Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

24 Jul, 2017

Aeroméxico e Interjet al amparo

Además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige Alexandro Argudín, es probable que Aeroméxico, de Andrés Conesa, e Interjet, de Miguel Alemán, se amparen en contra de las mismas dos recomendaciones, de 11 en total, emitidas por la Cofece, cuyo pleno preside Alejandra Palacios. Esto porque la resolución podría afectar la operación que ambas aerolíneas tienen en el AICM, al rebasar cada una 35% de los slots asignados en diferentes franjas horarias, particularmente las de mayor demanda, de prevalecer la orden de Cofece que, en resumen, establece  “que si una aerolínea que tiene más de 35%, no puede recuperar el slot, aun cuando mejore la práctica de puntualidad”.

Le comenté que, en general, la resolución de la Cofece, que finalmente fue publicada en el DOF en días pasados, está alineada con temas de transparencia, calidad y orden en la asignación de slots, y no se aleja ni un ápice de lo establecido en el artículo 90 del reglamento a la Ley de Aviación Civil vigente, pero esas dos resoluciones, en particular, son motivo de controversia. La primera resolución impugnada tiene que ver con la determinación de retirar los slots (horarios de despegue y aterrizaje) a las aerolíneas cuando no cumplen con al menos 85% de estos en tiempo y forma, además de que debe confiscarse 10% de los slots en franjas horarias saturadas y subastarse los slots. Para IATA, la regla global es 80/20 y no existe confiscación alguna en aeropuertos saturados.

Si prospera la modificación que presentó la Subsecretaría de Transporte de la SCT, que lleva Yuriria Mascott, en Cofemer, ambos elementos del reglamento se “corregirían y sería imposible para AICM cumplir con la resolución, lo que daría lugar a una nueva revisión de Cofece, pero de entrada, se “neutralizaría el efecto” de la resolución original.

Pero el que sí es un tema complicado es el que tiene que ver con la pérdida de slots por impuntualidad superior al 85/15, porque en opinión del AICM, podría influir en la oferta de servicios de conectividad interior a internacionales, porque tendrían que implementar una estrategia de decrecimiento. Si considera que en el caso de Aeroméxico se ha aplicado ya una disminución estructural de slots como parte de la condicionalidad que impuso la Cofece y la FAA a la asociación con Delta, pareciera que la medida tendría un impacto material considerable.

Siguen corriendo los 90 días para que las aerolíneas con operación en México comiencen a implementar las nuevas medidas de protección al consumidor. En el paquete de medidas, la más polémica y que incluso ocasionó intercambio de notas diplomáticas entre los gobiernos de México y EU, por la airada queja de las líneas aéreas norteamericanas, es el cobro del primer equipaje en vuelos hacia y desde Estados Unidos.

Como aquí se lo señalé, la SCT, a través de la DGAC, de Miguel Peláez, ha aclarado que es posible seguir realizando el cobro. También ha trascendido que la Profeco, de Rafael Ochoa, ha revertido la multa a las aerolíneas por este aspecto, pero el punto más relevante para toda la aviación comercial es  que la “libertad tarifaria” quede asentada en algún documento oficial para evitar que cualquier verificador de Profeco llegue a un aeropuerto e intente detener el cobro o multar a cualquier aerolínea por esta práctica. Le puedo confirmar que existen varios folletos, cuya distribución es coordinada por el equipo de Presidencia, para informar a los pasajeros sobre éste y otros derechos. Empero, con o sin folletos, las líneas aéreas lo necesitan en una circular o una norma.

A propósito las empresas aéreas coordinadas a través de la Canaero, de Sergio Allard, han sostenido tres reuniones con personal de la DGAC; sin embargo, las reuniones no han avanzado, pues no han logrado ponerse de acuerdo si habrá una circular aclaratoria de la reforma o una reforma al reglamento de aviación civil.

DE FONDOS A FONDO

#InflaciónALaVista… Reto el que podría enfrentar el Banco de México, que gobierna Agustín Carstens, para estabilizar a la baja la inflación, si el desarrollo de la discusión sobre la constitucionalidad o no del artículo 131 inciso a) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se abordará una vez que regrese de vacaciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Luis María Aguilar, conlleva una eventual declaración de inconstitucionalidad.

Más allá del impacto económico que podría tener el pago de terminación de llamada sobre las finanzas de algunas empresas, nadie duda que al tener que pagar una tarifa más alta al operador preponderante, las telefónicas elevarían sus tarifas, las que ya de por sí se encuentran en mínimos históricos por el efecto de competencia. El aumento en los precios al consumidor final podría tener un impacto mayúsculo en la inflación, pues no olvidemos que el servicio de telecomunicaciones forma parte de la canasta básica con la que se calcula este indicador. El reto no sólo sería para el Banco de México en el fairwell de Agustín Carstens, sino para el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues el programa económico de 2018 tendría un mejor margen de maniobra en la planeación presupuestal si la inflación muestra que, efectivamente, está en tendencia a la baja.

#Socavon… A casi dos semanas de la tragedia en la que murieron dos morelenses, en el socavón del Paso Exprés, todo sigue igual. No sabemos aún las responsabilidades.

Sabemos que hay reconocidos ingenieros trabajando en un peritaje, pero ese peritaje nos podrá decir de estructuras y cauces, de presiones y mecánica de suelos; no nos dirá qué le tocaba a quién: A Grupo Selome, de Sergio López Noriega, que realizó los estudios de riesgo e impacto ambiental; a Orve Ingeniería, de Juan Orozco, el consorcio constructor (Epccor y Aldesa); Diseño Integral y Tecnología SA de CV, de Guillermo Moreno, que tuvo a cargo la supervisión.

También están quienes desoyeron, ignoraron o aplazaron las observaciones de autoridades locales y vecinos que advertían que había problemas justo en ese punto de la carretera. ¿Quién determinará las responsabilidades más allá del dictamen técnico que esperamos de los ingenieros?

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