Gasto en movilidad urbana, ¿a quién beneficia?

Las reacciones al nuevo reglamento de tránsito de la Zona Metropolitana del Valle de México fue un contundente recordatorio de una realidad diaria: estamos demasiado acostumbrados al privilegio del automóvil en nuestras calles. No es sorpresa que buena parte de este cochecentrismo esté dictado por las políticas gubernamentales a favor de la circulación “veloz” del automóvil y en detrimento de peatones y ciclistas.

De acuerdo con el Diagnóstico de inversiones en movilidad en las zonas metropolitanas de México 2014 elaborado por ITDP México; en nuestro país se asignaron 31,719 millones de pesos durante el año 2014, específicamente a proyectos con incidencia en movilidad urbana de las zonas metropolitanas. Sin embargo, se estima 83 de cada 100 pesos (provenientes de dicha suma) fueron destinados a obras de ampliación de la infraestructura vial en beneficio de quienes tienen un automóvi; mientras que en la movilidad no autorizada, tal como ciclistas y peatones, únicamente se destinó el 1% de la suma total en movolidad urbana. 

Además, el monto de recursos federales invertidos para ampliar y mantener la infraestructura vial en las zonas metropolitanas aumentó del 73 al 83%, específicamente entre los años 2013 y 2014 a nivel nacional. 

Mientras que las inversiones destinadas a mejorar el transporte público y espacio público, específicamente por parte de la federación, disminuyeron enntre 3 y 4%, respectivamente. Esto a pesar de que el parque vehícular sigue creciendo a pasos agigantados. Afortunadamente, la respuesta del gobierno federal ha sido adapatar las vialidades y no frenarlo con estrategias integrales de movilidad urbana sustentable. 

Para muchos existe la idea de que la minoría de mexicanos posee uno o más autos, sin embrago, los datos muestran todo lo contrario. Dado que las cifras de los viajes realizados en las principales ciudades muestran: un 40% del parque vehícular privado se concentra en tres ciudades: el Valle de México, Monterrey y Guadalajara; mientras que los viajes realizados en transporte privado se realizan en 29, 42 y 40 por ciento, respectivamente; así lo muestran los datos del Inegi y de la ONU. 

Por ello, la actual inversión federal en infraestructura de movilidad urbana es injusta, regresiva y basada en privilegios a unos cuantos.

No es necesario utilizar al rey de la movilidad urbana sustentable, Dinamarca, para compararnos, como ya se ha hecho costumbre en los debates a la presidencia en Estados Unidos o España. Al parecer, nuestro vecino del norte comienza a mostrar que ya entendió la importancia de la movilidad urbana sustentable y la necesidad de inversiones suficientes para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas: apenas en diciembre pasado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley FAST –“Arreglando la transportación superficial de América”, por sus siglas en inglés– que destina en total más de 4,000 millones de dólares en  los próximos cinco años a proyectos de infraestructura ciclista y peatonal. Esto incluye bicicarriles, banquetas, proyectos de seguridad vial, entre otros proyectos que además realizan revisiones ambientales a los proyectos actuales y futuros.

La Ciudad de México, como ha ocurrido en temas de avances de derechos y libertades durante la última década, ha tomado un paso interesante desde el andamiaje legal en este sentido, además del nuevo Reglamento de Tránsito: a finales del año pasado se aprobó en la Asamblea Legislativa del DF un fondo de movilidad para ciclistas y peatones en la Ciudad de México, pendiente de recibir fondos –y conocer su monto– y sus reglas de operación. Y aunque son válidas las acusaciones de que las autoridades de la ciudad han abusado de las intenciones de este Reglamento para aumentar la recaudación, yo pregunto: ¿qué medida gubernamental que implique multas y sanciones no tiene, además de una función educadora, una intención recaudatoria después? ¿Con qué creemos los y las chilangas que se pagan los servicios públicos como el alumbrado, los semáforos o el mantenimiento de los espacios públicos?

Creo que la verdadera batalla política está en transparentar el destino de los fondos recaudados con las multas y recargos del nuevo reglamento de tránsito y cabildear para que estos fondos se destinen en su mayoría a proyectos de movilidad urbana sustentable; y, en particular, para proyectos de transporte público masivo para una ciudad que tanto los necesita.

Por: Carlos Brown Solà

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