Patéticos

Cada vez resulta más patético oír y leer a los tremendistas, quienes creen que una resolución en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre quién debe fijar la tarifa de interconexión determinará el futuro político y económico del país (ni siquiera el TLCAN tiene un poder tan grande) o que podría implicar, irremisiblemente, pérdida de inversiones y hasta aumento en los precios de las telecomunicaciones.

Una buena parte de los medios de comunicación se han llenado de columnistas, expertos, analistas y cualquier otra figura similar que, con gran facilidad, se suben a cualquier tren y opinan como si realmente supieran de qué están hablando. Se convierten en idiotas útiles de ciertos grupos a quienes les gusta prender el fuego para luego vender sus servicios de bombero.

Son los mismos quienes unos días hablan de la ciudadanización del gobierno y de la importancia de órganos autónomos e independientes, pero ahora están convencidos de que el Congreso de la Unión es mejor regulador que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones.

Es inverosímil, por decir lo menos, creer que los legisladores tienen mejor capacidad de análisis técnico que un organismo creado ex profeso. No me meteré en los grupos que pueden patrocinar algunos senadores y diputados.

El tema de la tarifa de interconexión de la telefonía móvil, que deberá ser votado el miércoles, ha caído víctima de estos grupos, quienes intentan hacer creer que un negocio de 60 mil millones de pesos, en el más inflado de los casos, marcará el futuro del país.

El sector de las telecomunicaciones generó, al cierre de marzo, ingresos por 112 mil millones de pesos, de los cuales el 54% correspondieron a telecomunicaciones móviles. Ni la autoridad ni las empresas tienen un desglose de los paquetes de voz y datos, pero es fácil saber que los segundos crecen a una tasa mucho mayor que los primeros y, por lo tanto, representan la mayor parte de los 60 mil millones de pesos de ingresos. La tarifa de interconexión sólo es para la terminación de llamadas, no para los datos.

Expertos consideran que podría ser una proporción de mitades, es decir, unos 30 mil millones de pesos. Si bien se trata de una cantidad importante, no desaparecerían estos ingresos sino que la competencia se daría bajo otros términos.

INJUSTICIA CONTRA LAYNEZ

Al ministro Javier Laynez se le ha tratado de una manera inadmisible luego de que se difundió su proyecto de resolución. No han faltado expertos quienes descalifican al miembro del Poder Judicial e incluso, sin ser abogados, encontraron supuestas fallas.

Sea como sea, el proyecto será votado y aprobado o rechazado por mayoría de ministros, que debemos confiar en que tomarán una decisión apegada a derecho sobre un punto específico: ¿de acuerdo con la Constitución, quién tiene la facultad de fijar la tarifa de interconexión de la telefonía móvil: el Congreso de la Unión o el Instituto Federal de las Telecomunicaciones?

Los ministros tienen la obligación de interpretar y hacer valer la ley sin consideraciones de negocios ni presiones de cualquier lado. Su labor, no más pero no menos, es resolver esta diferencia de interpretación entre la ley de Telecomunicaciones y la Constitución.

En épocas en los que el populismo se ha convertido en el principal riesgo de México, lanzarse de manera irresponsable en contra de un ministro de la Corte porque, con un afán melodramático, se interpreta que su sentencia es equivocada, es un error verdaderamente caro.

INVERSIÓN Y COMPETENCIA

Uno de los petates del muerto favoritos es hablar sobre una supuesta caída de la inversión extranjera directa en el sector de las telecomunicaciones y el incremento de los precios que tendría si la resolución no sale como desean los melodramáticos analistas.

Primero. La IED no es un favor, sino que se realiza por las empresas cuando encuentran una rentabilidad mayor para sus inversionistas en un determinado país y negocio que en otro. Las empresas no sirven a intereses personales sino de sus accionistas.

En 2015, AT&T recibió cinco mil 566 millones de dólares por la venta de su participación en América Móvil. Pagó dos mil 500 millones de dólares por Iusacell y otros mil 448 millones de dólares por Nextel, es decir, el saldo neto es negativo.

Segundo. Aseguran que si desaparece la tarifa cero de interconexión en telefonía móvil, lo cual no dependería de la resolución de la Corte sino del análisis que, en su caso, hiciera el IFT, haría que los precios aumentaran en contra de los consumidores y desaparecerían planes de llamadas ilimitadas dentro del costo del paquete.

Con la posibilidad de cambiarse de compañía telefónica conservando el número, se crea una barrera para el alza de precios.