De cuando la revisión se impuso

El 17  de agosto del 2016, la BMV dirigida por Oriol Bosch, dio a conocer la muestra del IPC para el periodo septiembre 2016–agosto 2017, de acuerdo con la nueva metodología de cálculo que se negoció con autoridades, representantes de emisoras y representantes de intermediarios. Todos quedaron de acuerdo.

Le cuento que ésta establece que durante cada mes de agosto y siguiendo la metodología establecida por su Comité Técnico de Metodologías de Índices, la BMV realiza con datos al cierre del mes de julio, el cálculo de las emisoras que formarán parte de la muestra del IPC en el siguiente periodo, así como sus ponderaciones de peso dentro del índice.

Esta definición se dio después de un largo proceso que mantuvo el Grupo Elektra en contra de la BMV y su presidencia luego de que se decidiera un cambio en la metodología del IPC y por el cual, un juez decretó una medida cautelar para esa modificación que se dio a conocer en abril de 2012, no fuera aplicado provisionalmente a la emisora Elektra.

A mediados de 2014, las diferencias que estaban siendo dirimidas en tribunales –que fueron ganadas una a una por Elektra, fueron revisadas por integrantes del Consejo de Administración de la BMV y, conforme a los acuerdos posteriores alcanzados entre la emisora y la BMV, la vigencia de esa medida cautelar concluyó el 31 de agosto de 2016, y la BMV y la emisora cumplieron los compromisos asumidos en el convenio respectivo. En virtud de ello, en la muestra del IPC para el periodo septiembre de 2016 - agosto 2017, y en adelante, la medida cautelar mencionada no tendría efecto y, por ende, la metodología vigente  ha sido aplicada por igual a todas las emisoras que forman parte de dicha muestra.

Por ello, ha extrañado el argumento sin pruebas de que la emisora sería excluida del Índice porque su precio no es resultado de valuación de mercado, sino inducida por su derivado, pues la metodología actual permite conocer a detalle la fortaleza de mercado del precio de una acción.

Por otro lado, en abril o mayo del  2016, la BMV firmó un acuerdo con la empresa S&P-DJI para la realización del cálculo, mantenimiento, distribución y comercialización de los índices que publica la Bolsa.

Así, en octubre pasado este convenio entró en vigor y los índices fueron renombrados con la marca S&P, al tiempo que las metodologías aplicables a los distintos índices, incluido el IPC, fueron aprobadas por un comité conjunto presidido por el propio S&P, dada la integración con el co-branding entre ambas organizaciones.

Por ello una manipulación como la que han supuesto las fuentes anónimas consultadas por Bloomberg sería muy difícil de creer, porque el sistema y la transparencia del Índice no depende del voluntarismo empresarial, sino de la valuación de mercado, bursatilidad, float real de acciones que pueden ser auditadas por la CNBV y la vicepresidencia de supervisión bursátil a cargo de Eduardo Flores Herrera. Con esto cerramos capítulo especulativo, ¿no cree?

DE FONDOS A FONDO

#AMIS. Al ceder la estafeta en la presidencia de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Mario Vela –director general de GNP—y Oscar Vela, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, platicaban un hecho parece relevante.

En México, pareciera que la cultura de prevención y transferencia del riesgo no existe y, que nuestro nivel de aseguramiento es menor que el de Kenia, pues el número de primas en relación al PIB ha pasado de representar 1% a 2.1% del PIB en dos décadas.

Sin embargo, el número de aseguradoras se duplicó, aunque también es cierto que no tenemos muchas aseguradoras con matriz en México y que la mayoría de los tomadores de riesgo y reaseguro están aquí porque el mercado es rentable para ellos.

Pero lo que no se contabiliza en ese indicador y si ocurre en todos los países de la OCDE y otros como Chile o Colombia, es la penetración del seguro ligado a los esquemas de seguridad social como el IMSS, ISSSTE o el seguro popular, que no solo cubren el seguro médico de acuerdo con cuadros básicos, sino también cesantía en edad avanzada y vejez y, más aún, incapacidad por accidentes, o los micro seguros que forman parte de la red de seguridad social y, el aseguramiento público ligado a la infraestructura, al Fonden y a los fondos de aseguramiento estatales.

Si ese fuera el caso, México estaría un poco arriba de Chile y más cercana al de la OCDE que es de 8.84 en relación al PIB, donde se incorpora en el costo de la prima por habitante, el gasto en seguridad social (como IMSS, ISSSTE, etc), porque en el fondo es una aportación privada o fondeada con impuestos que reduce el riesgo y la contingencia asociada a la salud, la jubilación, la vida y hasta el patrimonio de vivienda.

Justo Chile es el mejor ejemplo, pero podría ser el de Nueva Zelanda o el promedio de la OCDE. Medir la penetración en relación al PIB en materia de seguro no muestra el desafío a los hacedores de política pública porque por ejemplo, en Chile el seguro tiene una penetración del 5% del PIB y se dice que existen tres seguros por habitante y que cada grupo familiar cuenta con cerca de 15 seguros vigentes. La prima per cápita es de 750 dólares, un nivel cercano al de Nueva Zelandia, país en donde este indicador es 760 dólares. En México, ahí cojeamos, pues no supera los 160 dólares per cápita, pero si se incorpora la prima de seguridad social, se eleva a cerca de  400 dólares per cápita.

Igual, medir es importante y plantear el objetivo más. Donde nos debemos ver: la prima promedio en Portugal es de mil 400 dólares; en España, de mil 800 dólares; en Alemania, de dos mil 200 dólares, el promedio de la OCDE es de tres mil 300 dólares y en países europeos llega a tres mil 400 dólares. ¿Qué nos falta? Que haya seguros obligatorios, sobre todo de responsabilidad civil, homogéneos y supervisables en todo el país, y no sujetos al voluntarismo de políticos con visión electoral.