Crecen diferencias en Los Cabos por la inseguridad

Hace unos meses, un grupo de empresarios de Los Cabos se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para externarle su preocupación sobre los problemas de seguridad en este destino.

Encabezados por Ernesto Coppel, presidente de Grupo Pueblo Bonito y expresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, su propósito era analizar a fondo este problema con la máxima autoridad en materia de seguridad nacional.

Con lo que no contaban era que Osorio tomaría en ese momento el teléfono y le hablaría al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, quien no estaba enterado de la cita, para informarle de este encuentro.

Desde una perspectiva política este último evitó distanciarse con la máxima autoridad en el estado; aunque los empresarios advirtieron que no se cumpliría su propósito de conseguir un respaldo de las autoridades federales más allá de lo que estaba pasando localmente.

De entonces para acá, el tema de la inseguridad en Los Cabos, al menos, no ha crecido e, incluso, podría decirse que se está acotando, lo que no significa que está resuelto.

Sin embargo, las relaciones entre los empresarios relevantes de la entidad y el gobernador Mendoza no son las mejores, no obstante que tampoco se puede hablar de un enfrentamiento.

Es un hecho que la Gendarmería, auspiciada incluso con recursos privados, y la Marina han hecho un trabajo serio para contener básicamente que la disputa por el territorio de Baja California Sur entre dos grupos del crimen organizado se convierta en una amenaza contra el turismo.

Pero también es verdad que los eventos de violencia siguen ocurriendo y que el problema no se ha solucionado ni se solucionará, pues es imposible acabar con la oferta de estupefacientes mientras haya demanda de ellos.

El hecho también es que no hay una relación amable entre empresarios locales y el gobierno estatal.

Por ejemplo, a los primeros les preocupa que sus empleados hayan sido y sigan siendo víctimas de robo en casa habitación, un delito que crece y que parece incontenible.

Allí no hay más que apelar a una policía estatal profesional, que tiene años de rezago en el estado, sencillamente porque estos delitos eran irrelevantes y hace apenas unos años, todavía era común dejar las puertas de las casas abiertas.

Sin duda, fue un avance de la administración de Mendoza haber concesionado los centros de convenciones de Los Cabos y La Paz a una alianza entre particulares, en la que participa el Institución Ferial de Madrid  (IFEMA) que organiza todos los años la Feria de Turismo de España (Fitur).

El problema es que los empresarios consideran que dichas instalaciones son en el fondo dos elefantes blancos, que fueron construidos a un costo excesivo y sin ninguna planeación por otros gobiernos y que ahora las prioridades son otras.

Dicen que hoy en La Paz sería mucho más relevante contar con una Academia de Policía que con un centro para el turismo de reuniones, que no atenderá un mercado relevante.

El turismo de Los Cabos es una “gallina de los huevos de oro” y sería dramático que terminara hecho “potaje” por ésas y otras diferencias.

 

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