¿Y la competencia?

Hace unos días alguien me dijo sobre la presidenta de la Comisión Federal de Competencia: “Alejandra (Palacios) es buena persona, pero de pronto se le chispa mal”.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Ella no puede ser más grande que la institución, en la que, si no sucede nada positivo, se mantendrá cuatro años más a partir de septiembre como presidenta.

Las acciones notoriamente equivocadas en esta autoridad reguladora no son producto de los caprichos de una persona. Tristemente es una visión equivocada del trabajo que deben realizar no únicamente los comisionados, sino también quienes integran esta comisión, los que según parece, no comprendieron el espíritu de la reforma constitucional.

Cuando el Pacto por México, en el que estaban todos los partidos políticos, inició las reformas estructurales, puso en el centro de cualquier cambio constitucional a las personas y no los procesos o los sectores económicos.

La reforma constitucional a las telecomunicaciones y la competencia económica, que dio como origen la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, evidentemente tenía ese espíritu: Poner al consumidor al centro de cualquier acción.

Quienes integran los plenos de ambos organismos fueron seleccionados mediante un examen que diseñaron tanto el Inegi como el Banco de México, en los que el Presidente hizo postulaciones con base en los mejores perfiles.

Por alguna razón, en el caso del IFT funcionó perfectamente el mecanismo. Se entendió que los consumidores deberían ser el centro de cualquier acción que tomara la autoridad. Los resultados están donde importan, en el bolsillo de los consumidores, quienes han visto incrementarse los servicios, aumentar su penetración, crear un mayor número de competidores, disminuir los precios y, en general, crear mercados mucho más eficientes.

La comparación no tiene que ver con las grillas ridículas que tratan de ver algunos, quienes pretenden evadir el costo de sus acciones o, con una gran pequeñez, suponer que hay campañas atrás del análisis superior.

HECHOS

Las acciones de la Cofece muestran una propensión a preocuparse por los procesos, el cumplimiento obsesivo de normas burocráticas y, en general, demostrar que son muy fuertes mediante la aplicación de las máximas multas posibles, creyendo que eso inhibirá las prácticas, cuando, en realidad, genera incentivos para que los sancionados judicialicen los procesos sin que eso implique mejorías para los consumidores.

Entre las acciones que ha tomado la Cofece destacan algunos graves errores, como intentar regular la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mediante obstáculos a la alianza entre Delta y Aeroméxico, que evidentemente beneficia a los consumidores, o recurrir directamente a las autoridades de Estados Unidos para buscar resolver un problema de saturación del AICM, pidiendo que lo hiciera una autoridad de otro país.

La absurda y excesiva multa a cuatro afores y 11 personas físicas por incurrir en prácticas que desde 2015 han sido equivocadamente avaladas por la Consar, con la que no se coordinaron en la investigación. En ese caso, terminaron con el programa de testigo protegido, porque a pesar de la cooperación de los investigados, las multas fueron desproporcionadamente altas.

De hecho, los sancionados han recurrido a tribunales buscando la protección y el amparo de la justicia. Más allá del relumbrón que lograron habrá que esperar para ver el fin del proceso y determinar en cuánto quedaron las sanciones.

No pueden presumir que mejoraron la competencia a favor de los consumidores, puesto que no mejoró un ápice la libertad de cambio de afore para los trabajadores o los precios y comisiones que se cobran.

Prácticamente no pasa semana sin que anuncien una sanción ejemplar en contra de algún sector de la economía, como fue el caso de las navieras la semana pasada o esta una multa a Pemex por no haber cumplido una serie de compromisos para abrir el sector y que cometió el grave pecado de no publicar alguna resolución en dos periódicos.

La multa, que otra vez es desproporcionada, superior a los 398 millones de pesos, adolece de los mismos problemas que otras: Es excesiva y no se analizaron debidamente los argumentos de la empresa productiva del estado. No tenga ninguna duda de que los abogados de Pemex recurrirán al amparo.

Las multas de la Cofece tienen varios problemas estructurales: No mejoran las condiciones de competencia a favor de las personas; son excesivas y, por lo tanto, generan la judicialización de los procesos.

Hacen evidente la soberbia institucional que les hace tomar acciones profundamente equivocadas como filtrar datos sobre la investigación en curso sobre prácticas en el sector financiero y enfrentarse con la Secretaría de Hacienda y Banco de México, en la que Cofece saldrá perdiendo.