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BARCELONA.- Casi 600 empresas han sacado sus sedes sociales de Cataluña en poco más de una semana, según datos oficiales de los Colegios de Registradores de las cuatro provincias catalanas.
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Las empresas huyen para protegerse de la inseguridad política ante una posible declaración de independencia unilateral.
La mayoría de estas compañías anunciaron su decisión en comunicados oficiales en los que aseguraban que es “un movimiento estratégico” para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados.
Para el gobierno español, esta situación es “de máxima gravedad”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que “la Generalitat está llevando a Cataluña a una recesión”, lo que además, pone en riesgo la recuperación económica española.
El ministro de Economía español, Luis de Guindos, secundó el discurso de la vicepresidenta y aseguró que la crisis social y política que se vive en Cataluña “no saldrá gratis”, y que de hecho ya “está afectando” al crecimiento económico de España.
El miedo a los posibles efectos y a la inseguridad derivada de una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña ya provocó que Bimbo anunciara que se va de Barcelona.
El gigante de la panificación, de capital mexicano mayoritario, cambiará su sede social al parque empresarial Las Mercedes, en Madrid, “con el fin de mantener la seguridad jurídica necesaria para poder seguir trabajando con normalidad”, según informa en un comunicado.
La compañía, líder mundial en su ramo, que produce y comercializa sus productos en 24 países de cuatro continentes, sale de Barcelona para dar tranquilidad a sus accionistas y trabajadores. La empresa explica que continuará operando a través de sus oficinas y centros de producción de España, que dan trabajo a unas seis mil personas.
El caso de Grupo Bimbo se une al amplio grupo de empresas que abandona Cataluña ante el clima de inestabilidad política y por una situación social muy compleja.
Seis de las siete grandes compañías catalanas que cotizaban en el índice de la de Bolsa española (Ibex35) se han llevado sus sedes sociales a otras regiones. Son los dos grandes bancos catalanes, Caixabank y Sabadell; así como otras grandes empresas con sede tradicional en Cataluña como Gas Natural, Abertis, Cellnex y Colonial.
Ademas, otras seis grandes empresas del mercado bursátil español también se van de esta región: Applus, Catalana Occidente, Dogi, eDreams, Oryzon y Service Point.
Cataluña ha perdido también la sede del gigante editorial Grupo Planeta, la séptima empresa editorial del mundo y la primera en español, que traslada la sede social a Madrid aunque, de momento y a la espera de acontecimientos, sus miles de trabajadores seguirán en Barcelona.
La situación es delicada y por eso la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, entró en el debate en nombre de la economía global.
En conversaciones con un medio francés, se mostró preocupada por la evolución del proceso político en Cataluña y pidió acabar con “la incertidumbre política” ya que, añadió, “la incertidumbre nunca ha sido propicia para la estabilidad financiera, el crecimiento y la inversión”.
Para Josep Bou, presidente de la Asociación Empresarios de Catalunya, la lectura de la situación es muy clara: “Los nacionalistas catalanes están llevando a esta región a una crisis económica sin paliativos”.
Al principio, la fuga empresarial fue recibida desde el gobierno independentista catalán con cierto menosprecio y negación: “No va a haber una huida de empresas de Cataluña”, dijo el consejero de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
La realidad lo contradijo. Ni Junqueras ni nadie puede negar la fuga de empresas que ha significado un duro golpe al discurso oficial independentista. Frente a esa evidencia, ahora comentan que no hay que preocuparse porque las empresas “ya
volverán”.
Pero todas las fuentes económicas consultadas por Excélsior coinciden en que eso no será fácil, mencionan el ejemplo de la provincia canadiense de Quebec, donde se vivió una situación política muy parecida a la de Cataluña.
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Entre 1976 y 1985, en plena eclosión del soberanismo, casi 700 empresas dejaron Quebec para instalarse en otras regiones de Canadá y pasados unos años la mayoría de ellas nunca volvieron.
Esto demuestra, dicen, que “las empresas que se van no suelen regresar”.
El catedrático de la Universidad de Columbia, Xavier Sala-i-Martin, reconocido economista liberal e independentista, tiene una visión más optimista.
Defiende la separación de España y su viabilidad económica y considera que la actual fuga de empresas es sólo un “intento de hacer presión política” del gobierno español.
Más allá de las empresas que huyen por la incertidumbre social, son días turbulentos en Barcelona.
Suman ya muchas semanas y meses con “días históricos”. Muchas semanas y meses con manifestaciones, banderas y cánticos patrióticos, pero la realidad es tozuda.
Sin ningún apoyo internacional y con la amenaza real de ser expulsados de la Unión Europea (UE) si declaran la independencia; sin la fuerza económica suficiente y con una sociedad dividida en dos mitades, la sociedad catalana parece asomada al precipicio de la incertidumbre de un deseo –más o menos bienintencionado– pero que, al parecer, no tiene detrás un proyecto político, económico y social serio.
En Cataluña se ha hablado mucho durante siete años de la creación de un nuevo país, pero ha habido muy poco debate sobre cómo sería la estructura económica, política, financiera, monetaria, bancaria y social de ese futuro estado.
Nunca nadie ha definido cuánto sacrificio real, económico y cotidiano sería necesario para lograr el anhelo de esos dos millones de catalanes independentistas.
En estos días de fuga de empresas, el dinero, más bien miedoso (no le gusta la inseguridad), les recuerda a los catalanes independentistas que no es suficiente con desear mucho algo para que se haga realidad.
Las empresas se van de Cataluña porque, cómo ha recordado a sus lectores el periodista Màrius Carol –director del periódico catalán La Vanguardia–: “¿Quién dijo que en una Cataluña independiente todo sería como siempre?”
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió este lunes 16 de octubre responder al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, si declaró o no la independencia y le pidió "dos meses" para dialogar y negociar una salida política al contencioso entre Cataluña y el Estado.
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió este lunes, por carta a Puigdemont de que este será "el único responsable de la aplicación de la Constitución", en referencia a su artículo 155.
Este artículo otorga al gobierno español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades regionales cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España.
Por Patricia Godoy
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