Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

19 Jul, 2017

Aldesa y Epccor deben pagar

Comúnmente la explicación más simple es la correcta.

Esa es la historia en el caso del socavón que se hizo en el Paso Exprés o Libramiento de Cuernavaca y que provocó la muerte de dos personas la semana pasada.

Todo se remonta al inicio de esta administración, cuando los gobiernos federal y de Morelos comenzaron a prospectar la idea de construir una vía rápida que uniera las autopistas México-Cuernavaca y la Autopista del Sol, lo que resolvería el tráfico de paso y la movilidad urbana en la capital del estado.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido como Banobras, realizó estudios que determinaron la viabilidad de ampliar los carriles de la vía existente, separando a los usuarios locales de los llamados de “largo itinerario”.

Esta ampliación, proyectada ya una vez que Enrique Peña Nieto ganó las elecciones y que tocó a Alfredo del Mazo Maza, hoy gobernador electo del Estado de México, consistió en llevar la vialidad de cuatro a diez carriles, situación que se lograría a la postre, el 5 de abril de este año para ser exactos.

Los beneficios fueron evidentes: por un lado, la reducción del tiempo de traslado fue considerable, sobre todo en fines de semana y temporadas vacacionales; por otro y no menos importante, en términos de construcción resultaba la mejor alternativa, tanto ambiental como en monto de inversión.

Dicho de otra manera: la ampliación se estimaba en un costo inicial aproximado de mil 500 millones de pesos, frente a la posibilidad de hacer un segundo piso, considerado durante el gobierno saliente de Felipe Calderón, tan de moda por esas épocas, que habría costado al menos cinco veces más.

Aparentemente, hasta ahí, todo bien, porque en el periodo de construcción sucedieron diversas anomalías que derivaron en sobrecostos, retrasos y pérdidas humanas por accidentes que pudieron evitarse.

De entrada, según lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en 2015, “durante el proceso de la ejecución de los trabajos la SCT Morelos instruyó a la empresa contratista para que efectuara modificaciones al proyecto original.

Sin embargo, se verificó que no se contó con la aprobación y autorización de las áreas responsables de su realización.

Durante los trabajos de ampliación, en el kilómetro 93+800, donde se encuentra un tubo de drenaje de la autopista, que llevaba funcionando correctamente más de 40 años, ocurrió un evento que significaría el inicio del problema. Al realizar una excavación se suscitó un derrumbe en el sitio preciso donde más tarde se presentaría el socavón del 12 de julio.

La decisión del consorcio hispano-mexicano Aldesa-Epccor fue retirar la tierra y proseguir con la obra, dejando para marzo, tan sólo tres semanas antes de la inauguración, la construcción del muro de contención y los trabajos finales de la carpeta asfáltica.

En esas tres semanas los trabajos se realizaron con maquinaria pesada, muy cerca del tubo de drenaje. La empresa hispana, que preside Antonio Rubio Fernández y la mexicana de Juan Diego Gutiérrez Cortina, laboró extremadamente cerca del tubo de drenaje, dañándolo.

Ello generó las condiciones perfectas para que, con una lluvia fuerte que arrastrara basura, escombro y tierra, pudiera formar un tapón que provocó el aumento de presión del agua y, a la postre, la fuga por las grietas, reblandeciendo la tierra y provocando un flujo continuo que, finalmente, formara un hueco.

Todo indica que, de no haberse dañando el tubo durante la construcción de la obra, el drenaje hubiera funcionado como en los últimos 40 años, el Paso Exprés sería una obra aplaudida y reconocida por todos y los inconvenientes que sucedieron antes ya se habrían desvanecido.

La pérdida de vidas humanas es lamentable, como también lo es el hecho de que una obra que tenía todo para convertirse en un éxito rotundo, hoy esté bajo la lupa, cuestionada por malos procedimientos de construcción y decisiones precipitadas en el escritorio de algún funcionario irresponsable.

CONAPESCA

Desde diciembre de 2012, fecha en que Mario Aguilar fue designado director de la Conapesca, se le han colgado ya varios milagritos. Incluso hay voces que, así como en el caso de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, también solicitan su renuncia.

Y no es para menos, si recordamos que la dependencia que encabeza tiene acusaciones de abusos de autoridad. O, por el contrario, falta de autoridad en cuanto al saqueo indiscriminado de especies marinas se refiere. Uno de los principales lastres que afecta a la industria pesquera y acuícola de nuestro país es la pesca ilegal, situación que ni la propia autoridad logra erradicar.

Para muestra, las decenas de mercados negros que se ubican en estados como Baja California, Veracruz y Sinaloa. Más de uno espera que el tema llegue al escritorio del secretario de Agricultura, José Calzada, antes de que se le haga un “socavón” en plenas costas del país.

PRECISIONES

Una precisión: Alberto Tiburcio ya no es consejero independiente de Pemex. Hace más de un año salió.

Dicen que no se llevaba muy bien con José Antonio González Anaya. Hace cinco años se jubiló de Ernst & Young pidiendo su liquidación para no tener nada que ver con la firma ni con su nuevo director, Francisco Álvarez, para evitar, precisamente, algún conflicto de interés. Hoy es consejero del Grupo Financiero Scotiabank, que comanda Enrique Zorrilla. Barrera, Siqueiros y Torres Landa la lideran Eduardo Siqueiros y Francisco Torres Landa, aunque están siendo absorbidos por Hogan Lovells.

LA COLUMNA TIEMPO DE NEGOCIOS VOLVERÁ A PUBLICARSE EL MARTES 1 DE AGOSTO.

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