Autos chocolate: ¿otra vez el cochinero?

Apenas el 7 de abril de este año, el SAT que jefatura Osvaldo Santín, emitió las nuevas reglas para la importación de autos usados y éstas fueron publicadas el 2 de mayo (Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017). A un mes de haber entrado en vigor, se repiten denuncias de corrupción que se supone, fueron prácticas “cercadas”.

Se supone que a México no debieran importarse autos “robados, siniestrados, salvage cars, con alto desgaste de motor provenientes de arrandadoras, chatarra (perdido permiso de circular por edad), inundados, incendiados y todos los …ados” que se le ocurra, pero lo real es que el mercado de autos usados en EU es tan grande que desplaza aproximadamente 1.5 millones de vehículos por año, y lejos de parar en las chatarrizadoras, se van a buscar los mercados del sur de Asia o África, donde pueden generar valor adicional aunque ello implique abaratar el desplazamiento de autos usados armados en países como México.

De hecho, la regla debería ser elaborada en coordinación con la SE de Ildefonso Guajardo, para que la Norma Oficial Mexicana NOM-122-SCFI-2005 relativa a las Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización y/o Consignación de Vehículos Usados, se combine con la Norma de Protección Ambiental (emisiones), la SCT para revisar la política de seguridad y condiciones físico mecánicas a cumplir, con la Semarnat para asegurar el cumplimiento de reglas ambientales y, finalmente en el seno de la Conago para asegurar piso parejo de norte a sur de la frontera.

En México, no tenemos Ley de Vehículos Usados como la que rige en EU, que vigile el interés del consumidor mexicano y no de las dealers y sus comisionistas en ambos países, lo que provoca que lo que legalmente no puede circular en EU lo haga en nuestro país. Ese negocio pasó de importar menos de mil vehículos promedio por año a cerca de 600 mil entre 1990 y el año 2012, siendo el periodo 2000-2012 el de mayor expansión del mercado de autos usados ilegales.

Y aunque la nueva regla de importación de autos usados, elaborada por la Administración General de Aduanas que encabeza Ricardo Treviño, forma parte del Proyecto Aduanas Siglo XXI que busca automatizar todos los procesos y obligación de las empresas importadoras (loteros o personas) y sus asesores aduanales, a obtener informes más robustos de la condición legal del vehículo importado, su estado físico-mecánico y la verificación vehicular, lo que hizo fue preservar “exclusividades”.

Esto porque lejos de conectar mediante software a la Aduana de México con el registro automotriz (como aquí el Repuve) de EU, para que se cheque en línea el historial del vehículo usado (individual o por lote) y sus condiciones legales (si es robado, si está dado de baja porque sufrió un siniestro grave, si tiene condiciones físico-mecánicas adecuadas o es un vehículo desplazado por arrendadora, el historial de emisiones ambientales), etc., en la nueva regla se decidió dejar en manos de “pre-validadores” que legalizan con los mismos —de pilón monopolios— un negocio demasiado sucio y que ha permitido en un solo mes, un aumento de casi 20% de la introducción de autos usados provenientes de EU. En la elaboración de la regla, nos dicen, participaron para su elaboración la CAAAREM, de José Antonio Vidales Flores, la ANIERM de Arturo Pérez Behr, la AMIA de Eduardo Solís y la AMDA de Guillermo Prieto, aseguran que el nuevo ordenamiento ha “cerrado el cerco de responsabilidad”.

Esto porque dirigen la sanción al proveedor registrado, al pre-validador y al agente aduanal, pero desde hace un par de años, la CAAAREM ha mantenido una relación directa con CARFAX Inc., de Richard Raines, el principal prevalidador registrado en EU, que tienen poco más del 90% del mercado de prevalidación con su acuerdo con CAAAREM, pues sólo se ha admitido a AutoCheck a pesar de que InstaVin ha buscado desde 2010 ser admitido. Cada vez que ingresa, le cierran el paso.

En EU, el Departamento de Justicia y su brazo de consumidor, tienen registrados a varios proveedores que poco a poco han ido desplazando a Carfax Inc., que tiene costos altos. Cobra normalmente USD 16.60, VinAudit cobra USD 9.99 por reporte; VinSmart con USD 9.95; CheckThatVIN con USD 2.95; InstaVIN con USD 6.99, AutoCheck del corporativo Experian Plc, que utiliza los mismos servicios de información que Carfax y también opera en México, además de cobrar USD 29.99; ReverseVINCheck y VIN Alert.

Todos ellos checan el VIN. Éste es el Número de Identificación Vehicular, que debe tener registrados y cotejados todos los eventos y reportes policiacos, de compra venta y de aseguramiento de los vehículos en EU. La regla del SAT obliga al agente aduanal a confirmar la información que emite el validador o certificador del historial del vehículo y a confirmar toda la información de las facturas de los proveedores en el extranjero, y por último, el certificado de verificación vehicular para que cumpla con la Norma de Emisión de Contaminantes.

Sólo que cuando la “cadena se integra”, difícilmente podrá la DGA-SAT confirmar lo que su certificador le está mostrando.

Aunque por escrito no se obliga a ningún importador a usar un prevalidador específico, a un agente aduanal o asociación en particular, en todas las modificaciones a la regla desde 2011 a la fecha, se incluyen cambios que excluyen a otros participantes diferentes de Carfax que tiene un acuerdo preferencial con la CAAAREM y, a AutoCheck que lleva Craig Boundy.

InstaVin, que dirige Jim Irish y es parte del Corporativo ACD que lleva Ernie Bray, listado en el NASDAQ (igual que Experian y Carfax), ha sido permanentemente excluido con cambios en las reglas de importación, y en la última regla se obliga a que el pre-validador sólo podrá presentar copia de contratos o facturas que acrediten que la empresa que emite el certificado se ha dedicado por lo menos durante los últimos 5 años a la proveeduría de antecedentes vehiculares.

Lo que es lo mismo, ni InstaVin ni ninguna otra más que Carfax y AutoCheck podrán ser utilizadas para la introducción de vehículos al mercado. ¿Será que la autoridad investigadora de Cofece le pudiera reactivar este expediente?