Quintana Roo, muchos callos que pisar

El gobierno de Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, encontró diversos asuntos sin resolver desde administraciones pasadas. Uno de ellos ha sido el eterno problema de la caleta de la isla de Cozumel. Desde hace más de 40 años, diversos lugareños decidieron invadirla y comenzar a prestar servicios de buceo y de pesca, a usuarios locales y turistas.

En el año 2009, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) comenzó a planear la construcción de una marina en sus terrenos dentro de la isla, con el fin de explotar la zona y volver a contar con un desarrollo turístico de altura como en la época de los años 60 y 70, cuando llegaban a esa isla embarcaciones, cuyos tripulantes dejaban al lugar una importante derrama económica. La idea era y es construir más hoteles, hacer una marina, y hacer desarrollos alrededor que generaran una mayor derrama turística, empleos y crecimiento para la zona.

Sin embargo, al inicio de los proyectos de la Marina, Fonatur se dio cuenta de que sus terrenos no contaban con acceso al mar. Por ello, buscaron a los directivos del Hotel Presidente Intercontinental, quienes son vecinos del proyecto y eran propietarios de las tierras que requerían.

El 4 de marzo de 2011, las autoridades involucradas, entre ellas Fonatur, la API y el municipio de Cozumel, firmaron tres convenios donde el Hotel Presidente donaría a Fonatur casi 20 mil metros cuadrados, para que ésta pudiera tener acceso a su marina. A cambio, el Hotel Presidente recibiría en concesión la Caleta de Cozumel, localizada entre los terrenos del hotel y la propia marina. Finalmente, un año después la Marina de Cozumel fue inaugurada el 15 de marzo de 2012, por el presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, a más de siete años de firmados los convenios, el Hotel Presidente no ha recibido la concesión de la caleta, pues sigue ocupada por “permisionarios” que cobran como negocio alrededor de cien millones de pesos, según un censo levantado recientemente por el gobierno de Quintana Roo.

Nos cuentan que son tres los dirigentes que por más de 40 años han cobrado a los usuarios de la caleta el uso de lugares para estacionar sus embarcaciones, el cobro de buceo y pesca, además de otros servicios como recolección de basura, luz, agua y expendio de gasolina y diésel clandestino.

Al parecer, los líderes recogen a los turistas en sus automóviles privados, operan como taxistas sin contar con los permisos, desde el puerto de embarque, en el muelle donde atracan los grandes cruceros o los ferries provenientes de otros lugares cercanos.

Fernán Salazar Medina, Felipe Romo Cordero y Ramón Escalante Cervera son los tres principales líderes del caso de la Caleta de Cozumel. El primero siempre ha tenido aspiraciones políticas, de hecho, intentó lanzarse como presidente municipal independiente, registrando tan sólo 600 votos en las pasada elecciones. Felipe Romo se desempeñó como director de Ecología de la presidencia municipal de Cozumel entre 2005 y 2008. Por su parte, Ramón Escalante se desempeña como actual dirigente del PRD en la isla de Cozumel.

Entre los tres han tejido todo un entramado legal para que no los desocupen de la caleta de Cozumel y les retiren de su jugoso negocio, a pesar de que las autoridades les han ofrecido reubicarse a otros lugares, incluyendo a la propia marina que está bajo la administración del Fonatur, que dirige Miguel Alonso Reyes, y como siempre, presentan sendos amparos para evitar el desalojo de la zona y perder su minita de oro.

De pilón, pasa de noche para la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, a pesar de que la mayoría de las embarcaciones que hoy se encuentran en la caleta de Cozumel no cuentan con permisos turísticos para operar en la zona, algunos presentan matrículas clonadas, como el caso de los catamaranes de Felipe Romo, lo que constituye un delito federal.

Es tal la ilegalidad de su operación que no cuentan con seguro en caso de accidentes como exige hoy la normatividad turística, pues los turistas (sobre todo nacionales) acuden a la caleta a que les presten el servicio de buceo o de pesca, y se los dan, pero no cuentan con algún tipo de cobertura –ni responsabilidad civil–, lo que representa un riesgo latente ante una inminente tragedia.

Apenas el pasado 26 de junio, el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Francisco Xavier López Mena, y la Administración Portuaria de Cozumel, encabezada por Alicia Ricalde, publicaron una convocatoria para que todos los miembros de la Agrupación de Posesionarios y Marineros de la Caleta se regularicen y procedan a la reubicación de los espacios que les tiene designados el gobierno estatal.

Sin embargo, los permisionarios desafiaron al gobierno e ignoraron dicha convocatoria. Y claro, dado que se estima que su verdadero negocio asciende a casi cien millones de pesos al año, operar en la ilegalidad puede resultarles más rentable.

Y el gobierno de Carlos Joaquín, enfrenta tantos frentes abiertos, que sus detractores la tienen fácil usando redes sociales para lanzar amenazas a un gobierno estatal  que decide combatir la inseguridad. Todo mundo supone que el “movimiento de redes sociales de autodefensas” tiene dueño y está en Panamá, pero sólo basta voltear a la caleta y en realidad puede tener más de un promotor.

DE FONDOS A FONDO

#CampañasAdelantadas… Hay preocupación en el sector económico por lo que se advierte como un “relajamiento declarativo” en la jefatura hacendaria. Son tantos los riesgos no resueltos, como el de la consolidación de las finanzas públicas, que requiere ser sostenible y creíble, que temen que la distracción en busca de la candidatura presidencial, pueda generar una estampida de inversionistas sentados en miles de millones de pesos de bonos gubernamentales si advierten que el ajuste es de agujeta y no de cinturón.