La oportunidad que el GDF no ha visto en Uber

Espacio Urbano -
En Boston la empresa aceptó compartir sus datos de viajes con el gobierno de la ciudad. Foto: Reuters
En Boston la empresa aceptó compartir sus datos de viajes con el gobierno de la ciudad. Foto: Reuters

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los meses que ha durado la discusión sobre la posición de Uber como alternativa de movilidad en la Ciudad de México, me he mantenido al margen debido a que la cantidad de opiniones sobre el tema ha rebasado la cantidad de información que uno puede consumir, y creo que mis aportaciones en el tema serían bastante marginales (si usted ha vivido en una cueva y no conoce esta controversia, o si no cuenta con mucha información sobre el tema, recomiendo estos textos de Salvador Medina y Carlos Martínez Velázquez con Manuel Molano para visiones contrarias del tema).

Sin embargo, creo que la posible propuesta de regulación a Uber que ha circulado en fechas recientes, con información de la agencia de noticias Reuters, da cuenta de la enorme oportunidad que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no está viendo o prefiere no ver. De acuerdo a la propuesta del GDF, Uber tendrá que pagar una licencia por cada vehículo en su plataforma de 1,599 pesos anuales –cerca de US$100– y dar 1.5 % de sus ingresos domésticos a un nuevo fondo destinado al transporte público.

Dicha nueva bolsa, por cierto, podría verse beneficiada con un porcentaje de los ingresos por pago de tenencia del automóvil, pero la actual administración local decidió otorgar un subsidio completo a la posesión de autos desde su inicio; dejando ir una buena fuente de ingresos y un incentivo contra el uso de los automóviles, en una ciudad de por sí saturada por los congestionamientos viales.

Pero más allá del uso de los recursos en dicha bolsa para el transporte público, cuyas aplicaciones será interesante monitorear en el futuro, esta posible propuesta del GDF –que muy probablemente será rechazada por distintos grupos de presión por su tibieza– no considera un punto clave que otras ciudades han incluido en sus propuestas de regulación: el uso de los datos personales y de tránsito en la ciudad.

En primer lugar, está la seguridad de los datos personales de los usuarios de Uber, que incluye datos bancarios, ubicación del hogar, comportamiento de sus viajes y los datos entregados durante el registro. La sensibilidad en el uso de dicha información debería encender varias alarmas en nuestros gobiernos, a fin de establecer los límites en su uso más allá de lo que autoriza la legislación actual.

Respecto al uso de datos de tránsito de las ciudades, el GDF podría voltear a ver lo que ocurre en otras ciudades donde tiene presencia Uber para mejorar los términos de la negociación. En Boston la empresa aceptó compartir sus datos de viajes con el gobierno de la ciudad a fin de “brindar nuevas perspectivas para ayudar a controlar el crecimiento urbano, aliviar las congestiones vehiculares, expandir el transporte público y reducir emisiones de gases de efecto invernadero”, de acuerdo con un comunicado de Uber en su blog. Para ello, entregarán datos anónimos a nivel de viajes por código postal a los gobiernos locales con información relativa a distancia, tiempos, información sobre accidentes viales y zonas de subida y bajada de pasajeros.

Éste no es el único caso. En Australia, por ejemplo, Uber negocia la posibilidad de mantenerse sin regulación a cambio de dar acceso completo a los gobiernos locales a la base de datos sobre tránsito y transportación. Dado que no cuentan con licencia ni regulación, las multas a los choferes de Uber que levantan pasajeros ascienden a AU$1,700 –casi MX$20,000–, lo que es poco a comparación de los ingresos de la compañía en cada una de las ciudades donde opera; sin embargo, con un acuerdo similar al de Boston, habría una situación 'ganar-ganar' que ayudaría a mejorar el desarrollo de políticas públicas locales y, a la vez, daría estabilidad a la empresa para su operación.

En Nueva York se levanta una controversia sobre este tema: Uber se ha rehusado a compartir sus datos de transporte con la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad. El gobierno local tiene un buen motivo para pedir información demográfica y geográfica sobre los usuarios de Uber además de las mejoras en las otras opciones de movilidad urbana, ya que las versiones anónimas de estos datos podrían ayudar a las ciudades a verificar que los conductores de Uber no discriminen ciertos barrios o a ciertos pasajeros con discapacidad y que la empresa esté verdaderamente sirviendo al público a cambio de la confianza en su servicio. Asimismo, contar con la información sobre los pagos revelaría cuánto dinero del total destinado al mercado del transporte se está yendo a una sola empresa.

La Secretaría de Movilidad del DF debería considerar el acceso a estos datos como una verdadera oportunidad, tomando lo mejor de la innovación tecnológica en beneficio de un mejor desarrollo de políticas públicas locales en materia de movilidad urbana. Si la propuesta de regulación se mantiene tan tibia como ahora, la presión de los grupos opositores y el poder de la empresa podrían salirse del control gubernamental en breve.

*DR

Aclaración:
El contenido mostrado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista.
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