Un nuevo reto para el IMSS

El Consejo de Salubridad General, que preside el secretario de Salud, José Narro, vota esta semana para integrar medicamentos al cuadro básico, momento clave para la industria farmacéutica, porque en gran medida, de la inclusión de medicamentos genéricos o innovadores en éste, depende la política de compras del sector público.

La megacompra de 2016 rondó los 50 mil millones de pesos y, si bien se ha traducido en importantes ahorros para los participantes (IMSS e ISSSTE, hospitales del sistema de salud pública y 17 entidades federativas) y lo ahorrado superó los 10 mil millones de pesos en genéricos, dispositivos médicos, medicina de patente, etcétera.

Sin embargo, en la industria se piensa que la forma en que se privilegió el ahorro en costo, se sacrificó la inclusión de los medicamentos en cuadros básicos, de alternativas que pasen de la curación a la prevención y control de padecimientos crónico degenerativos, en los que se ha incrementado el gasto en salud y pareciera obligar a repensar la estrategia vigente.

Cuando se analizan resultados como los que mostró la semana pasada el IMSS, que dirige Mikel Arriola, se observa que la política no sólo tiene el frente de medicamentos, pues el superávit de casi seis mil 400 millones pesos, el mayor en 11 años, se alcanzó por varios frentes, el más importante el aumento del empleo formal y de la base de contribución, mejor administración de recursos escasos y compra asertiva de medicamentos.

Estas cifras muestran el éxito en el control de gasto dentro del IMSS. Los ahorros permitirán invertir en otras áreas importantes como infraestructura (hospitales y clínicas), ampliar beneficios sociales y adquirir más y mejores medicamentos.

En este sentido, los ahorros en las compras de medicamentos que conforman el cuadro básico de medicamentos han sido significativos y si considera que el consejo recibió el año pasado 153 solicitudes de inclusión, de las cuales 107 fueron medicamentos, de ese total se registraron 30 inclusiones nuevas, 42 modificaciones y una exclusión.

Hay dos cambios de visión sugeridos y podrían permitir al sistema de salud y al país reducir gastos financieros que representan algunas enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otras). El primero es orientar la compra a medicamentos, instrumental, material de curación o auxiliares de diagnóstico que prueben ser más eficaces en el control de las enfermedades, más que en el menor costo de medicinas, instrumental, etc.

Y segundo, el tema del pago. El sistema de compra consolidada establece la referencia de precio para los participantes, pero no asegura el pago oportuno a los ganadores, lo que no ha erradicado —sobre todo en los institutos de salud— el problema de reducción en los suministros de medicamentos porque los contratos no obligan a la gratuidad. Creo que una buena práctica podría ser que el pago del contrato fuera liquidado centralmente, porque no habría tentaciones de “administración” para cubrir otros gastos ni tampoco desvíos.

Si el IMSS gastó 81 mil 59 millones de pesos el año pasado en enfermedades de alto impacto (Informe sobre situación Financiera del IMSS 2015-2016) debido a los costos de incapacidades, gastos de hospitalización de emergencia, así como el presentismo laboral, pacientes improductivos o el tiempo que familiares en edad productiva deben de dedicar a su cuidado, es evidente que el sistema debe probar soluciones distintas que tal vez combinen medicamentos de última generación con genéricos, y cierren la pinza con el pago. Si el laboratorio cumple en tiempo y forma y prueba resultado, recibe pago oportuno.

DE FONDOS A FONDO

Ya le platicaba de la nota diplomática que el gobierno estadunidense de Donald Trump envió hace unas semanas al gobierno de México en relación a las nuevas disposiciones que se aprobaron en defensa del consumidor.

Le puedo confirmar que esta nota causó revuelo no sólo en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de Gerardo Ruiz Esparza, sino también en la cancillería de Luis Videgaray y en la Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid.

Pareciera que nadie —gobierno federal y aerolíneas— revisó la reforma que fue aprobada por diputados y senadores en el último periodo de sesiones y las contradicciones que existen entre la legislación nacional y los tratados internacionales.

Al margen de las declaraciones de los funcionarios de la SCT no existe un documento mediante el cual quede claro que en todos los casos se impondrá lo que señalan los acuerdos internacionales, no sólo para poder dar la libertad tarifaria en el caso del cobro del primer equipaje, sino también para realizar otro tipo de modificaciones en beneficio del consumidor.

En este punto resulta inevitable recordar que aún cuando había un sinnúmero de iniciativas para mejorar el marco de defensa del consumidor, fue la Cámara Nacional de Aerotransporte, que lleva Sergio Allard, quien puso el tema en la mesa de discusión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado. Ahí se le sumaron otras iniciativas, que no habían prosperado, entre ellas la del diputado Miguel Ángel Salim del PAN. En opinión de varias aerolíneas nacionales esta propuesta debió de esperar hasta que no fuera consensuada con los funcionarios de la Subsecretaría de Transportes, de Yuriria Mascott, sin embargo esto no ocurrió.

El conflicto diplomático no sólo alcanza al mercado estadunidense, que por su participación de mercado es el más importante, también alcanza a otros países con los que México tiene una estrecha relación comercial, como es el caso de Europa y Latinoamérica. Hasta el día de hoy nadie en la industria aérea ha logrado consolidar un liderazgo ni tampoco una propuesta para que el inicio de la aplicación de la reforma sea transitable tanto para aerolíneas como para pasajeros.

Finalmente, la actuación de la Profeco, a cargo de Rafael Ochoa, lejos de conciliar las diferencias se encargó de polarizar las posiciones. Se espera que la propuesta que guarda para publicar una serie de folletos para los consumidores en las próximas semanas, clarifique la posición del gobierno federal y permita a las aerolíneas operar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia.