Institucionaliza Pemex el espionaje

Ahora que el espionaje está en boga por los casos de los softwares Pegasus y Hacking Team, parece que algunas dependencias quieren legalizar la intromisión de sus tentáculos en la privacidad de sus empleados.

A este reportero llegó, la semana pasada, la denuncia. Se trata de una suerte de institucionalización del espionaje. En el banquillo se pone a Pemex, que en aras de encontrar donde no están los culpables de los actos de soborno de Odebrecht, está incurriendo en excesos.

Resulta que la exparaestatal contrató a los despachos Hogan Lovells y a Ernst & Young para que lleven a cabo una “auditoría forense a electrónicos” de algunos de sus funcionarios, particularmente a los adscritos a sus subsidiaria Pemex Transformación Industrial, que maneja Carlos Murrieta Cummings.

La indagatoria la arrancó a principios de este mes José Antonio González Anaya por el caso de Odebrecht. Dicen algunos que el director general reaccionó a destiempo y que su enfoque está perdido, pues los 70 funcionarios objeto de esta pesquisa no fueron beneficiarios de los malos manejos.

Dicha auditoría se ha traducido en una afectación a los derechos humanos de decenas de trabajadores de confianza que laboran en Pemex, debido a que, primeramente, el gerente del jurídico, Enrique Román, les manifestó que se trataba de una auditoría interna.

Les dijo que era una acción promovida desde el Órgano Interno de Control de Pemex, para después dejar a los funcionarios con empleados de los despachos Hogan Lovells y Ernst & Young, los cuales incluso traen del extranjero y se dan el lujo de intimidar a los servidores públicos mexicanos.

Les exigen la entrega de los teléfonos y demás dispositivos móviles como tablets o computadoras personales, las cuales posteriormente revisan y auditan. Cabe destacar que tanto los celulares como las computadoras son de uso personal, esto es, no tienen relación con sus funciones en Pemex.

Con estas acciones emprendidas por Pemex se están vulnerando derechos humanos de los funcionarios que laboran para la petrolera mexicana, ya que Hogan Lovells, que lleva aquí Jorge Yáñez, ha tenido acceso a toda la información personal que estos funcionarios poseen en sus dispositivos.

Esta prestigiada firma estadunidense desembarcó en México en 2014, tras asociarse con el no menos reconocido bufete Barrera, Siqueiros, Torres Landa, que encabeza José Luis Siqueiros, para aprovechar las oportunidades que abre la Reforma Energética y demás reformas estructurales.

Por su parte, Ernst & Young, que dirige Francisco Álvarez, no requiere tampoco de grandes presentaciones. Una de sus especialidades es justo la auditoría forense. Su exdirector, Alberto Tiburcio, es actualmente consejero independiente de Pemex.

No está de más decir que, por supuesto, González Anaya y su equipo hacen esta auditoría sin ninguna clase de autorización judicial, lo que podría meterlos en un grave problema legal.

CANACAR-ANTP

La inseguridad en México provoca pérdidas a la economía mexicana por más de dos mil millones de dólares en vidas humanas, robo de autos, autotransportes, mercancías e inmuebles. Y durante el fin de sexenio las cosas van a agravarse.

Algunos prestadores de servicios financieros como bancos, aseguradoras, afianzadoras, sofomes, sofipos e incluso vendedoras de autos han retraído o suspendido su actividad empresarial en algunas ciudades de los estados de Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Sinaloa.

Un botón de muestra de que la inseguridad permea todas las actividades de la vida pública y la falta de aplicación del Estado de derecho, es que, en el colmo de la desfachatez, corrupción e impunidad, hay partidos políticos que utilizan autos robados en sus campañas políticas.

Aunado a que el sistema de justicia penal acusatorio no funciona al 100% en robo de vehículos, es que se dan esos fenómenos. Se estima que en robo de autos asegurados y no asegurados el daño será de 26 mil millones de pesos al final del año y todo apunta a que, el próximo, esta cifra aumentará.

Por lo que se refiere a pérdida por transporte de mercancías, los organismos empresariales como Canacar y ANTP, que presiden, respectivamente, Rogelio Montemayor y Alex Theissen, el daño alcanza los 13 mil 600 millones de pesos.

Estudios del sector privado, particularmente del CCE, que preside Juan Pablo Castañón, estiman que la inseguridad tiene un costo del 9% del PIB. De acuerdo con información de la Canacar, el robo a camiones de carga aumentó 139% en los primeros tres meses de este 2017.

ASPEN LABS

Por tercer año consecutivo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de Guillermo Haro, y la Semarnat, de Rafael Pacchiano, entregaron el Reconocimiento de Excelencia Ambiental a Aspen Labs, que en México dirige Raúl Camarena, y que distribuye anualmente 6.7 millones de latas de fórmulas infantiles por un valor de más de 140 millones de pesos a 16 entidades gubernamentales.