Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates

Maricarmen Cortés

28 Sep, 2017

Otra vez buenas y malas en TLCAN

 

La buena: sí se logró cerrar un capítulo —el de pymes— en la 3ª Ronda del TLCAN; se acordó que la 4ª Ronda se realizará del 11 al 15 de octubre en Washington. En la declaración trilateral se refrenda el compromiso de acelerar las negociaciones y esperan cerrar el de competencia antes de la 4ª Ronda. Se reconocieron avances en los capítulos de telecomunicaciones, comercio digital, prácticas regulatorias y aduanas, así como facilidad para el comercio.

La mala: sólo se cerró un capítulo cuando hace un par de días el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se mostraba confiado en cerrar entre tres y cuatro capítulos, los que supuestamente eran o son los más fáciles.

La peor: todavía falta discutir los temas más álgidos: resolución de controversias, reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México, que es un tema en que el gobierno de Trump no cede; mayor contenido estadunidense en lugar de regional en la industria automotriz, autopartes y manufactura, a lo que se oponen México y Canadá, y, adicionalmente, Estados Unidos puso sobre la mesa también el tema laboral y pretende medidas proteccionistas en el sector agropecuario, que ya puso en pie de guerra al Consejo Nacional Agropecuario, que encabeza Bosco de la Vega.

Como bien reconoció ayer Guajardo, la 4ª Ronda será complicada y el colmo es que en plena negociación del TLCAN, EU abrió un frente contra Canadá al imponer 220% de arancel a jets de Bombardier por demanda de Boeing. 

IP, de la mano con el gobierno en reconstrucción

Importante la reunión que se realizó ayer en Los Pinos en la que el sector privado, encabezado por Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y Carlos Slim, presidente de la Fundación Slim, se comprometieron a cerrar filas con el gobierno en la difícil tarea de la reconstrucción de viviendas, escuelas, comercios y patrimonio cultural que fueron afectados por los sismos de septiembre.

Los empresarios presentaron oficialmente el Fideicomiso Fuerza México, anunciado la semana pasada, que coordinará y concentrará donativos y apoyos, mientras que por parte del gobierno federal, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que habrá ajustes en el presupuesto y, lo más importante, al menos para mí, es que tanto empresarios como gobierno se comprometen a una total transparencia en el ejercicio de los recursos, como exige la sociedad civil.

En forma preliminar, el costo de los sismos es de 38, 150 millones de pesos, de los cuales, 16, 500 son en vivienda, ocho mil en patrimonio cultural y 13 mil para escuelas públicas que sí cuentan con un seguro contratado por la SEP.

En cuanto a Fuerza México, en el Comité Técnico que preside Castañón, participan Manuel Herrera, presidente de la Concamin; Alejandro Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios; Marcos Martínez, de la Asociación de Bancos de México; Vicente Yáñez, de la ANTAD; José Méndez Fabre, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; Frédéric Garcia, del Consejo Mexicano de Empresas Globales; Gustavo Arballo, de la CMIC; Edna Jaime, de México Evalúa; Federico Reyes Heroles, de Impunidad Cero, Antonio del Valle, de Bx+, y Carlos Danel, de Compartamos.

Ya reaccionó Profeco

Finalmente ayer, ocho días después del sismo del 19 de septiembre, reaccionó el procurador federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, e informó que se acordó con Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno capitalino, y de Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, la creación de un grupo interinstitucional para hacer valer las garantías de los inmuebles que hayan resultado afectados, pero sólo para los edificios de no más de cinco años de antigüedad.

La Profeco explicó —y más vale tarde que nunca— que todos los desarrolladores inmobiliarios están obligados a una garantía mínima de cinco años que ampara la reparación sin costo para el consumidor de los defectos o fallas en las viviendas.

En los casos en que, por fallas atribuibles a los desarrolladores inmobiliarios, sea imposible reparar la vivienda, los consumidores tienen derecho a la sustitución del bien o la devolución del precio pagado.

Además, la Profeco reconoce que —como le comentamos ayer— sí aplica una acción colectiva y habrá denuncias penales si se detectan defectos o fallas en la construcción u otras irregularidades, como incumplimiento en licencias o permisos.

El problema es qué pasará con los inmuebles de más de cinco años de antigüedad, construidos después de 1985 y que están hoy en riesgo de demolición. Si bien son los menos, también aquí debería haber ayuda y asesoría de la Profeco.

 

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