Los estados de la República que tienen deudas insostenibles

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, demandó poner atención en los niveles de endeudamiento de los estados, porque en casos como Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora no sólo es elevada la deuda que tienen, sino que muestran problemas de sostenibilidad.

Mencionó que, si bien las deudas estatales no son cuantiosas, representan el 3.1% del PIB estatal en 2016, tienen una precaria condición estructural en las haciendas públicas que, en muchos casos, son pasivos insostenibles.

Los estados han renunciado a sus facultades fiscales y se han atenido a un sistema federal que hoy les provee el 90% de sus recursos. Al mismo tiempo, la Federación es condescendiente y omisa, y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas”.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detallan que al cierre de 2016 la deuda de estados y municipios alcanzó los 568 mil 591.8 millones de pesos, su mayor saldo reportado desde 2001 y que representó 82% de las participaciones federales.

Mientras que 36% del saldo total de la deuda estuvo concentrada en Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora.

De acuerdo con la Coparmex entre 2006 y 2011 muchas entidades crecieron en su endeudamiento, pero ninguna incrementó su gasto en obra pública. Mientras que dicha deuda se “garantiza” a través de las participaciones federales, es decir, sin tener relación alguna con los ingresos propios.

El líder patronal demandó la aplicación estricta de las normas federales y estatales en materia de disciplina financiera expedida en 2016. Además exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoria Superior de la Federación, los Congresos Estatales y los órganos locales de fiscalización, a que cumplan cabalmente sus responsabilidades.

Contrarreformas

El dirigente empresarial externó la preocupación de que las autoridades estén realizando contrarreformas en materia financiera, como la de noviembre del 2017, sobre la Ley de Disciplina Financiera, que permite mayor grado de maniobra en el uso de ingresos excedentes que se destinan a la amortización 
de deuda y fondos para desastres naturales.

Este cambio permitirá a los gobiernos locales utilizar en gasto corriente hasta 5% de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, siempre y cuando la entidad se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al Sistema de Alertas de Hacienda.

La preocupación, dijo Gustavo de Hoyos, “es que los gobernadores y presidentes municipales utilicen esta laxitud para desviar a través de sofisticados y en ocasiones burdos mecanismos, recursos a maquinarias electorales”.

Por lo que exigió absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos, a fin de que sean destinados eficazmente a la inversión pública, proyectos productivos y a programas sociales trascendentes por sus resultados.

“Que esta flexibilización ocurra en un año electoral además de ser contrario a la ortodoxia financiera, es inoportuno y sospechoso, por ello todos debemos estar vigilantes”, consideró.