¿Qué tiene que ver la economía con el proceso de paz en Colombia?

Desde sus inicios la economía y la política han estado estrechamente vinculadas. Si bien muchas veces es difícil establecer la dirección de la causalidad entre los fenómenos económicos y los fenómenos políticos, no por ello se tiene que dejar de estudiar dicha relación, ya que ayuda a una mejor comprensión del presente. Como es notorio en el título, este breve artículo aborda la relación entre la economía colombiana y el conflicto armado que vive el país desde hace más de 50 años. En particular, abordaremos la relación entre política y economía en los varios intentos de establecer un proceso de pacificación en el país.

El primer intento serio de lograr la paz se dio durante los primeros acercamientos del expresidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) con el grupo guerrillero FARC, los cuales terminaron fracasando. La llegada de Álvaro Uribe a la presidencia del país en el 2002 implicó un cambio de rumbo sustancial, pues la política gubernamental en sus dos periodos de mandato (2002-2006 y 2006-2010) se enfocó en el combate frontal a los grupos armados. Esto trajo un incremento del gasto militar, el cual pasó de 3% del PIB en 2002 a 3.9% en 2009, según cifras del Banco Mundial. El resultado, el debilitamiento militar del grupo guerrillero, la disminución de su píe de fuerza en 15,595 hombres entre capturados, dados de baja y desmovilizados (cifras del PNUD) y la reducción de territorios ocupados por la guerrilla. Pero no fue el único resultado obtenido, a este se suman las fuertes secuelas sociales, pues los efectos sobre la población civil han sido variados, entre ellos “los falsos positivos”, es decir, las ejecuciones extrajudiciales por miembros del Ejército Nacional de civiles que no pertenecían a la guerrilla.

En el 2010, Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia, y al contrario de su antecesor, su discurso y plan de gobierno gira en torno a un proceso de paz,  gracias al cual logró ser reelecto en el 2015. Ello aun cuando Santos formó parte de la administración de Uribe como ministro de defensa en el periodo de 2006 a 2009.

Desde el 2010, año en que se iniciaron los acercamientos de diálogo entre el gobierno y FARC, la constante en el proceso de paz ha sido el recrudecimiento de las condiciones económicas que enfrenta el país. En principio, la economía en el 2010 estaba en un proceso de recuperación por la crisis financiera del 2008, la cual afectó a la economía colombiana a través de las remesas, el comercio internacional y las corrientes de capitales. Si bien el impacto de la crisis internacional fue atemperado por una mejora en los términos de intercambio del país (que disminuyó el impacto negativo vía las exportaciones), el crecimiento promedio del PIB en el periodo más intenso de la crisis, 2008-2010, fue de 3%, significativamente menor al obtenido en el periodo 2002-2007 que fue de 5 por ciento. En comparación con el resto de las economías latinoamericanas, Colombia continuó con un crecimiento moderado, impulsado por la expansión del sector minero energético.

La economía aceleró su ritmo de crecimiento en el periodo de 2011 a 2014, creciendo a una tasa promedio de 5 por ciento. No obstante, la base del crecimiento ya no la constituía el sector minero energético, pues la caída sostenida en el precio del crudo WTI desde mediados del 2014 ha deteriorado los ingresos por este rubro en el país, aun cuando la producción mensual continúa creciendo. El nuevo motor de crecimiento es el sector de la construcción, en particular lo relacionado con proyectos del sector público como la  construcción de viviendas de interés social, la cimentación de vías de segunda y tercera generación. El sector exhibe un crecimiento promedio cercano al 9 por ciento.

Si bien la economía continua creciendo a un ritmo moderado, este crecimiento ha ido acompañado de inestabilidad en el mercado cambiario, lo cual se ha reflejado en la inflación, que para enero de este año fue de 7.45 por ciento. A esto, la Junta del Banco Central respondió incrementando la de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, situándola en 6.25 por ciento. Del lado de la política fiscal, se ha propuesto una reforma que considera un incremento en el IVA, eliminar el impuesto al patrimonio y se deja de lado la posibilidad de gravar a los dividendos y a la riqueza. Sumado a una importante reducción del gasto público. Esto es, se trata de una reforma fiscal encaminada a incrementar la desigualdad en un país de los más desiguales del mundo. Es en medio de este contexto que dentro de un mes se cumple el plazo establecido para la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.  

Pareciera entonces que la política económica del presidente Santos va dando tumbos e improvisándose sobre la marcha. Por un lado se negocia para establecer la anhelada paz en Colombia mientras que por otro lado se implementan políticas económicas que acrecientan la desigualdad y que pueden llevar a incrementos en la pobreza. Sin contar además que parecen dejarse de lado otros problemas del país, como el que sufren las regiones afectadas por el fenómeno del niño (Guajira). Esto ha brindado cierta legitimidad política a las FARC en su búsqueda de constituirse como partido político legal, del cual aún no conocemos sus intenciones. 

*gl