FMI: el foco en la debilidad institucional

No es difícil entender el porqué  la evaluación que acaba de realizar el Fondo Monetario Internacional, que dirige Christine Lagarde, sobre la evolución económica y financiera de la economía mexicana, la mayor atención está puesta en la debilidad institucional, la corrupción y la  informalidad económica y la evasión fiscal.

De hecho, la estimación de crecimiento económico para este año en 2.1% y 1.9% para el que viene, es la misma que expresó el WEO a mediados de octubre, pues no han cambiado sustancialmente los riesgos externos e internos que lo alimentan: la incertidumbre de la negociación del NAFTA con Estados Unidos y la relacionada con el proceso electoral del 2018.

Para el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, la proyección del FMI no es nota negativa, porque la perspectiva débil de crecimiento del PIB era esperada para éste y el año que viene por el equipo que supervisa Robert Rennhack, subdirector del Hemisferio Occidental. De hecho, se anticipa que el organismo ratificará la Línea de Crédito Flexible para México en el contexto de incertidumbre que permea 2018.

Lo novedoso del reporte del FMI está en el argumento que ofrece de por qué, pese a que México aplicó un paquete de reformas estructurales único en los primeros dos años de la administración, la tasa de crecimiento sigue siendo baja y no es alcanzable una meta de 3.5-4% al cierre del sexenio. La estimación de hacienda es de 2-3%, por ende, coinciden.

Señalan que la estimación no es alcanzable porque una muy buena parte del potencial de la economía mexicana se la comió la caída en el ingreso petrolero y otra la devaluación del peso producto de un entorno externo que se ha complicado con el reacomodo de la relación comercial con Estados Unidos que propicia la renegociación del NAFTA.

Le comento que normalmente las recomendaciones del FMI están dirigidas a las autoridades financieras y hacendarias, con recomendaciones precisas para mejorar el
desempeño económico, pero en esta ocasión, las propuestas no las pueden cumplir ni Meade
ni Carstens ni quien le suceda a este último.

La recomendación insiste en que la implementación de reformas estructurales que le dé prioridad a mejorar la aplicación del Estado de derecho, la gobernabilidad, la seguridad e incluso la informalidad económica, son críticos para elevar la confianza y la inversión.

También subraya la importancia para la economía mexicana de mejorar la eficiencia de las instituciones judiciales (desde seguridad pública, pasando por investigación y procuración, hasta juzgados y tribunales) y urgieron la implementación del Sistema Nacional Anti-Corrupción y, de paso, nos recordaron la agenda de género.

En relación con los mercados informales, el punto de atención es para Meade en dos frentes: resolver las deficiencias del sistema para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, dado que pronto se entregará el informe completo en el que se identifican algunas deficiencias que ligan todavía el excesivo uso de dinero en efectivo en segmentos económicos considerados como sectores vulnerables.

Y si bien se elogia a las autoridades por cumplir el plan de consolidación fiscal 2016-17 y 2018 recién aprobado para reducir la relación de deuda pública al PIB, se insiste en la necesidad de que se fortalezca la recaudación de impuestos, reduciendo la evasión en el IVA y aumentando la eficiencia y foco en el gasto social, de educación y de salud, además de seguir mejorando la eficiencia y solvencia de Pemex.

En este punto, salió la recomendación más difícil de cumplir para el secretario Meade, más cuando está a la espera de la decisión que pronto tomará el presidente Enrique Peña en torno al candidato a ocupar la posición de gobernador del Banco de México.

Esto porque el FMI sugiere de nuevo en las recomendaciones la integración de un Consejo Fiscal Independiente, dada la enorme discrecionalidad que aún tiene la autoridad hacendaria para el manejo de las finanzas públicas.

O si de plano no quiere el Consejo, que se realicen cambios al marco legal que limite el uso de las cláusulas de excepción en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y obligue en circunstancias excepcionales a usarlas con límite y a corregirlas.

También, sugiere que los remanentes del Banco de México, siendo recursos excepcionales deberían ir únicamente a reducir deuda pública, y no como ahora que una parte se va al Fondo de Estabilización de Finanzas Públicas.

De Fondos a Fondo

#EMA...  Cayó como balde de agua fría en el Sistema de Acreditación que encabeza la Entidad Mexicana de Acreditación  (EMA) que preside Jesús Cabrera, el inicio de la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica que preside Alejandra Palacios, sobre la posible construcción de barreras de entrada a la competencia en el mercado de normalización (creación de normas oficiales y no oficiales), evaluación de la conformidad, acreditamiento y verificación del cumplimiento de la norma.

Si considera que hay cerca de 800 normas oficiales mexicanas y más de cinco mil no oficiales, es muy probable que el cabildeo de normas se haya vuelto en una suerte de protector de mercados y empresas y, que el proceso de certificación que acompaña al gobierno para verificar el cumplimiento de las mismas, sea su principal enredadera.

#Infonavit… Sin duda, un tema fundamental en el sector vivienda es el rescate de la misma, ya que evita que una situación de abandono o impago se convierta en un rezago o pasivo creciente que a nadie beneficia, además de ser un mecanismo que permite al Infonavit, de David Penchyna, tener un constante flujo de recursos hacia la Subcuenta de Vivienda.

Por ejemplo, en la recta final de este 2017, el Infonavit lleva ya por tercera ocasión consecutiva 100% de las viviendas ofertadas a través de los procesos de Subastas y Macrosubastas. Los recursos obtenidos, como siempre, irán a la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores.

Y es que a un año y nueve meses de que Penchyna Grub llegara al frente del instituto, lo que más destaca es el balance positivo alcanzado en cuanto a administración y diversidad de opciones para los derechohabientes, por lo que ya es un hecho  de que uno de cada tres créditos de vivienda se otorgarán en la administración del presidente  Peña Nieto.