Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

18 Abr, 2018

Airbnb, ¿se puede competir?

MAZATLÁN.—  El reto que impone a la actividad turística formal la penetración creciente de los servicios “extra hoteleros” que conectan a demandantes y oferentes de estancias cortas en diferentes países, llegó hasta la Conago, que preside el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez.

Le puedo confirmar que la Unión de Secretarios de Desarrollo Turístico (Asetur), que preside el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando
Olivera, pidió que se incorpore en la Ley de Turismo Federal una legislación clara sobre las llamadas economías colaborativas como Airbnb, para que la renta de departamentos y casas paguen impuestos, como lo hacen los hoteles y moteles.

Es un modelo de viaje de gran aceptación global, no va a cambiar y está teniendo éxito; es indispensable conocer cómo se ha aceptado en otros países, pues la mayoría de los gobiernos y sus oferentes de servicios no consideran que sea parejo el piso con la competencia extra hotelera.

De hecho, los gobiernos de la Ciudad de México, que a partir de este martes encabezará por unos meses José Ramón Amieva, y Quintana Roo, de Carlos Joaquín González, firmaron un convenio con Airbnb, representado por Chris Lehane, líder de Global Policy y Public Affairs para esta plataforma global de contacto, para que en cada operación de reserva y pago, se retenga 3% del impuesto de hospedaje y se entere a los estados.

De acuerdo con la información disponible, los viajeros mexicanos que usaron Airbnb, crecieron en 169% y en llegada de viajeros internacionales la expansión fue de 152%. Los anfitriones que los reciben tienen una edad promedio de 41 años, 50% son mujeres, y la edad promedio del huésped, de 35 años, y permanece alrededor de 3.6 noches. El ingreso total registrado por los anfitriones fue de 243.8 millones de dólare; además, de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, los huéspedes de Airbnb gastaron 36 millones de dólares en restaurantes en la CDMX.

Lo que trascendió es que Lehane y Olvera acordaron revisar las condiciones de operación de estas plataformas de contacto, porque Quintana Roo y la CDMX fueron los primeros de América Latina en llegar a acuerdos con Airbnb y ya se han suscrito acuerdos de colaboración con Colima, Yucatán, Baja California Sur, Jalisco, Guerrero y desde el domingo con Sinaloa. Aún el grueso de los estados que son destino turístico está resistente porque no es lo mismo recaudar 3% del impuesto al hospedaje, que el que esta oferta tenga una adecuada regulación en la Ley General de Turismo, ya que los anfitriones no pagan ni IVA ni ISR ni tampoco tienen el uso de suelo para destinar sus casas habitación como vivienda en renta temporal.

El tema será abordado en la reunión anual que se inicia este miércoles en Argentina del World Travel Tourism Council, que dirige la mexicana Gloria Guevara, como parte de las tendencias globales que este organismo, que representa al sector privado mundial, junto con la Organización Mundial de Turismo, que encabeza Zurab Pololikashvili, están discutiendo para definir líneas generales que marquen la regulación global de la oferta no hotelera, que se expande a pasos agigantados en esta era digital. 

DE FONDOS A FONDO

#SinaloaSeSuma… Ayer, Sinaloa, que gobierna Quirino Ordaz Coppel, se sumó a la lista de estados pioneros en adherirse a la política inmobiliaria del gobierno federal, que busca impulsar un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones mediante el Programa de Arrendamiento de Inmuebles (públicos).

Forma parte de los proyectos de Infraestructura Pasiva ordenados por la Reforma de Telecomunicaciones y permite que los operadores arrienden espacios en inmuebles públicos para colocar su infraestructura y ampliar la cobertura de sus redes. Las rentas ofrecidas por el gobierno federal y los gobiernos estatales son hasta cuatro veces más baratas que las ofrecidas en el sector privado, lo que se traducirá en menores precios para los usuarios finales.

Sinaloa, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, México, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán han comprendido la necesidad de contar con una mayor cobertura de servicios de telecom para sus habitantes y lo que esto beneficia a sus estados en términos de productividad y competitividad.

Con los inmuebles aportados por Sinaloa ya son más de 16 mil los que serán ofrecidos a los operadores a través del Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES, desarrollado y operado por el INDAABIN, mediante un trámite 100% en línea.

No hay que olvidar que este programa fue galardonado el mes pasado por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, como el mejor programa del mundo para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

#FinalDe… la llamada Diarrea Legislativa… Increíble la propuesta que se presenta al cierre de esta LXIII Legislatura por el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo García, para reformar el Reglamento de la Cámara baja, a fin de crear un Sistema de Evaluación de Diputados, que sea completamente público y tenga por objeto evaluar el desempeño del trabajo legislativo de todas las y los diputados, también que permita determinar la calidad y contenido de las propuestas que se presentan ante el pleno por los diputados (los que integrarán la LXIV Legislatura serán reelegibles por un segundo periodo), para que tengan la sustentabilidad legal y política que mejore el tránsito de leyes y evite la dictaminación negativa masiva que observamos en estos días.

Puede resultar complicado, pero el sistema deberá difundirse permanentemente en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados y las conclusiones de las evaluaciones serían actualizadas al término de cada periodo de sesiones. ¿Cree que exista sensibilidad legislativa para autorregularse? ¡Si no es hoy, no será nunca!

Si le reelección está a la puerta, ¿por qué no asegurarse de la profesionalización legislativa, con la evaluación del desempeño de los diputados, de manera que no se juzgue su trabajo por asistencia o ausencia, sino por el trabajo que realizan representando a sus ciudadanos o grupos sociales o económicos.

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