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Buscar que una pensión alcance un nivel equivalente a 100% del último salario del jubilado es muy caro fiscalmente, de acuerdo con Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Citibanamex.
“El costo fiscal adicional podrían representar 430 mil millones de pesos en 2025, 1.3% del PIB, y aumentarían rápidamente hacia 2.0% del PIB en menos de diez años”.
De acuerdo con el experto, esta propuesta no tiene sentido, si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se quiere ayudar.
“Pretender una tasa de reemplazo de 100% es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes”.
Recordó que las tasas promedio de reemplazo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es 60% y la conclusión de que las necesidades fiscales de los adultos mayores son menores a las de otros grupos de edad, vuelven poco persuasiva esa búsqueda del 100%, especialmente dada la escasez de recursos fiscales, y menos aun cuando se pretende el 100% de “los últimos salarios ganados antes del retiro”.
“En particular, contribuir a subir los salarios de quienes más ganan no parece la política progresista que sí se implementó con la pensión mínima garantizada”.
Dijo que debe reconocerse que el gran problema de los sistemas de pensiones en México es la magnitud del sector informal, que da al traste con los años de cotización que una persona realiza durante su vida laboral: el trabajador típico sólo cotiza la mitad de los años que trabaja.
Consideró que se requiere de una visión más equilibrada de las modalidades del gasto social, y de un enfoque para enfrentar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad.
“La pensión mínima garantizada y la universal han servido para enfrentar las bajas tasas de reemplazo de la reforma de 1997”.
Destacó que la ayuda y costo fiscal requeridos para que las tasas de reemplazo de los trabajadores de baja densidad de cotización y/o de salarios mayores a 16 mil pesos mensuales lleguen a 100%, implicarían sacrificar usos alternativos de ese dinero.
Indicó que debe considerarse que aumentar la pensión universal y subir las tasas de reemplazo de personas con pocos años de cotización desincentiva la formalización; sobre el equilibrio en la atención pública a diferentes grupos de edad, apuntó que el gobierno actual ha perdido de vista las necesidades de la niñez y se ha centrado demasiado en las de la tercera edad.
Sobre los criterios de progresividad refirió que la pensión universal incluye a personas ricas y pobres; entregar gasto social en efectivo elude el compromiso de ofrecer servicios básicos a la población de mayores necesidades.
El director de Estudios Económicos de Citibanamex recordó que 90% de los jubilados hoy está bajo la Ley 1973 y no requieren ayuda adicional.
“Cuando cotizan 40 años, o incluso la mitad de ese tiempo o menos, alcanzan tasas de reemplazo muy elevadas”.
Apuntó que sólo los trabajadores con salarios elevados requerirían ayuda adicional para alcanzar 100% de tasa de reemplazo.
Dijo que al 10% de los jubilados del régimen 1997, de muy bajas tasas de jubilación, sobre todo los de salario medio para arriba, se le podría incrementar la pensión directamente, con 110 mil millones de pesos en 2025 (0.3% del PIB), lo que sería creciente con el paso de los años, pues superaría el 1% del PIB en 2035.
Recordó que casi todos hoy y durante los siguientes decenios harán uso de su pensión mínima, lo cual, aunado a la pensión universal, si ganan menos del salario promedio, los ubica cerca de una tasa de remplazo de 100%.
“Pero no ocurre así con los de salario medio o superiores al medio. Estos requerirían apoyos para doblar su tasa de reemplazo y llegar a 100%”.
Sin embargo, destacó de que de la población de asegurados del IMSS, cerca de 30% ganan el salario promedio o más, para llegar a 100% esa población requeriría del equivalente a una tasa de reemplazo adicional de alrededor de 50 puntos porcentuales. Ello es 110 mil millones de pesos anuales adicionales en 2025, 0.3% del PIB ese año.
“A diferencia del apoyo fiscal a las cotizaciones, que en los siguientes años mencionamos que subiría moderadamente, este es más explosivo”.
Advirtió que los jubilados por Ley 1997 pasarán, de los 650 mil actuales, al doble en 2031 y al triple en 2035, llevando el costo fiscal un poco más rápidamente hacia 1% del PIB antes de esa fecha.
