Cómo va el linchamiento

El linchamiento en contra de siete bancos a los que ya les puso la letra escarlata la Comisión Federal de Competencia Económica a pesar de que su investigación, según parece es mucho más grande, aún se encuentra en la fase en la que teóricamente se debería estar reuniendo información ha comenzado a mostrar aristas muy curiosas: Ya se habla, incluso, de personas en específico y de posiciones dentro de diferentes intermediarios financieros; de operaciones concretas e incluso temas con de una manera específicamente sospechosa.

En esta columna he señalado reiteradamente que el organismo que mal preside Alejandra Palacios simple y llanamente ya tomó una determinación que está buscando documentar a través del esquema de testigos protegidos quienes, para evitar cualquier problema, no tienen incentivos para decir la verdad sino para darle a la autoridad lo que quiere escuchar.

En las oficinas de algunos abogados que participan en el tema ya hay quienes consideran usar las filtraciones como elementos en contra del debido proceso y desacreditar las conclusiones a las que, si el trabajo estuviera bien hecho, debería llegar la Cofece dentro de un año.

De hecho, las filtraciones han coincidido con una suerte de calendario que, en opinión de algunos, busca provocar reacciones negativas tanto en la Secretaría de Hacienda como del Banco de México. Una de dos: las coincidencias existen o existe una suerte de agenda para hacer creer que son ellos quienes han generado cambios.

Como muy posiblemente está informado cuando se filtró el nombre de siete instituciones José Antonio Meade, Vanessa Rubio y Jaime González Aguadé tuvieron que reaccionar en corto y después el Banco de México optó por dejar pasar la creencia, desinformada, que el código de conducta en el mercado cambiario era una suerte de reacción cuando, en la realidad, se trata de un movimiento global.

Dentro de los miembros de la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, se han encendido una serie de alarmas luego de que les ha quedado claro que atrás de las acciones de la Cofece no está ninguna autoridad financiera y, como diría alguien en corto, más bien les irrita bastante el modo en el cual se ha venido filtrando este proceso.

El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y los propios intermediarios financieros están coordinando lo que serán las explicaciones que deben darse sobre la creación de los formadores de valores, la manera en la que operan y, mucho más importante, si realmente se cometieron delitos en contra de la competencia.

Es claro que si la investigación no se realiza de buena manera, como hasta el momento se ha visto, no sólo no habría mejorías para los consumidores, sino que el mercado mexicano perdería profundidad en contra de las mejores formas de financiamiento en el país.

El tema ha dejado de verse con ojos de una investigación en proceso de buena fe y ahora la impresión es que tienen que protegerse en contra de la Santa Inquisición.

AFORES

La investigación que hizo la Cofece en contra de cuatro afores y 11 personas físicas debe ser vista como el parámetro de lo que se espera en el sistema financiero, es decir, nada bueno.

Por principio de cuentas sancionaron a las afores por una práctica que mediante las circulares de 2015 la Comisión Nacional del SAR avaló en contra del mejor interés de los trabajadores, la libertad económica y la eficiencia de este mercado. Si realmente hubieran buscando el mejor interés debieron recomendar a la comisión que preside Carlos Ramírez que corrigiera ese grave error.

En segundo término, traicionaron a los implicados que decidieron colaborar con la Cofece. De la multa les hicieron una rebaja del 30% sobre la máxima multa posible, incluso considerando que no hubo daño para ningún trabajador. De hecho, entre los intermediarios sancionados se esperaba que la sanción fuera de algo así como el 20% de la que les impusieron y que ahora tendrán que combatir en otras instancias.

De acuerdo con versiones privadas entre las instituciones investigadas, en todo momento la autoridad les prometió que si colaboraban y no ponían demasiadas objeciones, pues la multa sería sustancialmente menor. Sin embargo, se fueron con todo.

Mucho más allá de lo que hablaron en privado, los miembros de la Cofece optaron por multas que, según ellos, inhibirían la práctica (que es legal desde hace un par de años debido a los procesos equivocados de Consar), pero que en realidad buscan mandar un mensaje al resto de los agentes económicos.

Tristemente no es el correcto sino uno que podría interpretarse como nosotros somos la autoridad, bitches.