¿Cómo mejorar la Contabilidad Gubernamental de México?

El artículo 73, Fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión a:

…expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera…”.

El 31 de diciembre de 2008, el Congreso decretó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que considera el registro contable con base acumulativa y que se especifica en los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental.

La contabilidad gubernamental definida en la LGCG tiene como objetivos, entre otros:

• Facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.
• Adecuarse a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.
• Determinar la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros.

Para alcanzar lo anterior, se requiere de un marco contable específico para el sector público. Esta función conforme a la LGCG, es responsabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual emite normas contables y Lineamientos para la generación de información financiera. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, como área rectora federal en materia de contabilidad gubernamental, está facultada para emitir, difundir y actualizar normas, políticas, lineamientos y metodologías con el propósito de que los entes públicos cumplan con las obligaciones que les correspondan.

El mecanismo para el registro contable de las operaciones es por medio de un sistema de contabilidad que permita lo siguiente:

• Integrar de forma automática el registro presupuestario con el contable, a partir del devengado (acumulativa).
• Reflejar un registro congruente de cada operación que genere derechos y obligaciones derivado de la gestión económica y financiera de cada ente público.
• Permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros.
• Cada ente público es responsable de su contabilidad y de la operación del sistema.

Es importante indicar que el marco contable vigente a 2015, no precisa el reconocimiento de todas las operaciones del gobierno, por lo que se recurre a la supletoriedad  considerando la prelación siguiente:

• La normatividad emitida por las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental.
• Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
• Las Normas de Información Financiera mexicanas.

En términos generales, los estados financieros que los entes públicos publican en sus páginas institucionales cumplen con las disposiciones de la LGCG y demás normativa vigente; sin embargo, existen lineamentos, guías contables o disposiciones que no permiten la expresión razonable de los activos, pasivos y patrimonio. A manera enunciativa, se observa que la contabilidad gubernamental difiere de las mejores prácticas nacionales e internacionales debido a:

• Reconocimiento parcial de las obligaciones laborales (Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 05). La práctica gubernamental reconoce el costo neto del período, siempre que dicho registro no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable.
• Reconocimiento de activos intangibles (Guía contabilizadora 33 “Obligaciones laborales”)  derivado de las obligaciones laborales reconocidas como pasivos, las cuales están pendientes de fondear.
• Estimación de cuentas incobrables (Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 03), la cual no considera como cuenta por cobrar los préstamos al personal o cualquier adeudo generado con el presupuesto del gasto; sin embargo, la información financiera en algunos entes públicos, muestran dichas cuentas con una antigüedad  significativa y procesos de difícil recuperación.

Es necesario  que organismos colegiados nacionales en materia de contabilidad, participen en la preparación y revisión de las normas contables gubernamentales con el fin de coadyuvar en mejorar la calidad de la  información.

Lo anterior en beneficio de la rendición de cuentas y la transparencia de la información a la que todos los mexicanos tenemos derecho. A manera de ejemplo: en el sector privado, la información financiera es útil para la toma de decisiones; si esto se compara con la información financiera gubernamental, cada año, el gobierno federal mexicano toma decisiones para recaudar ingresos y destinar recursos al gasto público. Si los estados financieros cumplen el objetivo de utilidad, serán una herramienta de análisis para la adecuada distribución de los recursos.