FINTECH

La Secretaría de Hacienda decidió posponer en envío de la nueva ley que regulará la actividad de las Fintech, o empresas de tecnología financiera, que se esperaba para el periodo ordinario del Congreso que terminó en abril, porque aún no llega a un acuerdo con el Banco de México sobre temas como la regulación de las bitcoins y otras monedas encriptadas.

El Banco de México es demasiado cauteloso sobre el bitcoin y no ha cambiado la postura que fijó en un comunicado en marzo de 2014, en que se advierte sobre el riesgo de estas monedas virtuales, aunque no lo considera una amenaza para el sistema financiero porque aún no hay operaciones relevantes en México.

Sin embargo, el masivo ciberataque de WannaCry del viernes pasado que afectó a  más de 150 países, entre ellos México, puso de manifiesto el crecimiento del uso del bitcoin entre los ciberdelicuentes. El pago del rescate que exigieron fue en bitcoins, que se pueden adquirir fácilmente no sólo en internet, sino en tiendas de conveniencia.

Lo que pretende la SHCP, dijo Vanesa Rubio, subsecretaria de Hacienda, es que la ley incluya también a las monedas encriptadas, pero el Banco de México considera que equivaldría a regular un mercado de monedas que no son de curso legal, ni están emitidas ni respaldadas por Banxico.

La SHCP sigue  trabajando a marchas forzadas en la ley Fintech para enviarla al Congreso este mismo año, y lograr una regulación que no inhiba  la innovación de nuevas
plataformas, pero que al mismo tiempo sí se identifique,
con nombre y domicilio, a quien realice operaciones con monedas encriptadas para evitar que se usen para fines ilícitos.