Carlos Velázquez

Veranda

Carlos Velázquez

13 Jul, 2017

Un fondo de seguridad en destinos turísticos

Probablemente será a través del aumento en el monto del cobro por el aprovechamiento de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), como se financiará el nuevo programa para reforzar la seguridad en los destinos turísticos mexicanos que impulsa la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid.

Aunque también podría sumarse una parte del impuesto al hospedaje; el cobro de impuestos a las nuevas plataformas de economía compartida y hasta un impuesto local a negocios turísticos.

Un incremento en el monto a la Zofemat, que pagan hoteles, restaurantes y otros negocios que se benefician de los frentes de playa en los destinos; seguramente sería trasladado a los viajeros a través del precio de sus servicios.

La competencia debería ser un freno en sí mismo, pues los destinos mexicanos no sólo se disputan el mercado entre ellos, sino con muchos otros lugares en el mundo.

Hoy, debido a la debilidad del peso frente al dólar, los destinos mexicanos se han hecho mucho más asequibles para los extranjeros que tienen ingresos en esa moneda.

Situación en la que tienen ventaja desde hace tiempo quienes obtienen sus recursos en euros o libras esterlinas.

Podría decirse que el momento es oportuno, pues en los últimos años la demanda hacia los destinos turísticos mexicanos ha aumentado consistentemente; además de que el país ha recuperado posiciones hasta ser de nuevo el octavo más visitado.

Tratar de hacer un movimiento como éste en un periodo de declive económico global, o en un escenario de caída en la llegada de los turistas, sería mucho más complicado.

Pero, además, resultará importante que dichos recursos no sólo se apliquen para fortalecer la seguridad, sino que se enteren a tiempo y se haga un uso eficiente de los mismos.

En el pasado, cuando nació el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y se estableció el entonces llamado Derecho de No Inmigrante (DNI), tuvieron que pasar varios años para que se “etiquetaran” y se enteraran a tiempo los fondos.

Lo que sucedió al principio fue que la Secretaría de Hacienda metió esos recursos a la “revolvedora” de los ingresos fiscales y entonces el derecho llegaba a cuentagotas y además con un desfase de muchos meses entre su captación y entrega para la promoción turística.

El tema de la seguridad es apremiante y no debería estar sujeto a la buena o mala voluntad de las autoridades hacendarias.

Si ya todo esto muestra algunos elementos sobre la complejidad del potencial fondo de seguridad en destinos turísticos, el otro aspecto es cómo darle realmente capacidad de decisión a los empresarios y a la sociedad civil para que influyan en la instrumentación.

En un escenario de recursos limitados, la capacitación, la tecnología y el equipamiento sólo garantizan en parte el éxito.

Igual o más importante es fortalecer la presencia del Ministerio Público y la policía en los destinos, lo que también lleva a identificar cómo mejorar su calidad de vida y garantizar la de sus familias como base para prevenir actos de corrupción.

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