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La implementación del Compliance gubernamental (cumplimiento normativo) en las cerca de 4.1 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hay en México, aportarían mucho a la economía nacional, debido a que adecuar la normatividad de estas empresas traería una mejor productividad, reconoció el abogado Jorge Martínez Ocampo.
Jorge Martínez Ocampo, promotor del Compliance gubernamental, aseguró que las Pymes, son la columna vertebral de la economía de todos los países, sobre todo de México, pues generan 78% del empleo total del país, aportan 42% al Producto Interno Bruto y representan 99.8% de las unidades económicas del país, las cuales suman 4.1 millones de empresas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El socio del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC, destacó que a pesar de la importancia que tienen estas empresas, muchas veces no tienen una adecuada preparación, lo que les impide crecer. “Por ejemplo, el tema del Compliance, el cumplimiento normativo que hace referencia a las normas internas y externas, no es visto como un activo crítico en el desarrollo de los negocios”, estableció.
Destacó que las Pymes han sido siempre el sector más relegado en temas de Compliance, ya que las pequeñas y medianas empresas, dominadas por los desafíos de la coyuntura empresarial, tienden a ver el Compliance como un costo y no como una inversión.
Martínez Ocampo, estableció que las políticas de Compliance, tienen su origen en las empresas multinacionales, pero hoy son una forma de operar para las más pequeñas que deseen obtener financiamiento para ser proveedoras de grandes compañías. "Un programa de Compliance adecuado y correctamente implementado permitirá reducir riesgos de corrupción y fraude, lo cual implica un importante ahorro en pérdidas y daños reputacionales", resaltó el también experto en derecho penal.
Para definir acciones, agregó Jorge Martínez, el primer escalón que debe subir una Pyme para desarrollar una política de Compliance es el de cumplir la ley. “En este sentido, la legislación vigente establece que se debe contar por lo menos con un código de ética o conducta, reglas de contratación con el gobierno para prevenir ilícitos y capacitaciones”.
El abogado explicó que muchas veces, las empresas se apresuran a implementar programas de integridad solo cuando las condiciones de las licitaciones o concursos lo exigen. “Esto no debe de ser así, si la empresa lo toma como un casillero a completar y no se toma el tiempo de llevar adelante el proceso a conciencia y en profundidad, el programa de Compliance difícilmente funcionará", concluyó Jorge Martínez Ocampo.
Jbf
