¿Se están midiendo bien los indicadores de pobreza e ingreso laboral?

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social (2004), se determinó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) “debe emitir un conjunto de lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, en los cuales habrá de considerar, al menos, los ocho indicadores siguientes: Ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.”

Bajo esta normatividad es que en nuestro país, a partir del 2008, se empezó a medir la pobreza bajo un nuevo enfoque: la pobreza multidimensional. Asimismo, Coneval para cumplir estos lineamientos, creo el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), con el cual busca “conocer cada trimestre la tendencia del poder adquisitivo del ingreso laboral a nivel nacional y para cada una de las 32 entidades federativas. La fuente de información es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que genera el INEGI”. Si bien este índice no constituye una medición completa de la pobreza, ya que no abarca todas las fuentes de ingreso, es una herramienta importante para medir la tendencia de la pobreza en el corto plazo. Por ello, es importante que este indicador refleje correctamente la situación de pobreza e ingreso laboral en el país.

Como ya se mencionó, Coneval utiliza la ENOE como fuente de información -en lugar de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) que es la que incluye todos los ingresos-. En esta encuesta la pregunta base para calcular el monto de ingreso a nivel hogar es preguntando el ingreso del mes pasado de los encuestados. Sin embargo, hay una tendencia que ha empezado a preocupar dado que puede alterar los resultados de la encuesta: la proporción de individuos con remuneraciones que no quieren responder a la pregunta ha ido en aumento.

Al estimar el ITLP, los ingresos no reportados se incluyen dentro de los datos pero no como un valor no reportado sino como un cero. Para que el índice sea representativo a nivel nacional y comparable a través del tiempo, se necesita que los individuos que deciden no reportar ingresos sean una muestra aleatoria de los trabajadores y que la composición de ese tipo de personas se mantenga constante en el tiempo. Campos-Vázquez (2014) y  Rodríguez-Oreggia et al. (2012) encuentran que las tendencias de no reporte no son aleatorias.

De acuerdo a los autores el porcentaje de individuos que no reportan su ingreso, a pesar de recibir remuneraciones salariales, pasó de 13% en 2005 al 23% para el último trimestre de 2013. Una de las posibles explicaciones que mencionan es el incremento de la violencia en México. Encontraron que los individuos con educación profesional que no reportan su ingreso han incrementado de forma importante.

Ante esta situación los autores proponen utilizar un método de imputación de ingresos que permita reducir el sesgo ocasionado por los ingresos no reportados. Este tipo de herramienta se utiliza en encuesta de ingreso en otros países, sobre todo en Estados Unidos. El método de imputación consiste a grandes rasgos en reemplazar datos faltantes con valores observados de forma aleatoria dentro de un mismo grupo. De esta forma se garantiza que los individuos con ingresos inválidos e ingresos válidos sean lo más homogéneos posibles.

Los resultados de los últimos cálculos de Campos-Vazquez muestran que la sobrestimación de la pobreza laboral es significativa. El ITLP mostró un aumento de 13% en el periodo 2010-2013, lo que representa un aumento en 9.5 millones de personas que son incapaces de comprar la canasta alimentaria con su salario. Sin embargo, al imputar ingresos el ITLP aumentó solo el 4%, lo que implica un aumento en la pobreza laboral de 3.7 millones de personas. Es decir, los datos oficiales sobrestiman el aumento en ese periodo en 5.8 millones de personas.

Esta sobrestimación no es trivial y tiene fuertes implicaciones en términos de políticas públicas. Ello pues genera problemas al momento de identificar los determinantes de la pobreza laboral, mermando entonces la capacidad que tiene el gobierno para diseñar las políticas públicas más adecuadas para atender el problema. En ese sentido, la propuesta de los autores de imputar los valores es una forma relativamente sencilla y bien sustentada para dar solución al problema de las cifras no reportadas. 

*gl