IFT lo vuelve a hacer

La diferencia abismal entre el nefasto trabajo que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se hace cada vez más evidente. Dos organismos emanados de la misma reforma constitucional que caminan de manera radicalmente diferente.

Mientras que la comisión que mal encabeza Alejandra Palacios filtra datos increíblemente específicos sobre una investigación en curso, violando el debido proceso, o el absurdo de ni siquiera informar a los reguladores del sistema financiero sobre el trabajo que está realizando, en el IFT siguen dando cátedra sobre cómo se genera mayor competencia dentro de un mercado y se cumple cabalmente con la ley.

Ayer se realizó el pleno del IFT en el cual se determinó, por unanimidad, descalificar a 14 postores que habrían resultado ganadores por uno o varios lotes de estaciones y se ordenó la ejecución de las garantías de seriedad. Se emitieron fallos a favor de 25 nuevas estaciones entre los grupos que venían en los lugares subsecuentes.

Es importante destacar que las bases de licitación planteaban, justamente, este esquema no únicamente para asignar lo más rápidamente el proceso, sino también para evitar que se pudiera descomponer el proceso que tiene como objetivo aumentar la competencia en la radio a favor no sólo de una mayor competencia entre empresas, sino de los consumidores y, sin lugar a dudas, una herramienta para profundizar la democracia al generar un mayor número de espacios para voces diferentes.

Si bien es cierto que se tiene que esperar a que estos ganadores paguen y cumplan formalmente todos los requisitos se estaría llegando a 147 nuevas estaciones de radio con lo cual crece sustancialmente la competencia dentro de este sector.

NUMERITOS

Los valores mínimos de referencia para las frecuencias licitadas eran de 53.3 millones de pesos. Este valor fue determinado con base en las prórrogas que han venido pagando los concesionarios, que a algunos les parecían muy elevadas. Hasta ahora se han captado 783.6 millones de pesos y se podría llegar a 1,072.2 millones de pesos.

Se pusieron en el mercado 191 estaciones de FM y se recibieron 147 posturas. Hasta el momento se han pagado contraprestaciones por 95 y podrían reasignarse 25 más como lo resolvió ayer el pleno del IFT.

En el caso de AM se pusieron a disposición del mercado 66 estaciones y se recibieron ofertas por 31. Se entregó contraprestación por 27 estaciones de radio.

TECNORADIO

En el pleno que se realizó ayer Gabriel Contreras y Javier Juárez participaron a través de videoconferencia puesto que se encuentran en Lisboa participando en la reunión del BEREC, que es la Red de Reguladores Europeos.

Hasta donde hay información disponible, el mensaje dominante de los miembros del pleno sigue siendo que tienen que procurar una mayor competencia dentro del sector de las telecomunicaciones a través del cumplimiento irrestricto de la ley sin ceder a ninguna clase de presión, venga donde venga.

Determinaron, por unanimidad, que su área jurídica debería presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República sobre la participación de Tecnoradio en la licitación, y aunque no mencionaron en esta plática a Javier Pérez de Anda y sus familiares, se investirá si fueron prestanombres. De hecho, los abogados del IFT presentaron por la tarde la denuncia que tiene como principal objetivo que sea la autoridad competente la que determine si los accionistas de Tecnoradio y algunos otros involucrados violaron la ley o no.

Una gran investigación periodística evidenció que había inconsistencias no sólo entre quiénes eran los accionistas de Tecnoradio. Primero se habló de Carlos Lara, funcionario público, y Alfonso Amilpa, quienes dijeron que le habían traspasado la empresa de una manera muy exótica a Alí Eduardo Bañuelos quien, evidentemente, no tiene capacidad financiera para realizar una oferta de 237 millones de pesos como la que hizo y no pudo cumplir.

La siguiente parte de la investigación vinculó a Pérez de Anda como posible figura atrás de los accionistas de Tecnoradio con la intención de violar las normas de la licitación que daban puntos extras a los nuevos entrantes.

La participación de Pérez de Anda se habría dado en un contexto de disputas entre los accionistas de Radiorama que les han llevado no sólo a una división de accionistas sino al intento, impedido por el IFT, de hacerse de estaciones de radio fuera de las leyes de competencia.

Será la PGR la que ahora determine si los accionistas de Tecnoradio mintieron al IFT, por lo que serían acreedores a sanciones penales y si está vinculado Pérez de Anda o algunos otros miembros de su familia.