Divorcio institucional

El Financial Times hizo un análisis de los tratados que se anularían de inmediato al salir el Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE). 759 convenios conteniendo normas técnicas y fitosanitarias, cuotas agrícolas, trámites aduanales, derechos de aterrizaje y mucho más, que deberán renegociarse con 168 países.

Esto da idea de la complejidad y el costo de este divorcio, que los británicos bautizaron Brexit, sólo en cuanto a los tratados que la UE negoció desde su acceso en 1973, pero hay que sumar la formidable cantidad de protocolos que hoy norman toda la interacción entre ambas partes. 

Esta historia viene a cuento para Norteamérica en el umbral de la renegociación de su Tratado de Libre Comercio. Los gobiernos ya iniciaron audiencias públicas, el martes pasado en EU en un circo eterno de 12 horas por sesión, con quienes apoyan el TLC y sus más rabiosos detractores. En México, la Secretaria de Economía realiza sus consultas por internet.

La UE y el TLC son entidades bien distintas, pues la primera no sólo implica la liberación del comercio en la región y la definición de normas y estándares comunes, como el TLC también lo hace, sino que optó por una unión política, económica y monetaria –ésta última excluye al RU y 10 países más miembros de la UE.

Quienes propusieron Brexit, lo hicieron mendazmente prometiendo que la salida del RU restauraría su plena soberanía y capacidad de gobierno autónomo, rompiendo las cadenas que lo ataban a una ciega burocracia en Bruselas que intervenía en exceso en su economía. Esta promesa no es muy distinta a la de Trump de rechazar todo tratado comercial para “hacer a EU grande de nuevo”.

Esto presagia que tanto el Brexit como un eventual rompimiento del TLC pudieran tener talantes similares, como se aprecia en los siguientes escenarios:

Se anulan los acuerdos sin nada que los remplace. En el caso del TLC ello implicaría la ruptura, o al menos un grave daño, a las cadenas productivas que se han integrado desde que empezó a operar; la cancelación de acuerdos de cooperación aduanera significaría el caos en el comercio fronterizo y el tráfico aéreo, al tiempo que el autotransporte dejaría de fluir entre fronteras. Ello probablemente encienda severas presiones proteccionistas en México.

Se regresaría a la situación prevaleciente per-TLC con niveles tarifarios aceptados por la OMC, suponiendo que EU no rompa con el órgano regulador del comercio mundial como ha amenazado.

LOS COSTOS DE ESTA OPCIÓN SERÍAN DEVASTADORES.   

Se mantiene un acuerdo de libre comercio limitado. Si EU insiste en proteger ciertas industrias con cuotas, precios administrados, aranceles o prohibición a las importaciones, como ocurrió recién en la fatal negociación azucarera, la probabilidad de que México adopte medidas recíprocas es alta, lo que podría desembocar en una guerra comercial de costos incalculables. Habría que ver qué pasa con el libre comercio en servicios en el que México tiene un déficit considerable, si EU insiste en equilibrar su balanza comercial en mercancías.

Se imponen a México acuerdos laborales y ambientales drásticos y forzosos, como lo exigen los sindicatos y sus aliados, lo que es inaceptable, pues obligaría a fijar salarios por decreto sin vinculación alguna con la productividad de la mano de obra, que es lo que explica la brecha entre los sueldos entre los países. Algo similar sucedería de forzarse a México a adoptar estándares ambientalistas extremos, como los que hay en California.

Éstos son unos cuantos brochazos de los escenarios posibles en la negociación por venir, opciones que México debe estudiar a fondo para alistar sus posiciones ante las propuestas de las contrapartes. De paso, debe prepararse para ofrecer alternativas que eleven la competitividad del área, como convertir el TLC en una unión aduanera.