El efecto General Motors en la venta de autos

Ya entendí el cambio en la forma de registrar y reportar al mercado el número de unidades vendidas de GM México, que dirige Ernesto Hernández, y estoy segura que sorprenderá el ver que en febrero, el número de unidades vendidas le regresará al segundo lugar del mercado, desde el quinto que registró en enero.
      ¿Es explicable? La respuesta es sí, sólo que es ligeramente complicado dar a conocer el detalle de un cambio que se decidió en el Consejo Directivo de la filial mexicana y que conoció y aprobó el equipo de Norteamérica de GM, que encabeza Alan Batey.

GM acostumbra a reportar a la AMIA y a la AMDA el número de vehículos facturados —no vehículos entregados— y parece simple la diferencia, sin embargo, no lo es en términos de atención al cliente y de los incentivos que paga a sus distribuidores.

La decisión del equipo de Hernández y en particular del vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia, Francisco Garza, de modificar la forma de entrega de la información a partir de enero, sólo reportando los autos entregados entre el 1 y 20 de enero, se originó en la decisión de alinear los incentivos que se pagan al distribuidor con el de mejorar el servicio y satisfacción del cliente. De hecho, la encuesta de satisfacción al cliente de JD Power del año pasado fue el detonante de la alarma que puso al equipo a revisar por qué el cliente individual no se sentía satisfecho en la fase final del proceso de venta del vehículo (eliminando flotillas). Al revisar el esquema, resultaba que, a pesar de que la factura estaba emitida (y en un 98% pagada y con todo listo para entregar la unidad al cliente), podrían pasar 10 días o más antes de que el distribuidor entregara la unidad.

El cambio que se decidió en octubre pasado, luego de probar y comprobar el tema, platicarlo con la red y revisar todo el proceso desde la salida de un vehículo de la planta hasta la llegada al distribuidor, fue que, a partir de enero de este año, sólo se pagaría el incentivo del distribuidor hasta que el vehículo fuera entregado, no sólo que tuviera la factura emitida.

Esto dio por resultado el ajuste impresionante de número de unidades vendidas que se reportó en enero, de ocho mil 807, con una caída de más del 52%, que lo llevaron al 5º lugar del mercado. Sin embargo, si se considera que el 40% de la venta se realiza en los últimos días del mes (así es el comportamiento estacional de ventas en el mercado), deberíamos anticipar que en febrero reporta las unidades entregadas en esos últimos diez días de enero más las que se venden en los primeros 20 días. El saldo, pues, será prácticamente el mismo y deberá estar rondando en un cálculo de más menos entre 16 mil 500 y 17 mil 500 unidades vendidas y entregadas al cliente, y la venta del mercado en términos anualizados no reportará la caída del 11% que mostró en enero, pero sí el ajuste se arrastrará todo el año si se le compara con el mes anterior o con el acumulado trimestral.
       En fin. Una explicación sofisticada, pero que muestra que los datos no se estuvieron inflando el año pasado en GM, pero que desdibujará la sonrisa de quienes subieron en la tabla de posiciones por un mes.

DE FONDOS A FONDO

#ElCazaFantasmas… Ayer se realizó en el Senado la primera lectura de un dictamen que fue aprobado en las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, que preside Héctor Larios, y la Comisión de Estudios Legislativos. El proyecto de decreto modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque se propone un cambio al artículo 129 de ese ordenamiento.

¿Qué busca?... cazar empresas fantasma. Obligaría a todas las sociedades mercantiles, incluyendo las Sociedades Anónimas, a reportar cualquier cambio en la tenencia accionaria de la empresa o sociedad moral en el registro electrónico de la Secretaría de Economía, cuando el cambio se presente y cuando se realice una compra—venta o cambio de accionistas de control.

Esta propuesta, como estaba redactada en un principio, levantó el foco rojo en el CCE, que preside Juan Pablo Castañón, porque con eso de la discrecionalidad que permite la figura de Sociedad Anónima, mientras no se trate de empresas públicas (listadas en bolsa por acciones o deuda), simplemente generaría caza de brujas e incluso caza de accionistas por el crimen organizado que comienza por los registros burocráticos.

En fin, en su primera versión, quedaba muy abierto este tema porque cualquier autoridad administrativa podría pedir la información (vamos, hasta una autoridad municipal). Por eso se sugirió al Senado darle un trato homólogo al del secreto bancario, en el que están expresamente limitadas las autoridades y los motivos por los que pueden tener acceso a esa información. El gremio notarial es el que más ha brincado, pero es difícil que se defiendan ante la proliferación de empresas fantasma que han sido detectadas por el SAT para evadir el pago de impuestos y lavar dinero. El sector privado propuso un cambio que parece más adecuado porque incorpora una redacción similar a la prevista en el secreto bancario, una fórmula conocida por los reguladores y supervisores, incluyendo al SAT y la UIF, salvaguarda la información de los particulares y no ha sido atacada por GAFI.

La modificación que se ha propuesto en el sector privado es: “Artículo 129.- ...De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas, cuando ésta sea estricta y absolutamente necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación correspondiente, para lo cual dichas autoridades, en la solicitud correspondiente, deberán exponer las razones por las cuales es absolutamente necesaria y la Secretaría de Economía cerciorarse de dicha circunstancia y, en caso de que la solicitud provenga de autoridades administrativas y no acrediten tal extremo, la Secretaria deberá negarse a proporcionar tal información”. ¿Cómo la ve?