A 55 años de camino a la Línea de Bienestar

Por Gustavo A. de Hoyos Walther

Cuando en 1962 se reformó el artículo 123 de la Constitución Política para incorporar el Salario Mínimo, ni el presidente Adolfo López Mateos ni los diputados y senadores del Congreso de la Unión ni los diputados locales, todos participantes de la adición, pudieron prever que pasar de una aspiración social a una realidad económica llevaría más de 55 años.

La falta de visión y metas de largo plazo en materia salarial en sucesivos gobiernos federales, los ciclos erráticos de la economía mexicana, las estrategias de control de la inflación basadas en la contención salarial y la baja productividad sistémica en diversos sectores, determinaron que los salarios mínimos emprendieran, por décadas, una ruta de alejamiento gradual del ideario constitucional, conforme al cual el Salario Mínimo General (SMG) debe ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”.

A partir de 2016, la Coparmex lanzó una convocatoria a los actores políticos y económicos para un Acuerdo Nacional por una Nueva Cultura Salarial (ANNCS). El objetivo es lograr una evolución planeada y progresiva de los sueldos en México, para dejar de contar con los menores salarios de la OCDE, y los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica.

En una visión al 2030, concordantes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU avalados por México, los niveles de remuneración deben evolucionar para que una familia con un promedio de 3.5 miembros, logre con el salario acumulado de entre 1.7 y 2.0 de sus integrantes, la Línea de Bienestar. Esto implica que el SMG en 2030 alcance entre 162.35 y 194.68 pesos, lo que requiere una evolución progresiva de entre 5.8 y 8.5 pesos en valores actuales, al año.

El 21 de noviembre de 2017 se dio un paso, aún limitado, en la dirección correcta. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que a partir del 1º de diciembre de 2017, el SMG pasara de 80.04 pesos a 88.36 pesos. En su nueva cuantía, el SMG cubre el 91.89% de lo necesario para alcanzar la Línea de Bienestar definida por el Coneval, que a octubre se calculaba en 96.16 pesos.

Lo más relevante del acuerdo es el reconocimiento de los actores económicos y de las autoridades gubernamentales, de que el SMG debe evolucionar con un ritmo diferenciado, con mayor aceleración que el resto de los salarios.

En efecto, el incremento acordado por la Conasami se estructuró en un esquema mixto: 5.00 pesos en el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y que será aplicable únicamente al Salario Mínimo General (SMG), y un incremento del 3.9% aplicable a todos salarios mínimos.

No menos relevante es el acuerdo establecido en actas y comprometido públicamente por la Secretaría del Trabajo, que a más tardar, el 30 de abril de 2017 se realice otro ajuste para que el SMG llegue al 100% de la Línea de Bienestar.

También es destacable que la parte fundamental del impulso para la evolución del SMG provino del sector privado, venciendo posiciones dogmáticas dentro del gobierno federal y el banco central.

Ahora que el gobierno federal destaca el cumplimiento en las metas de generación de empleos (por cierto, mérito del sector privado que los crea), el desafío de México no es sólo generar un millón 200 mil puestos al año, sino que sean empleos de calidad en razón de su nivel de remuneración. Este año, sólo 61% de los empleos creados son de tiempo completo y con ingresos que permiten al trabajador cubrir sus necesidades básicas de acuerdo al Coneval.

Los programas sociales, aunque necesarios, no son una solución definitiva para abatir la pobreza y disminuir la desigualdad. Esto se logra sólo a través del trabajo bien remunerado en la economía formal.

El mayor reto de México en materia económica y social es la evolución ordenada del mercado laboral para abatir la desigualdad. Debe ser una política prioritaria del Estado mexicano a 55 años de la adición del ideario del salario mínimo en el texto constitucional. Por ello resulta imperativo alcanzar, antes de que concluya esta administración federal, un acuerdo nacional por una nueva cultura salarial.

                *Presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana