Colegiado da revés a Banorte

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil de la CDMX, resolvió el 18 de mayo pasado otorgar el amparo al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en contra de una sentencia que otorgaba al fiduciario Autofin la separación de un crédito de Banorte de la masa de Oceanografía.

Estamos hablando de 617 millones de pesos que el banco que preside Carlos Hank González y que dirige Marcos Ramírez prestó en su momento a Amado Yáñez y que estaban depositados en un fideicomiso en Banco Autofin, el de Juan Antonio Hernández.

La sentencia, que tira la del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, salió por mayoría. Dos magistrados, Gonzalo Hernández y Ana María Serrano, votaron a favor de otorgar el amparo. En contra votó el magistrado Marco Polo Rosas.

La sentencia tiene relevancia, porque hace ineficaz el fideicomiso ante los concursos, tras aplicar la fecha de retroactividad (que son nueve meses) antes de la declaración del concurso, para bienes que no estén en posesión del concursado.

Lo anterior es aplicable únicamente a los actos en fraude de acreedores que deben ser declarados nulos, previa garantía de audiencia de los involucrados y no para las acciones separatorias.

Esa acción se ejerce cuando los bienes están en posesión del concursado desde la declaratoria de concurso Mercantil, con el objeto de proteger la propiedad.

En este caso el concursado se allanó y aceptó desde la contestación de la demanda, estar en posesión de dichos bienes y que el SAE recibió dicho numerario o patrimonio para usarlo en gastos de conservación de la empresa.

Es decir: todos confesaron que estaban en posesiones de los bienes que se pretendían separar, circunstancia que ignoró la autoridad y que el magistrado Rosas se opuso exponiendo sus conceptos sobre la improcedencia del amparo.

Más aún, este tema no era motivo de la litis, ya que nadie se defendió sobre este punto, faltando al principio de congruencia que toda resolución debe observar. Ello trae como consecuencia responsabilidad a los magistrados que votaron a favor y seguro escalará a instancias superiores.

Se buscará analizar su presunta responsabilidad y la constitucionalidad de dicha interpretación, porque de lo contrario se despojaría con facilidad a los fiduciarios de los patrimonios de los fideicomisos que son translativos de dominio o propiedad. Se justificaría una expropiación judicial que se hizo respecto del patrimonio del fideicomiso.

Existe la posibilidad de interponer una revisión constitucional para que la Suprema Corte de Justicia analice si esa interpretación es constitucional o, en su caso, interponer amparo contra dichos artículos de la ley concursal que violaría el derecho de propiedad al hacerlo nugatorio por una incorrecta interpretación.

Se ve que en estos casos el Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles, que encabeza María Esther Sandoval, se hace el ausente al no asesorar y auxiliar a la administración de justicia para que se haga una correcta interpretación de la ley.

ARRIBA CHIAPAS III

Nada nuevo bajo el sol. El IMSS y su director, Mikel Arriola, adjudicaron el grueso de los contratos valorados en más de tres mil millones de pesos de seguridad y resguardo de las instalaciones del organismo a la empresa que en este espacio le veníamos mencionando: la chiapaneca Servicios Industriales e Institucionales.

La compañía de José Luis Olguín efectivamente se llevó sin despeinarse las regiones 1, 2 y 7, que incluyen las delegaciones Ciudad de México Sur, Nivel Central, Estado de México Poniente, Estado de México Oriente y las unidades del Hospital Siglo XXI, amén de Veracruz, Tabasco, Campeche y  otras más. Sin duda es gran ganador.

A Olguín se le relaciona con Karla Pilgram, la delegada del IMSS en Tabasco, funcionaria que tiene muchas denuncias por tráfico de influencias y por estar protegida por gente con ascendencia en José Antonio González Anaya, el exdirector y hoy en Pemex. El otro ganador fue Protección y Alarmas Privadas, de Gabriel Bernal, que se quedó con la región 6.

SóLO SIGLO XXI

Pues sí, todo indica que la Comisión Federal de Competencia Económica retiró los beneficios de la inmunidad a Profuturo, de Alberto Baillères, y a Sura, que dirige Enrique Solórzano, por lo que les aplicaría el 100% de la multa.

Ambas iban por un descuento de 50% por supuestamente haber cooperado con el regulador divulgando detalles de la colusión con las afores Siglo XXI y Principal.

Sin embargo, nos aseguran que la instancia presidida por Alejandra Palacios consideró que la información no fue de mucha valía. De ser así, Profuturo tendría que pagar casi 300 millones de pesos y Sura 274 millones.

En esa tesitura sólo Siglo XXI, que dirige Juan Manuel Valle, habría obtenido un descuento de 25%, equivalente a cien millones de pesos. Muy buenos para la afore de Banorte de Carlos Hank González y el IMSS de Mikel Arriola.