Salió el cobre

Ha comenzado a circular el proyecto de sentencia de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaborado por un equipo encabezado por el ministro Javier Laynez, en el juicio de amparo presentado por el grupo económico en torno a América Móvil sobre la llamada tarifa cero de interconexión.

Como le informé en este espacio a finales de junio, el corazón del asunto es determinar quién tiene la facultad de establecer las tarifas de interconexión.

De acuerdo con ese documento de 132 páginas que deberá ser votado el próximo 16 de agosto, se confirmaría lo que he adelantado en esta columna: la facultad le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Congreso de la Unión se extralimitó al tomar esa atribución y violó la Constitución.

También, como lo informé, se desmentirá la versión de que se harían cobros multimillonarios a las empresas de telecomunicaciones, los cuales serían ruinosos para el sector y significarían, en los hechos, la muerte de la reforma constitucional emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que más rápidamente ha dado resultados positivos para los consumidores.

El proyecto de sentencia en el que participan como secretarios Josefina Cortés Campos, Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, María de la Luz Pineda Pineda, Salvador Alvarado López y Eduardo Romero Tagle se establece que los tres años en los que no se cobró la tarifa de interconexión deben verse como un hecho consumado y, por lo tanto, no habrá ningún cobro retroactivo.

De hecho, puede leerse: “Todos aquellos concesionarios que suscribieron acuerdos con la quejosa (Radio Móvil Dipsa) en los que se haya establecido la tarifa por terminación de tráfico en la red del agente económico preponderante se sujetaba a lo establecido en el artículo 131, segundo párrafo inciso A de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no podrán ser constreñidos al pago de compensaciones que, en su caso, pudieran derivar en la terminación de tarifas por parte del instituto”.

EFECTOS

Una vez que la mayoría de los ministros apruebe el proyecto en la revisión de este juicio de amparo, el asunto volverá al lugar que le corresponde: que sea el IFT el que determine la tarifa de interconexión como el organismo técnico autónomo que es sin que esto implique desembolsos multimillonarios para el resto de las empresas por concepto de tarifas de interconexión en el periodo entre 2014 y el momento que cause ejecutorio la sentencia.

Quienes prometieron, como la Canieti a través de desplegados, quién sabe cuántas plagas bíblicas, o una hecatombe de la magnitud de la provocada por el Enola Gay a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, están francamente nerviosos y preocupados.

Obviamente se les está cayendo el teatro de las compensaciones multimillonarias que destruirían al sector de las telecomunicaciones. Recuerde que le informé desde hace un par de meses que ese tema ni siquiera fue considerado por los ministros de la Corte.

Aquí el tema no es, en este momento, cuál debe ser la tarifa de interconexión, sino quién tiene la facultad constitucional de fijarla: el Congreso de la Unión o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Sea como sea, el proceso debe hacerse con base en análisis técnicos precisos a favor de los consumidores y la competencia. Los individuos deben ser los beneficiados.

SOCIALITÉ

Resulta sorpresivo que quien presidió la comisión dictaminadora de la reforma constitucional a las telecomunicaciones ahora se sienta indignado porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le darán al IFT la facultad para determinar las tarifas de interconexión y llegue a tuitear que, si el proyecto se da en los términos que se ha revelado, sería un retroceso en la Reforma a las Telecomunicaciones y “la consecuencia de haberle dado autonomía a un órgano regulador del gobierno, no del Estado”.

Si eso lo dijera casi cualquier otro, podría ser una opinión válida, pero es ridículo que lo diga alguien quien legisló y votó en favor de esa reforma constitucional y hasta trató de colgarse la medalla.

Quizá supone que él es más inteligente y que su carisma le alcanzará no sólo para que se olvide el ridículo que hizo cuando se presentó el primer dictamen de la comisión que encabezaba y en el que no tenía la más remota idea o cuando votó en favor de la reforma que hoy repudia.