Análisis superior

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad el proyecto del ministro Javier Laynez que ampara y protege a Radio Móvil Dipsa, en cuanto a que la tarifa de interconexión debe ser fijada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no por el Congreso de la Unión, y que no habrá cobro retroactivo desde 2014, hasta que cause ejecutoria la sentencia. Éstas son las consecuencias.

Primera. El Poder Judicial demostró, en forma contundente, que es un órgano independiente del Estado mexicano y que no se deja intimidar por puntos de acuerdo o boletines del Senado; desplegados o campañas de nado sincronizado que llegaron a desproporciones tan grandes como asegurar que esta resolución fijaría el rumbo político y económico del país o que era comparable al golpe de Estado del dictador Nicolás Maduro y su pandilla.

La decisión que tomaron los ministros de la segunda sala de la SCJN se sustentó en el análisis jurídico de la diferencia entre la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones. No más, pero no menos es lo que debían resolver, sin entrar en consideraciones del efecto que puede tener esta tarifa.

Segunda. Se da una plena seguridad jurídica a los agentes económicos, puesto que se confirma que las determinaciones se toman con base en estricto apego a la justicia y no el impacto que pueda tener la aplicación de la ley.

Es mucho más relevante que el Poder Judicial demuestre que toma las determinaciones correctas, aun cuando esto pudiera implicar que algunos disminuyan sus rentas o cambien sus expectativas de negocio.

Descarados

Tercera. Nuevamente se muestran las placas de ciertos grupos que manejan idiotas útiles para hacer campañas y mantener sus rentas haciendo especulaciones del tamaño de una catedral, no para resolver un tema en particular sino para generar presiones hacia el futuro.

Verá cómo ahora dicen que se regresará a los tiempos de la Cofetel y las disputas por las tarifas de interconexión. Que amenazarán con disminución en inversiones que no se han dado o que, incluso, ya comenzaron a decir que subirán los precios de las telecomunicaciones o desaparecerá la larga distancia nacional.

Si la competencia funciona a favor de los consumidores no aumentarán los precios o quienes lo hagan pierden clientes, con lo que no se dañará la economía de las familias. Disminuirán la renta de algunos, pero no de los consumidores.

La siguiente parte de la estrategia, como le adelanté, será un ataque frontal en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, buscará a toda costa evitar que Gabriel Contreras sea reelecto para un nuevo periodo como consejero presidente. Más allá de que sea en contra de este personaje, que ha realizado un trabajo de excelencia, buscan mandar un mensaje de docilidad al próximo regulador.

Cuarta. Se hace muy evidente que hay legisladores verdaderamente indecentes. Quien impulsara la reforma, presidiera la comisión dictaminadora y, evidentemente, votara a su favor, ahora dice que todo fue un error, culpa del Pacto por México. ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué no votó en contra?

Demuestran que en su escala de intereses no ocupan lugares preponderantes los electores ni su partido, sino aquellos quienes los patrocinan y les prometen nuevos puestos políticos.

Quinta. Se confirma que el análisis superior sigue imponiéndose a quienes toman dictados. A finales de junio publiqué en esta columna que la decisión de los ministros de la SCJN sería confirmar que el IFT es el organismo encargado de regular esta tarifa de interconexión y que no aplicaría ningún cobro retroactivo que sí podría ser ruinoso. Hoy no faltarán los cínicos que traten de decir que ellos lo anticiparon, cuando eran opositores a la medida.