Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

12 Ene, 2018

Chihuahua… Acorralado

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, realmente tiene un problema de financiamiento porque podría entrar en default de un momento a otro. Ésa es la razón de la fuerte “presión” mediática en la que ha involucrado a intelectuales y al Partido Acción Nacional que encabeza Damián Zepeda, ¿por qué no presenta una controversia constitucional o denuncia por violación al principio de imparcialidad previsto en la Constitución, en contra de la SHCP que encabeza José Antonio González Anaya?

El gobernador Corral sabe muy bien que se sobregiró y que a principios de diciembre, antes de todo el escándalo y la detención arbitraria de Alejandro Gutiérrez que se inició con la filtración de que se habían desviado recursos del estado para financiar al PRI durante la gestión de César Duarte y solicitó un crédito bancario por dos mil millones de pesos, adicionales a los otros dos mil millones de pesos “conveniados” que le entregó Hacienda en tiempo y forma.

Cuestionar mediáticamente el convenio es fácil, porque hacerlo por la vía legal es difícil. De ahí la opción de la “presión política”. Apenas el 5 de octubre pasado presentó un balance de su gestión pública (su primer informe lo presenta en marzo, creo).

Ha recibido autorización del Congreso del estado para reestructurar 20 mil 404 millones de pesos, otros mil 800 millones de bursatilización de ingresos casi al llegar al gobierno para enfrentar la falta de liquidez y, otros cuatro mil millones de pesos, todos según se dijo, para pagar pasivos bancarios.

El convenio suscrito con Hacienda y la reestructura de la deuda de Chihuahua se realizó en los términos que se realiza con otras entidades y se dio a conocer en la Reunión de Funcionarios Fiscales que encabezó José Antonio Meade, justo en medio de la negociación presupuestal y la revisión de la Ley de Disciplina Financiera y de acuerdo con el Registro Público del Estado los recursos del convenio (no las habladas del gobernador) se han entregado.

En estas condiciones, insisto: ¿por qué no toma el camino de la legalidad y denuncia ante el Poder Judicial lo que denuncia en medios?

Lo único que queda claro es que la victimización de Corral muestra que no ha cumplido con la reducción del gasto que comprometió en el proceso de reestructuración de su deuda pública. Puede haber recursos adicionales, en los términos de la Ley de Presupuesto si hubiere recursos adicionales para todos y en los términos de las bolsas de reparto y, lo que parece más probable es que Corral no se esperaba a que los Pepes, el que está en campaña y el que está en Hacienda, pusieran la pierna firme ante una, supuesta, denuncia que otorgamiento de fondos de Hacienda a la entidad o que después dicen que el estado mandó al PRI. ¿Qué esa denuncia no debería estar en la Fepade? ¿Son recursos federales, o estatales?, ¿cuáles son las cuentas de donde salieron y a dónde llegaron las transferencias de fondos? Si filtran, filtren todo para ser transparentes, no versiones que convencen a quienes políticamente les gusta medrar con el engaño.

De Fondos a Fondo

#IldefonsoGuajardo, de gira de trabajo en DC, se ha reunido no sólo con Robert Lighthizer, negociador comercial estadunidense para revisar la agenda de la Sexta Ronda de Montreal para la modernización del TLCAN y el calendario de discusiones que se ha convenido, sino también con los senadores de Misuri, Roy Blont, y de Kansas, Jerry Moran, ambos miembros del GOP que han apoyado, abiertamente, en reuniones con Trump en la Casa Blanca y en distintos foros, la necesidad de mantener la salvaguarda agrícola y, particularmente, el NAFTA como medio de fomento a las exportaciones de ambos países.

Lo curioso es que ayer, justo cuando asistió al Banco Mundial, que preside Jim Yong King, a la firma del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados conocido como el “CIADI”, debido a que sus laudos son inapelables y a que se consideraba innecesario el mecanismo para fomentar la inversión, al contar con los mecanismos de protección y defensa Privado-Estado del TLCAN que hoy están bajo revisión.

Esta decisión es importante, la conoce bien el presidente Peña y la han trabajado en la subsecretaría Vanessa
Rubio. Ahora, con José Antonio González se concretó y elimina dudas sobre qué pasará si se elimina el capitulo 11 del NAFTA relativas a los medios arbitrales en caso de impugnación por incumplimiento de inversiones, clave para continuar las rondas energéticas, por ejemplo.

Lo que sí resultó en un absurdo fue el que algún despistado hiciera su interpretación de lo declarado ayer por el presidente Trump a The WSJ sobre el financiamiento de “su muro” en la frontera con México, pues al decir que con lo que se ganaría en la negociación del NAFTA se tomaría un porcentaje para que los mexicanos “indirectamente” financien el muro, es simplemente desconocer los déficits o superávits comerciales entre países son resultado de los saldos de intercambio entre agentes económicos y no constituyen egreso o ingreso público y, que la negociación en ningún momento incorpora un acuerdo sobre el tema ni tampoco que el gobierno de México ha cedido en la absurda petición a cambio de ampliar el plazo de negociación hasta después de la elección presidencial. Todo es especulación.

Por último, en la ronda ministerial de Montreal, lo que sí se tratará de concluir es la regla de contenido regional y la trazabilidad de la misma para manufactura automotriz, sin considerar porcentajes específicos por país, sino como cadena de valor regional.  Hay un convencimiento de que la regla del 92 y 93 ya no sirve y que los vehículos que se fabrican hoy son, incluso, distintos de los de entonces y los que se construirán en el futuro, de tal suerte que el diseño de la nueva fórmula está considerando un cambio de regla a partir del valor de sus componentes y la trazabilidad de su origen de producción e integración.

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