¿Realmente el gobierno quiere quitarte la plusvalía de tu casa?
CIUDAD DE MÉXICO. - El artículo 21, inciso C, numeral 9 del proyecto para la Constitución de la Ciudad de México ha generado un gran debate. A la letra el anteproyecto dice:
“Los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos”.
A esto se suma que la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley de Vivienda, cuyo artículo 94 dice:
Que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
Inmediatamente tuiteros, políticos y “líderes de opinión” se lanzaron contra la propuesta, acusandola de socialista e injusta, y alegando que elimina la propiedad privada.
¿Cómo el gobierno me va a quitar el valor que mi propiedad gana con el tiempo? ¡Qué injusticia!, dijeron.
La postura de estos críticos es preocupante porque se lanzan a opinar sin tener un conocimiento profundo del tema. Hablan con un análisis superfluo y sin tener preparación especializada en temas de política pública y economía.
La respuesta más usual a esta crítica sin sentido es que el esquema de captura de plusvalías, llamado “contribuciones por mejoras”, es usado alrededor del mundo con gran éxito.
La idea detrás de este esquema no es que el gobierno cobre al contribuyente toda la plusvalía generada sobre el valor del inmueble, sino sólo una proporción acorde a la inversión pública que generó tal. Pongamos un ejemplo.
Supongamos que en un vecindario hay un edificio abandonado que genera inseguridad; el valor de las viviendas a su alrededor en el mercado será menor por lo mismo. Si el gobierno realiza una inversión para demolerlo, construir un parque y poner seguridad, el valor de las viviendas aumenta. Entonces es socialmente deseable que quienes se beneficiaron paguen una parte de la plusvalía generada por esas acciones para financiar más políticas similares que generen un efecto multiplicativo.
Por supuesto, los críticos tienen una segunda crítico: ¿quién nos asegura que el gobierno usará dichos recursos para lo que dice que se usarán?, ¿cómo van a recuperar esas plusvalías?, ¿con base en qué se calculará la proporción a cobrar?, ¿para qué quiere el gobierno más dinero si no usa bien el que ya tiene?
Parece que su argumento de fondo es que este tipo de políticas no se propongan porque su correcta implementación no está garantizada. Como si fuera más fácil desestimar ideas que asegurarse de principio a fin de crear y cuidar los mecanismos que garanticen su correcto funcionamiento.
La idea no es mala, lo difícil será establecer y vigilar esos mecanismos. Ahí es donde se debe dar el debate.
La discusión del tema debe ser de mayor fondo a lo que una sencilla entrada en un blog permite. Para empezar comparto algunas lecturas recomendadas por Carlos Brown, economista muy activo en temas de urbanismo y transporte:
- La captura de plusvalías y los contratos multianuales en la Constitución de la Ciudad de México
- Cómo São Paulo usa la "captura de valor" para recaudar millones para obras de infraestructura
- Financing transit-oriented development with land values (PDF)
- Implementing Value Capture in Latin America
*livm
El contenido mostrado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista.
