Sofipos, evolución que no ha sido bien leída

PUERTO VALLARTA.—La Tercera Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), cuyo consejo directivo encabeza Guillermo Colín García, se queda con la convicción de que es un subsector financiero en plena expansión y consolidación.

Lo notable es que suman 45 sofipos autorizadas (25 agrupadas en la Amsofipo, que dirige Miriam Chávez), pero los bancos de desarrollo Fira, Bansefi, Nafin, FND y SHF reportan que fondean a diez por ciento de ellas, esto es, una decena ha desarrollado mayor grado de madurez institucional y se encuentra clasificada entre nivel de operación III y regulación prudencial 4, aunque —como en todo el sector de financiamiento al consumo y microcrédito— se está presentando un aumento de cartera vencida (la morosidad aumentó de 8.9 por ciento a diez por ciento), y sus clientes —de acuerdo con los datos del Buró— están ligeramente más apalancados.

Pero al estar mayoritariamente documentada la cartera en créditos grupales, el periodo en que los clientes incurren en morosidad es de 40 días, mientras que en el resto de los intermediarios, incluyendo los bancos, supera los 60 días.

De acuerdo con la Dirección de Análisis del Sistema Financiero, a cargo de Alan Elizondo, en el Banco de México, las sofipos están penetrando, efectivamente, ahí donde los bancos de red y capacidad no llegan, tanto en municipios como en zonas urbano-populares.

Sin embargo, enfrentan cinco desafíos importantes. El primero es el regulatorio, pues desde hace dos años sus reglas de capital, solvencia y liquidez se han ido pareciendo más a las de un banco, lo mismo que sus exigencias de información regulatoria. Esta exigencia no reditúa en una diferenciación de trato entre la gama de demandantes de fondeo en los bancos de desarrollo.

El segundo es el de los piratas financieros, que hace todavía más disparejo el suelo. Si considera el proceso de consolidación que han tenido las sofomoes que pasaron de más de cinco mil a cerca de mil 200 registradas en el padrón de Condusef (y de éstas, menos de la mitad se registran como activas), una buena parte de las “no autorizadas” se transformaron en sociedades anónimas y pasaron a formar parte de la supervisión de Profeco, la que no tiene ni las capacidades institucionales reales ni los recursos para hacer frente a la intermediación irregular.

La otra cara del pirataje es que aun cuando no son reguladas, reciben recursos de los fondos de fomento (particularmente los que tienen componentes de garantías a primeras pérdidas) tanto estatales como federales.

El tercer desafío es que se retome el trabajo para concretar el expediente único para los bancos de desarrollo, pues aun cuando tienen vocaciones distintas, llegan al extremo de pedir diferentes formatos o registros para un mismo fin. Por ejemplo, un banco puede pedir el código fiscal citado por el Inegi para registrar la unidad económica, otro el postal y otro más el código del Registro Nacional de Población, lo que verdaderamente no tiene lógica.

De ahí nos vamos al cuarto desafío: los plazos y costos de fondeo reales. La más antigua tiene 11 años y las dos más recientes aún están en proceso de iniciar operación, pero lo mismo se exige en requisito a una sofipo cuya cartera tiene más de 100 ciclos de crédito, que a una que tiene cinco o diez, y se continúa exigiendo en toda línea de fondeo entre 25 y 30 por ciento de garantías líquidas que se descuentan de la línea al momento del depósito.

Esto provoca que el crédito a la población objetivo tenga un costo extremo, pues estos intermediarios pagan el capital que destina el banco de desarrollo en reservas, además de la tasa que es considerablemente mayor a la de un banco de nicho y, por el otro lado, se castiga el fondeo proveniente de ahorradores a quienes el pagar tasas de TIIE más cinco o más diez, los convierte en blanco de toda la crítica. Para una sofipo, el pago a un cliente de esa tasa de ahorro es inferior que la tasa efectiva, compuesta y consolidada a la que le presta un banco de desarrollo.

Otro desafío tiene que ver con la ausencia de recursos de crédito para inversión de largo plazo, de manera que se facilite su transición tecnológica-digital, pues para expandirse requieren invertir parte de su capital ante la ausencia de financiamiento de capital de trabajo (no sólo fondeo de intermediación), en plazo y tasa adecuada, para fondear plataformas modernas que mejoren la gestión del negocio, un mejor conocimiento del cliente, diseño de productos diferenciados, desarrollo de medios de acceso y pago y, sobre todo, mejorar la administración del riesgo de impago de una cosecha de crédito sino el potencial de crecimiento de la demanda y capacidad de pago de los clientes.

Finalmente, la petición a Santaclós: que se restablezcan subastas de garantías, o al menos que se reduzca el porcentaje de garantías líquidas exigidas, que se sustituya el sistema de líneas de crédito únicas por líneas de crédito revolvente que permita reducir el 1.6 años que toma documentar cada línea de fondeo y, más aún, que se elimine la sobre tasa “no revelada” que se impone al fondeo de las instituciones de fomento al sector.

Y por último. Si usted ve que en Nafin, de Jacques Rogozinski, trabaja con seis sofipos, Fira con 12, la FND con cuatro, Fifomi con ninguna, SHF con una con cara de tres, y Bansefi con cinco, no puede sino llegar a la conclusión de que el sistema de sofipos debe ser parte fundamental de la prioridad de estas instituciones de fomento.